El cuñado de Bárcenas dice al juez que no sabe nada de la caja b del PP
Empleadas de la empresa que realizó las obras en la sede sabían que tenía cajas de seguridad
El exjefe de seguridad del Partido Popular (PP) y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente, y el cajero de la formación, Luis Molero, han negado este martes en la Audiencia Nacional tener conocimiento de la existencia de pagos en negro para sufragar las obras que se desarrollaron entre los años 2005 y 2011 en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid.
De la Fuente ha indicado al juez Pablo Ruz que su función se limitaba a la comprobación del desarrollo de las obras y ha precisado que nunca se ocupó de verificar si la certificación de los trabajos se correspondía con las facturas emitidas por el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, a cuyo frente se encuentra Gonzalo Urquijo.
El cuñado de Bárcenas ha precisado que la comprobación de la facturación era responsabilidad del exgerente del PP Cristobal Páez, que también negó durante su declaración ante el magistrado el pasado mes de diciembre tener constancia de la existencia de una contabilidad opaca. "Ni he visto ni me consta que se pagara en b", dijo.
Por su parte, Molero ha declarado que nunca ha oído "nada" de dinero negro ni de la existencia de descuentos en le precio de las obras por pagar parte de ellas en b. Ha precisado que el arquitecto Urquijo o alguno de sus trabajadores le hacían entrega de las facturas de la remodelación, que siempre contaban con el visto bueno de Páez, y que él abonaba a cambio del correspondiente recibí.
El juez Ruz ha tomado también declaración a otros dos testigos, las trabajadoras de Unifica Ester D'Opazo y Noelia Fernández Muñoz, que también han negado conocer cobros en b por parte de su empresa.
Las empleadas sí han reconocido que sabían de la existencia de dos cajas de seguridad de las que disponía la empresa en la Banca March y la Caixa y en las que la UDEF sospecha que Urquijo y su socia Belén García ocultaban el dinero negro. D'Opazo ha precisado que Unifica conservaba en esas cajas copias de seguridad de discos duros.
El magistrado ha mostrado a las dos empleadas distintos correos electrónicos en los que ambas hacían mención a la existencia de una contabilidad no oficial en el estudio de arquitectura. En uno de ellos, Noelia Fernández llegaba a escribir: "Que se jodan, que a mí nunca me han pagado en b".
A pesar de ello, ninguna de las dos ha reconocido que esas referencias hicieran mención a una contabilidad paralela. Fernández ha llegado a asegurar que incluía la denominación b en los correos, para facilitar su archivo informático y su búsqueda posterior.
El magistrado citó a los cuatro a declarar para investigar las obras que se desarrollaron entre los años 2005 y 2011 en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid, ante la sospecha de que la remodelación del edificio sea constitutiva de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable.
Ruz interrogará este miércoles como imputados a la socia de Urquijo, Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008. El magistrado les citó después de que un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaran que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad b como salidas para Urquijo.
La contabilidad b del PP
Los dos informes vienen a constatar, según el juez Ruz, "la realidad de los apuntes contables" consignados por Bárcenas en relación con las obras del PP y su carácter delictivo, ya que "en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y en otras ocasiones el presupuesto presentado en el Colegio de Arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el PP y Unifica".
Ruz destacaba que, según acreditan varios correos electrónicos de Unifica, en cuatro plantas del edificio se elaboraron "dos certificaciones finales" de las obras, "una que correspondía a la factura girada y otra, de cantidad superior, que supuestamente respondía al precio real del proyecto".
