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“Hay jueces y fiscales que siguen la consigna de los de arriba para prosperar”

Miguel Ángel Torres, magistrado instructor del 'caso Malaya', afirma: "La sociedad española es bastante más permisiva con la corrupción de lo que parece"

Ejerce como juez desde los 29 años; a los 32 dirigió la operación Ballena Blanca contra la mayor red de blanqueo de capitales conocida hasta ese momento. Dos años después instruyó el caso Malaya, la más extensa trama de corrupción política y empresarial de España descubierta en Marbella; ordenó decenas de detenciones e imputó a 86 personas. Tras 22 meses de macrojuicio, hubo 52 condenados: dos ex alcaldes, 15 ex concejales, 18 empresarios y cinco abogados, entre otros. Miguel Ángel Torres Segura (Granada, 1971) llegó a denunciar a otro juez, Francisco de Urquía, vecino de despacho en Marbella, por sus vínculos con los corruptos. Esta entrevista trata sobre las medidas de regeneración democrática que necesita España, sin abordar lo ocurrido en el caso Malaya dado que se trata de un proceso judicial aún pendiente de decenas de recursos en el Tribunal Supremo.

Pregunta. ¿España es un país corrupto?

Respuesta. No. Creo que España no es un país corrupto y que los funcionarios no son para nada corruptos. Es prácticamente imposible que un funcionario pida dinero en España a un particular, o que un policía o un guardia civil pidan dinero. Eso sí que entiendo que es la corrupción que existe en otros países, por ejemplo del tercer mundo, pero eso es impensable en España. Lo que sí creo es que hay una corrupción política institucional, de arriba hasta abajo, tenemos una corrupción en el sistema, no de los funcionarios. Y segundo, la sociedad española es bastante más permisiva con la corrupción de lo que parece. Convivimos con ella, nos hemos acostumbrado, y aunque la pongamos en las encuestas como uno de los principales problemas, somos bastante tolerantes con la corrupción del que está más próximo y nada tolerantes con la del adversario político.

Cambiar jueces o fiscales no va a mejorar la instrucción

P. ¿Ha recibido presiones para no instruir o instruir de una determinada manera las causas de corrupción que ha llevado?

R. No. Nadie te llama directamente para decirte lo que tienes que hacer o amenazarte. En España estaremos luchando contra la corrupción y la lacra que supone cuando llegue a pasar como en Italia: que un juez o un fiscal sean asesinados o perseguidos. Eso es impensable aquí, que por investigar un caso pueda peligrar tu vida o la de tu familia. En España pasan otro tipo de presiones. Por ejemplo, cuando estás investigando un caso de corrupción sabes que, según el sentido de tus actos, si no llegas muy lejos pues tu carrera puede prosperar. Si haces determinadas cosas que favorecen a determinado grupo político, o si haces determinadas cosas que no perjudican a nadie, pues puedes llegar a una plaza superior, o llegar a ser miembro de un órgano del Estado o prosperar en la carrera. Si te portas bien de alguna manera de cara a los que mandan pues no vas a tener ningún problema y si haces todo lo contrario, si te metes en lo que no tienes que meterte, tendrás problemas, puedes tener expedientes... Una forma de corrupción es también intentar defender los intereses de los poderosos para poder beneficiarte tú mismo o no hacer lo que tienes que hacer para no tener problemas cuando precisamente te están pagan para afrontar esos temas difíciles.

P. ¿Y esto ocurre en España?

R. Sí. Por ejemplo, hay jueces y fiscales que siguen las consignas de los de arriba para prosperar o bien que no se atreven a hacer determinadas cosas para no tener problemas. Eso es así, y es humano. Y eso también es una forma de corrupción, no solo cobrar dinero.

Habría que castigar con cárcel muchas conductas prevaricadoras

P. Para combatir la corrupción hay quien piensa que bastaría con transparencia y una conciencia pública despierta y exigente contra esos comportamientos indebidos. ¿Existen ambas cosas en España?

R. Creo que no. En España creo que la sociedad en general tiene una falta de ética hacia la corrupción y existe una falta de transparencia en las administraciones públicas. Habría que concienciar a la sociedad de que determinadas conductas son malas, no solamente las de los políticos sino las conductas habituales de los ciudadanos como, por ejemplo, con el pago de los impuestos.

