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El PSOE recurre al Constitucional la limitación de la justicia universal

Los socialistas arguyen que vulnera el Derecho internacional y varios principios constitucionales

El recurso argumenta que la reforma envía un mensaje de impunidad

El Partido Socialista ha registrado este jueves en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que limita la justicia universal en España, una norma que "ahoga, estrangula y destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país", según ha expresado la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, tras presentar el escrito. Los socialistas hacen una firme defensa del principio de justicia universal en su recurso, y argumentan que la reforma del PP vulnera el Derecho Internacional, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y varios principios constitucionales. Y que traslada la idea de que graves crímenes quedarán sin castigo: "La renuncia a la persecución de gravísimos delitos mandará un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos", señala su apelación.

Soraya Rodríguez ha recordado que, además, la disposición transitoria de la ley "obliga a los jueces y tribunales que tienen causas en virtud del principio de jurisdicción universal a cerrarlas", y ello a pesar de que "un procedimiento judicial abierto solo puede ser cerrado por la decisión de un órgano judicial, nunca porque una ley se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado". Los jueces de la Audiencia Nacional han excarcelado en las últimas semanas a más de medio centenar de narcotraficantes por considerar que la reforma les deja sin competencias para enjuiciarlos.  La portavoz parlamentaria ha comentado, según recoge la agencia EFE, que un magistrado con muchos años de experiencia le dijo al respecto que no había visto un proceder similar "desde que en este país gobernaba Franco". El PSOE promete derogar la norma si gobierna.

Los socialistas defienden en su recurso la esencia de la justicia universal, recogida en la ley española desde 1985. La formulación del principio de jurisdicción universal "encuentra su fundamento en la consideración de determinados crímenes como violaciones del derecho natural que rige la sociedad universal de los hombres", explican, "por lo que la obligación de castigar la ofensa a la humanidad es universal".

El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Son el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. “El consenso de la comunidad internacional es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables”, dice el recurso de los socialistas. En España, la ley recoge competencia de la jurisdicción española sobre estos delitos desde 1985; el catálogo se fue ampliando en años sucesivos: en 1999, por ejemplo, se incluyó la prostitución y la corrupción de menores e incapaces, y en 2005 se añadió la mutilación genital femenina.

Una "conquista irrenunciable"

“Es pues, una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y representa un gran avance en la defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la consolidación de un mundo más civilizado y regido por el Derecho”, sostiene el escrito del PSOE.

El recurso recuerda que al menos seis tratados internacionales consagran el principio de “enjuiciar y extraditar”, como los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención contra la Tortura o el Estatuto de Roma, y que más de un centenar de Estados, (163 en 2012, según Amnistía Internacional), atribuyen, en mayor o menor grado, competencia a jueces y tribunales internos para juzgar crímenes de Derecho Internacional. Al ratificar esos tratados, “España afirmó su compromiso de no convertirse en puerto seguro para los perpetradores de los crímenes más graves”, apuntan en el escrito. “España ha sido —hasta la fecha— uno de los países pioneros en la persecución de estas graves infracciones penales, posibilitando la apertura de procedimientos penales por estos crímenes y evitando también la posibilidad de que sus autores pudieran desplazarse impunemente por el mundo o incluso que se refugiaran en España”.

La impunidad preocupa especialmente al PSOE, que destaca: “La renuncia a la persecución de gravísimos delitos mandará un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos, a la vez que afianzará la convicción de otros potenciales autores de que estas conductas pueden quedar sin castigo, extendiendo el efecto corrosivo de la impunidad”,arguyen. La ley que limita la jurisdicción universal, además, reduce en su opinión la protección de los derechos humanos en España: “La legislación española en cuanto a este principio sufre una involución de tal magnitud que supone una verdadera ruptura del principio de progresividad en la aplicación y protección de los derechos humanos”.

Los socialistas concluyen, así, que la ley orgánica que limita la jurisdicción universal es una norma inconstitucional porque atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y contra varios principios constitucionales: los de seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, el principio de acción popular, el de exclusividad de la potestad jurisdiccional, y el principio de igualdad. Consideran además que vulnera el Derecho internacional y convenios internacionales ratificados por España. “Es una ley inconstitucional, pero sobre todo es injusta”, zanja el PSOE.

La ley que limita la justicia universal fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, tras una tramitación que duró menos de un mes y que salió adelante con los únicos votos del Partido Popular. Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupción, delitos económicos y terrorismo en España, se han plantado recientemente contra la ley, en un consenso no se logrado nunca antes en democracia. 

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