Los partidos piden al PP que antes de pactar resuelva sus escándalos
El PSOE coloca la línea roja de la dimisión en el momento de envío a juicio oral
La oposición exigió ayer al PP que antes de ofrecer pactos como el que planteó el día anterior Carlos Floriano para delimitar cuándo se deben asumir responsabilidades políticas resuelva escándalos como el de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, o Juan Cotino, presidente de las Cortes valencianas. No hay diferencias muy grandes entre el PP y el PSOE en este asunto, los dos colocan la línea roja en el momento en que el juez decide enviar a un imputado a juicio oral, y así lo dejaron claro tanto Eduardo Madina como Pedro Sánchez en el debate del PSOE, pero no hay visos de un gran acuerdo en este momento.
Castedo está imputada por cohecho y tráfico de influencias. Se le atribuyen gestiones para modificar el plan de ordenación urbana a favor del constructor Enrique Ortiz. El PP no se anima a destituirla porque ella amenaza con formar un partido propio en Alicante. Cotino no está imputado, pero se acaban de publicar conversaciones entre su sobrino y el propio Ortiz —y otras entre el constructor y la alcaldesa— en las que ambos hablan de las posibles gestiones del entonces consejero y su entorno a favor de sus empresas.
La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, descalificó la propuesta lanzada por Floriano. Rodríguez señaló a EL PAÍS: “No va a haber pacto PP-PSOE contra la corrupción. Si hay algún acuerdo será de todo el Congreso. No es creíble que un presidente del PP como Rajoy, sentado en el mismo sillón que se ha pagado con fondos opacos según la Audiencia Nacional, lance ofertas de pactos de regeneración. El PP no tiene legitimidad para proponer estos acuerdos mientras tiene el Parlamento valenciano lleno de imputados y no ha dado aún una explicación sobre el caso Gürtel”.
Izquierda Unida fue más lejos. José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso, aseguró que el PP “está tomando el pelo a todo el mundo”. “Ya lo hemos dicho, primero el PP tiene que abrir sus cajones y sus discos duros, lo demás es lavarse la cara. Nosotros hemos dado un ejemplo de comportamiento con la dimisión de Willy Meyer y no era un caso de corrupción. El PP no puede dar lecciones teniendo a Sonia Castedo y a Juan Cotino”, remató.
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán cree que la oferta de Floriano es “un sarcasmo”. “Están jugando a ganar tiempo mientras hacen lo que realmente les interesa que es blindarse con la reforma de la elección de los alcaldes. No vemos voluntad de legislar para que la imputación haga incompatible la posibilidad de presentarse en unas listas electorales, que es lo que queremos”, explica.
La casuística es enorme y muy variada. Incluso dentro del mismo partido. En el PP, por ejemplo, Esperanza Aguirre echó a los alcaldes y diputados autonómicos implicados en el caso Gürtel en el primer momento, incluso antes de que fueran imputados. No pudo quitarles el acta de parlamentarios pero los mandó al Grupo Mixto. En la Comunidad Valenciana, aún hay diputados imputados en el caso. Alberto Fabra los apartó de los cargos de dirección del grupo, pero no los expulsó. Si lo hubiera hecho, se habría quedado en minoría en el parlamento porque llegó a tener una decena de diputados en esa situación. Ahora poco a poco varios de ellos abandonan el Parlament, aunque otros siguen.
El PP tiene ahora mismo en ejercicio a un alcalde como el de Valladolid, Javier Léon de la Riva, que ya ha superado esa línea roja del envío a juicio oral. La Fiscalía de Valladolid pidió en mayo 15 meses de inhabilitación para el alcalde por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. De la Riva se ha opuesto, sistemáticamente y desde 2008, a cumplir una sentencia urbanística que afectaba al ático en el que residía.
