Si Rajoy quisiera la regeneración

El PP se apunta al discurso de la regeneración democrática. Lo hace a su manera: con escasa concreción y con el entusiasmo del que se siente arrastrado adonde no quiere ir. Tanto es así que, formulada la declaración de intenciones, la primera decisión ha sido aplazar el debate hasta septiembre. En febrero de 2013, acosado por la explosión de la bomba Bárcenas,el PP ya anunció un programa de regeneración institucional. Ha pasado año y medio y todavía no se ha aprobado una sola de las medidas sugeridas. De modo que la voluntad regeneradora del PP tiene poca credibilidad.

Por la desidia y por otras tres razones: la tendencia de la derecha al ejercicio solitario del poder, empeñada en un programa de restauración conservadora muy sectario, diseñado para excluir a la oposición; la resistencia de Mariano Rajoy a cualquier cambio que pueda modificar mínimamente el statu quo institucional; y, sobre todo, su comportamiento en materia de corrupción. Un partido que tiene el caso Bárcenas en su corazón orgánico, las finanzas de la sede central, y el caso Gürtel en su área de cercanías, sólo puede tener credibilidad como reformador si asume, al máximo nivel, las responsabilidades políticas que derivan de estos sistemas de extorsión. Hay dos causas principales de la irritación de la ciudadanía con la política institucional: la sensación de que ni nos representan ni nos escuchan, que viven aislados en su mundo; y la corrupción. O se empieza con una señal política fuerte en este ámbito o no hay reforma que cale en la opinión pública.

El PP habla de regeneración democrática porque es lo que toca después de las elecciones europeas. Pero tiene que entender que estamos en tiempos en que hablar ya no basta. Con simples insinuaciones ya no se engaña al personal. Si Rajoy quisiera regenerar, si realmente tuviese la determinación de emprender reformas de calado, debería atender una sugerencia que circula estos días por medios políticos y económicos. En ejercicio de sus competencias, el presidente podría anticipar las elecciones generales a febrero o marzo del año próximo, orientando la convocatoria hacia reforma institucional, Constitución incluida. De esta forma, rompería el inmovilismo en el que se ha parapetado ante la crisis del régimen, daría un cauce político a las fracturas abiertas (Cataluña, legitimidad monárquica, representación), pillaría a los socialistas en pleno proceso renovador sin apenas tiempo a la consolidación del nuevo liderazgo, trastocaría el calendario del independentismo catalán, evitaría tener que ir a las elecciones generales habiendo perdido Madrid y Valencia, y, por tanto, recuperaría la iniciativa política perdida. Demasiado para Rajoy, un conservador estructural, que ha hecho de la resistencia a los cambios su principal activo, que siente alergia al riesgo, y que, además, lleva el caso Bárcenas en la mochila. Una regeneración democrática impulsada por este presidente suena a contradicción en los términos.