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El Gobierno dice que la decisión judicial justificaba la salida

El BEI expresa “profundo respeto” por la actitud de la exministra del PSOE

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, anunció ayer su dimisión en esta institución tras meses de controversia por su imputación en el caso ERE. La exconsejera andaluza de Hacienda fue imputada en esta causa hace un año y esta primavera la Audiencia de Sevilla ratificó la acusación de la juez Mercedes Alaya. La sugerencia inicial, el pasado otoño, del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que Álvarez abandonara el puesto por voluntad propia devino recientemente en una petición directa ante la institución. El Gobierno de Mariano Rajoy planteó en mayo al consejo de administración de la entidad que Álvarez debía dejar su cargo, además de alegar ante el comité de ética que su imputación afectaba al prestigio del BEI.

La exministra abandonará la institución en julio después de representar a España y Portugal desde 2010. El presidente del BEI, Werner Hoyer, expresó ayer su “profundo respeto” por la dimisión, al anteponer Álvarez los intereses del banco “por encima del suyo propio”, informó Efe. “Espero sinceramente que la investigación en curso conduzca a un resultado positivo para ella”, añadió el máximo responsable de la institución.

A principios de mayo la Audiencia de Sevilla respaldó la tesis de la juez Alaya sobre que el Gobierno andaluz diseñó un sistema para propiciar y perpetuar un fraude a través del fondo de los ERE durante una década (2001-2010). La magistrada acusa a Álvarez, consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004, de ser una de las “promotoras” del sistema basado en las transferencias de financiación, y que ella considera ilegal. Alaya incluso avanzó en un auto la “probabilidad cierta” de que la exministra pudiera ser condenada, y le impuso una fianza civil de 29,5 millones, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.

Álvarez defendió su inocencia ante la Audiencia, y tras achacar la responsabilidad del fraude a la Consejería de Empleo andaluza, denunció que su imputación se basaba en “prejuicios” y acusó a Alaya de emitir “un juicio anticipado de culpabilidad”.

La vicepresidenta alegó ayer al “daño irreparable” que le había causado el Ejecutivo e intentó desvincular su dimisión de la imputación en el caso ERE. “Todo tiene un límite”, protestó.

El Gobierno aseguró que la imputación justificaba la salida porque “compromete la reputación de España”, además de negar que existiera un “acoso y derribo” hacia la exministra socialista para sustituirla por otra persona afín al Gobierno. “La prueba está en que durante el tiempo previo a su imputación no ha habido ningún movimiento para echarla”, alegó una portavoz del Ministerio de Economía.

Mientras que el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, dijo que la dimisión de Álvarez responde a sus “enredos en los ERE de Andalucía”, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, afirmó que “cree” en las razones para explicar su “decisión personal”. Por su parte, el coordinador de IU, Cayo Lara, afirmó: “Debería haber tomado la decisión antes”.

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