Los expertos discrepan del alcance de la reforma que propone el PP

¿Qué significa que gobierne la lista más votada? Según cómo se plantee podría querer decir cosas distintas. El Partido Popular ha lanzado el debate sin ofrecer una propuesta con letra pequeña y tanto los expertos consultados como las federaciones de municipios y provincias sondeadas por este periódico consideran que estudiarla es algo aceptable (el PSOE lo ha planteado en el pasado). Sin embargo, discrepan sobre su alcance.

Ignacio Lago Peñas, profesor de Ciencia Política en la Pompeu Fabra de Barcelona, recuerda que en el ámbito local la personalización política es más acentuada alrededor de la figura del alcalde. “Sería una reforma de muchísimo calado, un cambio en las reglas del juego en mitad del partido que previsiblemente beneficiaría a quien concentra el voto, como el PP, PNV o CIU en detrimento de quién está en tercer o cuarto lugar, como ocurre con IU o UPyD”. Según Lago Peñas, que el Gobierno de un Ayuntamiento sea para la lista más votada podría articularse con una bonificación de concejales para esa lista, lo que “distorsionaría las preferencias de los ciudadanos”. Este experto en analizar las consecuencias políticas de las leyes electorales recuerda que esto era así durante la II República, donde la lista más votada conseguía el 60% o 70% de representatividad, lo que forzaba de partida la existencia de coaliciones. Algo que, de plasmarse en la Ley Electoral, tendría efectos “mecánicos y estratégicos”. Entre los primeros, impulsaría que los partidos políticos minoritarios tendrían claro que no llegarían a colocar a un alcalde de los suyos. “En cuanto a los estratégicos, sería un incentivo fortísimo para aglutinar a las fuerzas de izquierda”, algo que podría volverse en contra del PP, según este experto.

Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander (PP), cree que “se ajusta mucho más a lo que es la democracia y acerca el Gobierno del municipio a la voluntad de los ciudadanos”. El presidente del organismo que aglutina a los 8.117 alcaldes españoles recuerda que “es una propuesta abierta que ha hecho el PP y no es la primera vez que lo plantea”, y ataca que en ocasiones los votantes se ven traicionados porque las siglas a las que apoyan se alzan con la alcaldía mediante pactos con partidos que tienen programas distintos. Sobre la urgencia de esta reforma, lanzada a menos de un año de las elecciones municipales, De la Serna mantiene que “el Gobierno sigue planteando otras reformas de calado”.

La catedrática de derecho Constitucional María Luisa Baguer considera que una reforma hacia esa dirección atajaría lo que llama el “efecto perverso”, de que a través de pactos se consigan mayorías absolutas de partidos ideológicamente dispares. “No me parece ningún disparate, ni que beneficie solo al PP”, asegura.

Tenemos un sistema que funciona Pérez Royo

A falta de datos concretos sobre cómo se llevaría a cabo, otro de los mecanismos electorales para conseguir lo que proponen los populares pasa por una segunda vuelta electoral que eliminase a los partidos que no hubiesen conseguido en la primera un porcentaje determinado de los votos. “La doble vuelta presenta un gasto enorme”, reflexiona el profesor Victoriano Ramírez González, director del Grupo de investigación en Métodos Electorales de la Universidad de Granada. Contrapone este sistema, aplicado en Francia, al llamado Majority Judgment o de la mediana, propuesto recientemente por el economista Michel Balinski, que permite que compitan “muchos candidatos” sin que ello suponga una división de los votos. “Este método propone establecer calificativos a un candidato tales como: excelente, muy bueno, bueno, aceptable o rechazable, de tal forma que sean muy fáciles de entender por los electores sin necesidad de explicación alguna y además no dan lugar a confusión, como podría ocurrir con las puntuaciones numéricas”. Con esta fórmula, dice, cada partido podría presentar a más de un candidato y serían los electores los encargados de designar al de sus preferencias.

“En el ámbito local real”, apunta Francisco Velasco, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, “los liderazgos no son tanto de partidos”. Considera que desde el punto de vista teórico no sería una mala idea porque, en ocasiones, “el modelo obliga a los partidos a apoyar a candidatos que a menudo no respetan el ámbito de decisión local”. Es decir, que no siempre un alcalde toma decisiones en clave local sino de partido, y una reforma encaminada a evitarlo sería bienvenida.

Varios expertos consultados lanzan además la siguiente reflexión: con un sistema electoral que se aplica con continuidad en todos los escalones del Gobierno —elecciones generales, autonómicas y locales— dando hueco a las minorías, la reforma debería extenderse a todos esos ámbitos o, de lo contrario, sería muy difícil de justificar ante la opinión pública. En cualquier caso, hay unanimidad en solicitar sosiego. “Un cambio de estas características requiere tiempo, reflexión”, apunta Lago Peñas.

El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo se pronuncia en contra: “Tenemos un sistema que funciona a través del consenso, de la búsqueda de pactos, no podemos alterarlo así como así”. Apunta además a que la reforma conllevaría una cadena de cambios y pone un ejemplo: “Un alcalde no puede aprobar el presupuesto con la mayoría del pleno en contra”.