El Gobierno aprueba la ley que otorga la doble nacionalidad a los sefardíes
Los solicitantes tendrán que viajar a España a dar fe de su origen y pasar un examen de idioma
El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde definitiva al proyecto de ley que facilita la obtención de la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. La ley —anunciada en 2012, aprobada en primera vuelta hace cuatro meses y que debe pasar aún por Congreso y Senado— permitirá a los judíos de origen sefardí, vivan donde vivan, adquirir casi directamente la nacionalidad española, y mantener al tiempo la suya de nacimiento. Es difícil saber cuántos beneficiarios potenciales hay, porque no existe un registro de sefardíes en el mundo. Fuentes del Gobierno calculan, en una estimación inicial, que atenderán unas 90.000 solicitudes en los cuatro años que durará este plan especial de nacionalidad para sefardíes.
En la segunda lectura de la ley se ha introducido un cambio en el procedimiento: el sefardí que pida la nacionalidad podrá hacerlo desde su país de origen (como estaba previsto al principio), pero después no resolverá el consulado sino que el interesado tendrá que desplazarse a España y comparecer ante un notario; este será quien acredite la veracidad de los documentos que presente: el origen sefardí de los apellidos, su conocimiento del ladino (el idioma de los judíos españoles) y otras pruebas de su vínculo con España. Además —y esto es otra novedad—, deberá pasar un examen de español en el Instituto Cervantes del país en el que se encuentre. Y finalmente pagar una tasa de 75 euros para formalizar la solicitud.
A cambio, el plazo para que los interesados presenten su solicitud se amplía: del plazo de dos años prorrogables a un tercero que figuraba en el anteproyecto se pasa ahora a tres años prorrogables a cuatro.
Justicia no se plantea extender este procedimiento directo de concesión de nacionalidad a los moriscos (descendientes de los musulmanes expulsados en el siglo XVII) o los saharauis, que eran españoles hasta 1976. El ministerio alega que esos grupos no han mantenido las “señas de identidad de su origen español” tanto como los judíos sefardíes.
Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (con unos 50.000 judíos españoles registrados), se ha mostrado “enormemente satisfecho” y “muy orgulloso de España”. “Se rectifica un error histórico y se hace justicia. Nunca es tarde si la dicha es buena”, ha afirmado. Querub ha explicado además que la federación había pedido hace años al Gobierno una cierta protección legal hacia los sefardíes que viven en países como Turquía o Venezuela, pero que la nueva ley ha ido mucho más allá. "Es la tradicional generosidad española", ha agradecido.
Reconocimiento histórico
La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.
En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los 'antiguos protegidos españoles o descendientes de estos' en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.
