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El PSOE defiende una renta para los que no tienen nada

Los socialistas aseguran que 768.000 parados no tienen ninguna cobertura para vivir Piden un subsidio mensual de 426 euros para aquellos que hayan agotado las ayudas

Anabel Díez
María Luisa Carcedo, a la izquierda, y Mariluz Rodríguez, del PSOE.
María Luisa Carcedo, a la izquierda, y Mariluz Rodríguez, del PSOE.Emilio Naranjo (EFE)

España necesita una “transición económica” para encauzar un nuevo modelo productivo aunque el camino hay que hacerlo con “justicia”. Esta es la tesis que defiende la nueva dirección del PSOE que ha querido marcar su primera huella con una iniciativa parlamentaria de corte social. Esta ha sido la instrucción del secretario general, Pedro Sánchez a su equipo. Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que “se extiende el subsidio de desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción”.

Así figura en esta iniciativa que tendría seis meses de duración para cada beneficiario, aunque prorrogables y la cuantía de la prestación sería de 426 euros, a los que añadir cien euros por cada hijo dependiente de la familia. Según la Encuesta de Población Activa, EPA, hay 3.842.438 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección y más de 740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de cualquier ingreso.

El subsidio tendría su fin cuando el paro en España baje al 15%

Iniciativas de esta índole, con la misma cuantía, las implantó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tuvo su continuidad en el actual gobierno aunque conceptualmente son diferentes. La anterior se vinculaba a las políticas activas de empleo, y se traducían en ayudas para la formación. Además, el coste lo asumían las comunidades autónomas, si es que podían. Ahora se trataría de un derecho inalienable y una inversión asumida por el Estado, como explicaron ayer la responsable de Empleo del PSOE, Mariluz Rodriguez y la titular de Políticas Sociales, María Luisa Carcedo.

¿De dónde se puede sacar el dinero para llevar a efecto esta iniciativa que los socialistas calculan para un millón de personas? La respuesta de Rodríguez y Carcedo remiten “al ahorro” que el Gobierno quiere hacer con las prestaciones de desempleo y que no es tolerable con la “situación dramática” de muchos españoles. Actualmente solo el 57 % de los desempleados cobran el subsidio en tanto que hay presupuesto para una cobertura mayor. “El año terminará con un ahorro de 5.600 millones de euros y le pedimos al gobierno que no ahorre en protección y no devuelva ese dinero a las arcas del Estado sino que lo emplee en este subsidio”, pidió Mari Luz Rodríguez, que fue secretario de Estado de Empleo en la última etapa del gobierno socialista.

Ambas dirigentes inscriben en buena medida esta iniciativa en la tragedia que vive España con muchos niños que no están suficientemente alimentados. Esta situación casi siempre se deriva de la pérdida del trabajo de sus padres y la ausencia total de ayudas. "Esto es insoportable en cualquier país decente", lamenta Carcedo. Esta medida sería coyuntural y se fija el fin de la percepción a que el paro baje hasta el 15 %; ahora supera el 25 %.

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Los colectivos más vulnerables que tiene localizado el PSOE son los que recibirían esta prestación. Primero, las familias, después las mujeres sin recursos y víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad sin medios para ganarse la vida y los mayores de 45 años en paro sin recursos.

Esta iniciativa será debatida en el Congreso en septiembre, nada más reanudarse el periodo de sesiones y es la primera huella que ha querido dejar Pedro Sánchez. No será una novedad para el Gobierno por cuanto que Sánchez le comunicó al presidente del Gobierno, en su entrevista del pasado 28 de julio, que iba a presentar esta propuesta con la petición de que la hiciera suya y la pusiera en marcha.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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