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Un nuevo manifiesto reclama una reforma federal

La propuesta, contraria a la de ayer, reclama un pacto para cambiar la Constitución

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Presentación del manifiesto 'Una España Federal en una Europa Federal'.

Guerra de manifiestos en un momento crítico previo a la reunión de Mariano Rajoy con Artur Mas. Si ayer un grupo de intelectuales, periodistas, políticos y expolíticos entre los que está Mario Vargas Llosa reclamaba a los partidos y en especial al Gobierno que planten cara al nacionalismo y no negocien nada de forma opaca, hoy se presenta otro manifiesto con un mensaje casi opuesto. Ha sido una coincidencia, explican los organizadores, estos manifiestos se llevan fraguando mucho tiempo y nadie pensó que coincidirían. "No sabíamos que se estaba fraguando el otro manifiesto que además habla de cosas muy diferentes. En cualquier caso no lo compartimos", ha señalado Nicolás Sartorius, que ha ejercido como portavoz. Pero lo cierto es que esta entrada en acción de la sociedad civil se produce a la vez y justo antes de la reunión de Rajoy y Mas que muy probablemente se celebrará la próxima semana, o en cualquier caso antes de agosto.

El nuevo texto presentado hoy y respaldado por intelectuales, escritores, sociólogos y catedráticos como Ángel Gabilondo, Fernando Vallespín, Carlos Berzosa, Belén Barreiro, José Manuel Caballero Bonald, José Luis Cuerda, Almudena Grandes, Luis García Montero, Manuel Gutiérrez Aragón, Amalia Iglesias, Juan Laborda, Emilio Ontiveros, y periodistas como Joaquín Estefanía, José Antonio Zarzalejos, Ignacio Escolar, Jesús Maraña o Fernando González Urbaneja reclama casi lo contrario que el otro. Esto es, una negociación para llegar a una reforma constitucional de corte federal que resuelva el problema político creado en Cataluña con el auge del independentismo.

Los firmantes, bajo el título Una España federal en una Europa federal proponen una reforma federal que garantice cuatro cosas: "el reconocimiento de las identidades diversas que componen nuestro país". "El establecimiento de una cámara territorial con atribuciones legislativas exclusivas en sus competencias". "Una distribución clara de competencias entre la Administración general y las comunidades". "Una financiación justa y equilibrada, basada en los principios de igualdad de derechos, de solidaridad entre los territorios y de ordinalidad, en el sentido de que ninguna comunidad se empobrezca por causa de la referida solidaridad".

Este último punto es el más novedoso. La idea de la ordinalidad —un sistema que evite que el sistema de financiación altere el orden de las autonomías por importancia de su PIB— ha sido defendida incluso por el PP catalán pero todos los demás barones del PP se echaron encima de Alicia Sánchez Camacho cuando la planteó.

"Queremos hacer un gran debate en el que la ciudadanía se implique. Este no es un problema vasco o catalán, es un problema de España. Tenemos que hablar para que los políticos espabilen, lo que es insensato es que estemos bloqueados", ha sentenciado Sartorius en la presentación en el Círculo de Bellas Artes.

Si el texto de ayer criticaba el "tacticismo" de Rajoy, aún sin citarlo, el que se ha presentado hoy también le reprocha sin citarlo directamente su inmovilismo. "En Euskadi y Cataluña crece un movimiento independentista que pone en grave riesgo la unidad del Estado con consecuencias que entendemos serían nefastas para todos. Ocultar estas realidades, minimizar sus posibles efectos o adoptar actitudes inmovilistas sería una gran ceguera imperdonable que no podemos ni debemos permitirnos", señala. Y al final remata la idea: "Pensar que los problemas se arreglarán por sí solos o plantear una ruptura entre ciudadanos que llevamos tantos años conviviendo en la misma comunidad política solo conduciría a un estéril enfrentamiento. Seamos sensatos, a la vez que audaces, y abordemos las reformas constitucionales necesarias con el más amplio consenso, como hemos hecho en momentos decisivos de nuestra historia".

La propuesta de una reforma federal de la Constitución se ha convertido en la apuesta clave del PSOE en este momento, aunque en el manifiesto hay personas alejadas de los postulados socialistas. El PP señala oficialmente que no ve consenso suficiente para hacer esa reforma en este momento porque cree que los nacionalistas no se sumarían.

La ordinalidad: recibir lo mismo que se aporta

Lluís Pellicer

El Gobierno catalán difundió ayer los resultados de las liquidaciones presupuestarias de 2012. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que Cataluña es la tercera comunidad que más recursos tributarios aporta al sistema de financiación autonómica, solo por detrás de Madrid y Baleares, pero la décima en disponer de recursos per cápita una vez pasa por todos los fondos que prevé el modelo de financiación vigente.

La Generalitat lleva años demandando que se cumpla el principio de ordinalidad, recogido en el Estatuto de Autonomía. Este consiste en que el orden de esa clasificación no varíe, es decir, que si Cataluña es la tercera comunidad aportadora, también sea la tercera que cuente con más recursos por habitante después de que se apliquen los mecanismos de nivelación previstos en el sistema de financiación. En la misma situación de Cataluña se encuentran, por ejemplo, Madrid y Baleares. El sistema de financiación acordado en la época de Pedro Solbes debía resolver esa pérdida de posiciones de las comunidades más dinámicas, pero los resultados constatados para el periodo 2009-2013 indican que eso no ha sucedido.

Los sucesivos ejecutivos admiten que Cataluña debe aportar más que el resto de comunidades porque también es más rica. Sin embargo, defienden que después de realizar esa contribución la comunidad no puede disponer de menos recursos que otras autonomías por habitante. Esa postura es prácticamente unánime en el arco parlamentario catalán y, de hecho, la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, llevó a Génova una propuesta de financiación para Cataluña que contuvo esa propuesta.

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