P. De los delitos que van ligados a la corrupción, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, el fraude, el blanqueo. ¿Cuál es el más difícil de perseguir?

Lo que hay tras muchos casos de corrupción es financiación ilegal de los partidos

R. Todos son difíciles. El fraude fiscal debe ser el más fácil de perseguir porque hay mecanismos a través de la Agencia Tributaria que ofrecen mayor posibilidad de investigación. Todos esos delitos requieren una serie de conocimientos administrativos y en el fondo son siempre opinables, no son clarísimos como un asesinato o un robo. Los tribunales siempre llegamos tarde y conocemos sólo una serie de datos, se nos ocultan otros, tenemos grandes dificultades.

P. La prevaricación está bien regulada...

R. Por lo pronto no se castiga con pena de prisión sino con una pena de inhabilitación: la persona que comete una prevaricación deja de participar en la administración. Si eres un político, no te supone un gran problema. Simplemente deja de ser político durante un tiempo y ya se encargará el partido al que pertenece ese político de garantizarle que seguirá viviendo bien. Algunas conductas prevaricadoras habría que castigarlas con penas de cárcel.

P. El fiscal general del Estado sostiene que la atribución de la instrucción a los fiscales permitirá romper con un modelo viciado que retrasa los procesos…

R. La instrucción penal tiene una serie de vicios y problemas en España. Hay un modelo perverso y es que el juez de instrucción a la vez garantiza los derechos del investigado pero tiene el deber de avanzar en la investigación. Somos una especie de doctor Jekyll y mister Hyde. Pero por el hecho de cambiar jueces por fiscales no se va a mejorar la instrucción. Con otro problema, los jueces somos independientes, y los fiscales, en principio con el modelo que se plantea, no lo son. Seguirían dependiendo de su superior jerárquico, con lo que serían más permeables a las presiones e instrucciones. Si se le dan medios, y una cierta autonomía e independencia de sus superiores para investigar, el modelo me puede parecer positivo. Pero si cambiamos jueces independientes por fiscales sujetos al principio de unidad y dependencia jerárquica y los mantenemos con los mismos medios, habremos pervertido el sistema porque investigara alguien que en definitiva depende de la autoridad política.

P. 38 años de democracia después, aún no está tipificado en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos…

R. En muchísimos casos de corrupción, lo que hay detrás es simplemente financiación ilegal de los partidos políticos y de sus responsables. Pero eso ha sido un tema vetado en España. Un político se corrompía, ganaba dinero y nadie se enteraba de nada. Cuando eso ha pasado en tantas ocasiones, pues ahora nos damos cuenta de que lo que había detrás era financiación de los partidos, de sindicatos, de organizaciones empresariales y de los amigos de unos y de otros. Y sin embargo, no se investiga la financiación ilegal, está tipificado como delito electoral con unas penas mínimas. Sería necesario introducir este delito, aunque volvemos a lo mismo, si introducimos delitos nuevos con penas elevadas pero no ponemos los medios para perseguirlo pues tampoco tiene mucho sentido. Sería conveniente mejorar el control que existe sobre los partidos. Lo que no puede ser es que el Tribunal de Cuentas tarde años en poder acceder a los mismos, o que a los partidos se les perdonen créditos bancarios sin problemas.

P. ¿Hay demasiados aforados en España? ¿Es necesario eliminar esa figura para combatir mejor la corrupción?

R. Más de la mitad de aforados en España son jueces y fiscales. Pero tiene un sentido; no me parece lógico que el compañero de al lado tenga que investigarte o juzgarte, creo que debe haber una cierta distancia. La finalidad de la norma tiene una cierta razonabilidad. Los aforados políticos tienen una desventaja, y es que en algunos casos pierden la posibilidad de recurrir a una segunda instancia judicial, pero también tienen ciertos beneficios. Mientras estás aforado no te pueden investigar, y si no te han investigado difícilmente van a poder presentar elementos suficientes como para que un tribunal superior pueda investigar. Yo delimitaría mucho más los aforamientos. Entiendo que pueda estar aforado el Gobierno de una comunidad pero no todo el parlamento.