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Matas no recurrirá su ingreso en prisión

Su abogada afirma que no hará más intentos para evitarlo y no pedirá días de prórroga

Jaume Matas, durante la lectura de su condena.
Jaume Matas, durante la lectura de su condena.tolo ramón

El expresidente de Baleares Jaume Matas asume como inevitable su ingreso en la cárcel. Según la letrada del expolítico, Pilar Gómez Pavón, el exlíder del PP balear tiene noticia "muy cierta" y concreta de las consecuencias de la orden de prisión de la Audiencia de Palma y no intentará dilatar su encarcelamiento, después de varios intentos frustrados para evitarlo.

Matas tiene una condena firme de nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias durante la legislatura de 2003 a 2007 incluido en el caso Palma Arena. Pidió el indulto al Gobierno, pero le fue denegado el pasado 11 de julio y la Audiencia de Palma ordenó que cumpliera la pena, cuya ejecución había quedado suspendida por su solicitud de gracia. Antes había reclamado también sin éxito ante la Audiencia cambiar la cárcel por el pago de una multa de 10.000 euros y, asimismo, tramitó de manera alternativa una petición de indulto parcial para efectuar trabajos en beneficio de la comunidad. También recurrió al Tribunal Constitucional.

Jaume Matas no pedirá la ampliación del plazo de cinco días que le otorga la Audiencia para ingresar en el centro penitenciario desde el momento en que firme la notificación judicial. El pasado viernes la Audiencia balear dictó la orden de reclusión y el lunes se envió por correo ordinario.

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Jaume Matas vive en Madrid y no tiene pasaporte desde 2010, cuando fue imputado por este escándalo y fue obligado a abandonar su residencia y trabajo de bróker hotelero e inmobiliario en Estados Unidos.

Fue operado hace un mes por una dolencia crónica en los oídos, pero su letrada explica que Matas no desea alegar razones médicas para demorar su encarcelamiento y asegura que no ha decidido la prisión que elegirá.

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La abogada reconoce que la situación en que se encuentra el exministro responde a la actitud del Gobierno ante las condenas por corrupción. La defensora apunta que algunos sectores de la judicatura obligan a cumplir cárcel aun sin arrastrar penas de dos años, ni tener antecedentes penales o cargas de responsabilidad no satisfechas.

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