El Tribunal de Cuentas alberga a varios grupos familiares de altos cargos

El máximo órgano fiscalizador del Estado modificará su jurado examinador para evitar enchufes

El Tribunal de Cuentas del Estado modificará la configuración de sus tribunales de oposición —los que examinan a los aspirantes a formar parte de la plantilla de esta institución— para acabar con la sospecha de que existen enchufismo y favoritismos a la hora de cubrir las vacantes. El órgano estatal encargado de fiscalizar y sancionar a los partidos políticos y Administraciones que desvían dinero público acoge en su plantilla varias sagas familiares.

El Tribunal de Cuentas ha decidido este año ampliar su plantilla con 30 nuevas plazas (de auditores, letrados e informáticos). Varios consejeros de esta institución han pedido a su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, que modifique la tradicional composición de los tribunales examinadores, cuyos miembros, mayoritariamente —tres de los cinco que componen cada tribunal—, son altos cargos, auditores, letrados e incluso consejeros de la propia institución.

Formar parte de la plantilla del Tribunal de Cuentas, unos 700 trabajadores, es algo muy codiciado porque los sueldos, en general, son un 30% superiores a los de otros funcionarios de organismos equivalentes. El presupuesto del tribunal ronda este año los 60 millones de euros. Los que más ganan son los consejeros del tribunal (12), elegidos por las Cortes Generales. Su última renovación fue en julio de 2012. Siete de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP y cinco por el PSOE (uno de ellos, consensuado con IU). Tienen coche oficial y, tras las rebajas salariales por la crisis, perciben unos 4.700 euros al mes.

Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex defensor del pueblo Fernando Álvarez de Miranda, se ha mostrado receptivo a las peticiones de sus colegas que reclaman modificar la configuración de los tribunales opositores para borrar las sospechas de enchufismo. E incluso les ha comentado, entre otras medidas, su intención de eliminar la figura del consejero como miembro de los tribunales opositores y que, además, estos sean presididos por un catedrático de universidad ajeno a la institución.

“En las últimas oposiciones ya no hubo consejeros”, destacan fuentes del tribunal, que apuestan por que se den aún más pasos: “Entre otros, variar la composición de tal forma que la mayoría de los examinadores del tribunal sean ajenos a este, a diferencia de lo que sucede ahora”. Álvarez de Miranda, elegido presidente en julio de 2012 por los demás consejeros a propuesta del PP y tras una larga carrera como alto cargo del tribunal, ha declinado responder a EL PAÍS. A través de un portavoz se limitó a indicar que las pruebas de acceso se ajustan a la normativa vigente.

En 2009, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, exdiputado socialista y exconsejero del Tribunal de Cuentas —lo fue durante 19 años, hasta 2012—. Su hermana trabajaba ya en el Tribunal de Cuentas, desde enero de 1990, con un nivel 29 y el nuevo puesto era de nivel 30, el más alto de la Administración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció desviación de poder en el nombramiento de Carmen de Vicente para un puesto creado para ella en el Departamento de control de la Seguridad Social, aunque mediante una resolución de 24 de marzo de 2010, y después de un informe por parte del consejero de más edad del Tribunal de Cuentas, se la volvió a nombrar para el puesto.

Pero hay muchos más familiares de altos cargos en esta institución. José Antonio Pajares, hasta hace dos años y durante 18 secretario general del tribunal, tiene ahora dos parientes directos en la institución: su hija, en el gabinete de comunicación, y su yerno, en el servicio de mantenimiento. Pajares rehusó telefónicamente dialogar con este periódico para explicar cómo accedieron ambos al tribunal.

“No hay pruebas que permitan decir si influyó o no en el tribunal opositor para que entren sus familiares, pero la imagen es importante y por eso es preferible que los examinadores sean mayoritariamente de fuera del tribunal”, sostienen fuentes del órgano que fiscaliza el destino que se da a los dineros públicos.

Otra de las familias arraigadas en el Tribunal de Cuentas es la de Javier Medina, actual número dos del tribunal. Preside la Sección de Fiscalización, la más importante, y forma parte de la Comisión de Gobierno, la que rige la institución. Fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, de las Administraciones —el saqueo de Marbella, por ejemplo— o de empresas públicas de todas las Administraciones figura entre los cometidos de la sección que dirige.

Medina tiene a cuatro familiares en el tribunal: su esposa, su hermano, su hermana y una pariente de su esposa. Javier Medina aseguró a este periódico que todos ellos accedieron por oposición al tribunal antes incluso de que él fuese propuesto (por el PP) para el cargo de consejero en 2003. Con el actual, que se inició en 2012, Javier Medina llevará dos mandatos de nueve años como vocal. No obstante, antes de ser consejero, y desde finales de los años setenta, fue letrado de este organismo, al que entró por oposición.

Su hermano Enrique, que hasta hace dos años fue gerente del Tribunal de Cuentas, cargo al que accedió tras entrar Javier Medina como consejero, se incorporó a la plantilla un poco antes que él. Y su esposa, María del Carmen Higueras Esteban, que trabaja en el departamento de empresas estatales del tribunal, entró un año después. A Enrique lo nombró gerente el ex secretario general antes citado José Antonio Pajares. Pajares y el número dos del tribunal escriben juntos artículos en revistas jurídicas.

Tras cesar como secretario general, Pajares se ha incorporado como asesor al departamento que dirige Javier Medina. Otro familiar de Medina en el tribunal es su hermana María Consuelo Medina Guijarro, que trabaja en el Departamento quinto de Fiscalización: Financiero y de Fundaciones. Su hermano es su jefe máximo. Y también hay otro familiar, pariente de su esposa: María Pérez Michaus. Medina señaló que Michaus es “una pariente de su esposa muy lejana”.

“El tribunal está lleno de sagas familiares, y no solo en la cúpula, con familias enteras”, señalan fuentes del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Hay también sagas de funcionarios dedicados, o que lo estuvieron en su día, a la actividad sindical. Es el caso de Julio Ronda, que tiene empleados allí a su hijo, su esposa y su actual pareja. O la del funcionario Alberto Otero, que comparte trabajo en las mismas instalaciones del tribunal con un hermano, su hermana y sus tres hijos. También están allí otros dos hijos de un director técnico de la entidad.

También hay familiares de altos cargos de la Administración que han pasado por el Tribunal de Cuentas, como Elvira Rodríguez, ahora presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene en la institución a dos hermanas, Estela y Paloma. Ambas entraron por oposición, como la inmensa mayoría —también hay casos de contrataciones directas—. La esposa del exministro de Defensa Federico Trillo, actual embajador en Reino Unido, forma también parte de la plantilla de esta institución, aunque ahora está en excedencia. Trabajaba en un ministerio y, tras pasar la oposición, se incorporó al Tribunal de Cuentas.

Además, el PP, en la última renovación de este órgano, propuso como consejero a Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. La institución acoge también a una hija y una sobrina del expresidente de esta institución Licinio de la Fuente. Y ahora ocupa el cargo de consejera la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante.

“No hay pruebas de enchufes, pero la verdad es que todo esto da muy mala imagen y hace dudar de los procedimientos de selección que han regido en esta institución”, destaca un alto cargo del tribunal que pide el anonimato.

investigación@elpais.es

Fe de errores

Este artículo se ha modificado para incluir una corrección sobre la fecha de incorporación al Tribunal de Cuentas de carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, y una aclaración sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anuló un posterior nombramiento de esta misma señora.

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