Familias en el órgano fiscalizador del Estado

Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados

Los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulan 17 allegados.

Varios altos cargos tienen numerosos familiares en la institución

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas. LUIS SEVILLANO

El Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT, según una investigación de EL PAÍS. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas.

Este tribunal es uno de los organismos públicos que mejores sueldos paga a sus empleados: en torno a 3.000 euros de media. Un portavoz de la institución señala que todos los empleados han accedido a la plantilla tras franquear “una oposición libre y abierta”.

Varios consejeros del Tribunal de Cuentas han reclamado al presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, que modifique la configuración de los tribunales opositores. Es decir, que al menos tres de los cinco miembros que integran los jurados examinadores sean ajenos a la institución, a diferencia de lo que viene sucediendo desde hace muchos años.

Las preguntas de las oposiciones se preparan dentro del tribunal y la mayoría de examinadores (tres de los cinco) son altos cargos y representantes sindicales del organismo. Según fuentes de la institución, la finalidad de cambiar los tribunales opositores es conjurar las sospechas de enchufismo y favoritismo que se ciernen sobre parte de la plantilla. Según estas fuentes, Álvarez de Miranda (hijo del ex presidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda) se ha mostrado receptivo a esa idea.

Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus). Medina rechaza vínculos con esta última, y señala que el resto de sus parientes accedieron al tribunal antes de que él fuese consejero, en 2003.

Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y ganan 4.700 euros netos al mes durante los nueve años de mandato, que son renovables. Ellos gobiernan el organismo. Hay 12 consejeros: siete nombrados por las Cortes Generales a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU.

Este periódico publicó el pasado día 9 una información sobre los grupos familiares que acoge este tribunal; sin embargo, hay muchos más de los que entonces se apuntaron. La familia de Javier Medina, un histórico en la institución junto a su hermano Enrique (que ascendió a gerente tras llegar el primero a consejero en 2001), no es la única saga que anida en esta institución, que maneja un presupuesto de 60 millones de euros al año.

Entre los grupos familiares (algunos de los funcionarios ya están jubilados o han fallecido) destaca la familia de Julio Ronda, durante años presidente del comité de empresa. Ronda ha participado en la elaboración de los últimos y sucesivos convenios colectivos de este organismo, que contienen una retahíla de categorías escalonadas a las que han accedido (tras superar una oposición) buena parte de los parientes que registra este órgano.

El sindicalista de UGT solo tiene el graduado escolar y, ascenso tras ascenso, ahora es jefe de equipo, con un sueldo, excluidas las pagas de productividad, de en torno a 2.800 euros. En el tribunal trabajan su exesposa (María Isabel Fernández Pérez), su actual pareja (Pilar Ramírez Villar), su nuera (Yolanda de la Torre Pérez), su cuñada (Consuelo Dávila Anillo), su sobrino (Manuel Ramírez Herans), otro sobrino (Jesús Sanz Hernández) y su amigo de la infancia Félix Real Perea. También, un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda Fernández. Éste y el anterior son jefes de equipo. La segunda esposa de Ronda, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.

El Tribunal de Cuentas paga a sus empleados un 30% más de media que otros organismos públicos. Una secretaria de un directivo cobra unos 1.500 euros netos. El sueldo de la secretaria de un consejero del tribunal se eleva a 2.000 euros netos.

En este organismo fiscalizador trabaja también Concepción Sáenz, que ha intervenido como representante sindical por CC OO en algunas oposiciones. Esta tiene como conserje a su hija, Marta Guerrero Sanz. Y la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez (que también ocupó hace años un alto cargo en el tribunal), a sus hermanas Paloma y Estela.

