La política de Baleares, entre rejas
Matas y Munar, símbolos del poder en las islas, acaban en prisión És la autonomía con más condenados y menos protección jurídica a los altos cargos
Baleares es la autonomía con más políticos encarcelados por corrupción. Dos símbolos del poder en las islas, Maria Antonia Munar (12 años presidenta del Consell Insular de Mallorca) y Jaume Matas (siete años jefe del Gobierno autónomo), han acabado entre rejas por su gestión. Otros 21 cargos públicos del Consell y la Comunidad han seguido sus pasos (véase infografía).
La corrupción ha salpicado a todas las administraciones públicas de Baleares: ayuntamientos, el Consell Insular de Mallorca y la Comunidad autónoma. Y de manera especial a Unió Mallorquina y Partido Popular, las dos formaciones políticas que durante más tiempo han ocupado los principales espacios de poder en las islas.
Muchos de los condenados de estos dos partidos políticos tenían protección jurídica especial por ser miembros del Gobierno o diputados autonómicos. Pero en Baleares el régimen de aforamiento es distinto al del resto de comunidades autónomas desde que, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia interpretó en un pronunciamiento el Estatuto de Autonomía vigente y permitió que jueces ordinarios de instrucción investigarán la corrupción de la clase política.
El estatuto autonómico señalaba que gobernantes y parlamentarios tenían la protección jurídica especial —sólo podían ser encausados por el Tribunal Superior de Justicia— “para la inculpación, la prisión, el procesamiento y el juicio”. Los magistrados interpretaron el Estatuto y establecieron que cualquier juez podría “incoar una causa penal contra los aforados, iniciar la instrucción y citar como imputados” a los políticos.
“Si agotadas las investigaciones”, señalaban los magistrados, “considerase procedente alguna actuación que implique inculpación, prisión, procesamiento o juicio respecto de alguna persona imputada cuya calidad de aforada haya sido debidamente acreditada, se inhibirá y elevará una exposición razonada” al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Con esta premisa, muchas de las causas de corrupción investigadas en Baleares han correspondido a juzgados de instrucción ordinarios que han acumulado indicios contra los corruptos hasta dejarlos a las puertas del Tribunal Superior y del juicio, donde finalmente fueron condenados.
En 2009, diversos jueces habían imputado en causas por corrupción a media docena de diputados y consejeros en activo. El parlamento balear debatió entonces esta circunstancia y aceptó la interpretación que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hacía del régimen de aforamiento previsto en el Estatuto. En otras autonomías, cuando se presenta una querella contra un diputado regional o miembro de un Gobierno, automáticamente la causa tiene que ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
En causas donde durante el curso de la instrucción aparecen indicios contra políticos autonómicos o miembros de Gobiernos regionales, el juez ordinario se inhibe y remite la causa a la instancia superior.
Así ocurrió con el caso Gürtel. El juez Baltasar Garzón tuvo que dejar la causa y la remitió a Tribunales Superiores de Justicia porque había diputados autonómicos implicados de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
El cobro de comisiones ilegales por gestiones urbanísticas que suponen prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos o la falsedad documental aparecen en muchos de los procesos judiciales de Baleares que han concluido con graves condenas de cárcel para cargos públicos.
Desde la presidencia de las instituciones investigadas (Comunidad, Consell y ayuntamientos) hasta los principales departamentos de gestión política (Turismo, Comercio, Economía, Ordenación del Territorio) se han visto salpicados por los escándalos.
En algunos procesos, la fiscalía anticorrupción logró durante la investigación la confesión de políticos imputados, que vieron rebajadas sus penas como consecuencia de su arrepentimiento.
La cifra de cargos públicos encarcelados y el número de causas abiertas por corrupción —sólo el caso Palma Arena tiene 26 piezas distintas, la mayoría pendientes de juicio— no tiene comparación con el resto de comunidades autónomas.