Otro caso que llama la atención es el de José Antonio Pajares, secretario general del tribunal entre 1996 y 2012. Tiene a su hija (Ana Pajares Dimarcantonio, en el gabinete de prensa) y a su yerno (Héctor García Martín). Ana María Asensio López, adscrita a Fiscalización, tiene, por su lado, a María José Asensio López (su hermana). El anterior esposo de María José Asensio, ya fallecido, trabajó en el tribunal. Este, a su vez, compartió las mismas instalaciones laborales que su hermana, Amada Asenjo Liras, casada con Adolfo del Caso Ramos, también empleado de este organismo. Y con otro hermano más, Juan José Asenjo Liras.

Exministros y expresidentes tienen también a familiares en el tribunal. Procedente de un ministerio llegó María José Molinuevo, esposa del actual embajador en Reino Unido, Federico Trillo. Ahora está en excedencia. Y hace dos años entró Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, como consejero (a propuesta del PP). También es consejera la exministra de Justicia con el PP Margarita Mariscal de Gante. Ella y Manuel Aznar, como el resto de consejeros, fueron elegidos por las Cortes. También es consejera desde hace dos años, a propuesta del PP, María José de la Fuente. Dos primas suyas trabajan en el tribunal: María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro de Franco Licinio de la Fuente. Otro caso es el de Julián Máñez, director técnico, cuyas dos hijas trabajan en el tribunal.

Los escalones medios e inferiores están ocupados por funcionarios, casi la mitad, y sujetos al Estatuto de la Función Pública, y los trabajadores laborales fijos, al Estatuto de los Trabajadores. Entre estos se hallan muchos de los allegados de los altos cargos y de los representantes sindicales, según ha confirmado este periódico.

El relevo de Ronda al frente del comité de empresa fue Alberto Otero. Su padre, Manuel Otero, fue jefe de Mantenimiento. Alberto Otero tiene ahora en el tribunal a su hermana, Dolores Otero Nieto; a su hermano, Juan Carlos Otero Nieto; a su excuñado, Miguel Ángel Moncada Peñaranda; a otro cuñado, Francisco Javier Hernández Trapero, y a su primo Ginés Gómez Nieto. “Aquí se sabe quién es el padrino de cada cual; lo raro es que haya alguien con padrino desconocido”, aseguran fuentes del tribunal.

Sospechas de enchufismo

Son muchas las voces dentro del tribunal que sugieren que durante años, ha habido enchufismo y amaño de plazas en favor de determinados aspirantes. Pero no hay pruebas: “Si alguien filtra un examen, lógicamente ni quien facilita las preguntas ni quien las recibe dice nada”, según fuentes del Tribunal.
En 2009, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Carmen de Vicente, hermana del exdiputado socialista Ciriaco de Vicente, quien llegó a ser presidente en funciones del tribunal. Su hermana trabajaba ya en el Tribunal de Cuentas, desde enero de 1990, con un nivel 29 y el nuevo puesto era de nivel 30, el más alto de la Administración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció desviación de poder en el nombramiento de Carmen de Vicente para un puesto creado para ella en el Departamento de control de la Seguridad Social, aunque mediante una resolución de 24 de marzo de 2010, y después de un informe por parte del consejero de más edad del Tribunal de Cuentas, se la  volvió a nombrar para el puesto.
Según fuentes del tribunal, las preguntas de los diferentes ejercicios para acceder a la codiciada plantilla de esta institución “son muy rebuscadas”, y ha habido veces en que las plazas se convocaban en plena época vacacional. El tercer ejercicio suele ser una entrevista personal, “lo que da cuenta del nivel de subjetividad”, añaden las citadas fuentes. El presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, no sólo es partidario de cambiar la configuración de los tribunales examinadores sino que, además, postula que su presidente sea un catedrático de universidad.
Las categorías y el modo de ascender de los empleados laborales se recogen en el convenio colectivo que contiene artículos que facilitan la llegada a altos puestos de empleados que carecen de la titulación que exigen otras Administraciones.

investigacion@elpais.es

Fe de errores

Este artículo se ha modificado para incluir una corrección sobre la fecha de incorporación al Tribunal de Cuentas de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, y una aclaración sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anuló un posterior nombramiento de esta misma señora.

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