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Los magistrados de la Audiencia, contra la nueva justicia universal

Cinco de los seis instructores critican la norma aprobada por el PP por “ilógica e inconstitucional”

Es la primera vez que ocurre en democracia

Los jueces Javier Gomez Bermudez (d) y Santiago Pedraz (i) a su salida de la Audiencia Nacional de la Calle Prim de Madrid.

Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupción, delitos económicos y terrorismo en España, se han plantado contra la ley que aprobó el PP de urgencia y sin apenas debate en el Congreso de los Diputados para limitar al máximo las competencias en materia de justicia universal e imponer el archivo de los casos abiertos.

Los jueces han decidido resistir y se han negado, de momento, a archivar las causas que llevan instruyendo años. Además, han ordenado en distintos pronunciamientos judiciales la excarcelación de 43 narcotraficantes por el vacío legal que ha provocado la reforma de la ley de justicia universal, según argumentan en sus autos.

Es la primera vez en la historia de la democracia que los jueces instructores de la Audiencia Nacional se unen de esta manera contra una ley, aprobada en solitario por el partido del Gobierno, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países donde no se han juzgado esos delitos.

Los partidos de la oposición y algunos jueces han acusado al Ejecutivo de limitar al máximo la capacidad de instruir causas de justicia universal en España por las presiones del Gobierno chino ante el caso abierto en la Audiencia Nacional a las autoridades chinas por el genocidio tibetano entre 1980 y 1990, donde está imputado un expresidente y un ex primer ministro de ese país. El PP defiende que el único objetivo de su reforma legal es que “a partir de ahora sólo se instruya aquello que se pueda juzgar”, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora “que se instruía lo que no se podía juzgar”. El PP recuerda que 18 años después de que la Audiencia Nacional comenzara a instruir causas de justicia universal —la primera tuvo que ver con la denuncia presentada el 28 de marzo de 1996 por crímenes cometidos por la dictadura militar argentina— “tan sólo se ha podido condenar a un criminal que se presentó voluntariamente para ser procesado”. El PP se refiere a la condena a 640 años de cárcel por genocidio y torturas al exmilitar argentino Francisco Scilingo, acusado de la muerte de 30 personas.

Ni el Gobierno ni el PP quieren replicar públicamente a las denuncias públicas de los jueces instructores y consideran que la polémica terminará cuando el Tribunal Supremo, ante el recurso de la fiscalía, devuelva la efectividad a la nueva ley que los magistrados de la Audiencia no están aplicando.

Fuentes del partido conservador sugieren que la “rebelión” de los jueces sólo obedece a su malestar ante la reforma legal del Ejecutivo que eliminará los jueces estrella al imponer órganos colegiados de tres jueces para instruir las grandes causas.

Los magistrados, que han apuntado en alguno de sus autos a la posible inconstitucionalidad de la ley, niegan que haya una rebelión sino una simple interpretación de la norma.

Eloy Velasco: “Consultaría a expertos y la rectificaría”

Uno de los jueces instructores más conservadores, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, fue uno de los últimos en sumarse a las críticas públicas (no en auto) de otros magistrados: “Yo la rectificaría, consultaría a la gente que tiene experiencia porque con independencia de que la reforma tenía sus fines loables hemos visto los daños colaterales con la suelta de narcobarcos y otros que van a aparecer”.

F. Andreu: “Usan la justicia como moneda de cambio”

Fernando Andreu fue el primero en decidir la liberación de narcotraficantes por la nueva Ley de Justicia Universal, pero han sido sus declaraciones públicas las más rotundas contra la reforma: “Es desmoralizador que se trate a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ‘Te quito esta querella si me tratas bien la deuda’. Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”. “El Constitucional deberá decidir si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”, adelantó.

Santiago Pedraz: “Obliga a un trato desigual a las víctimas”

El juez Santiago Pedraz rechazó archivar la causa abierta por el genocidio de más de 200.000 personas en Guatemala y argumentó que la reforma de la justicia universal podría estar viciada de inconstitucionalidad. Pedraz cita tres artículos de la Constitución que vulneraría la norma, entre ellos el que se refiere al derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales. “Con los cambios legales, ese principio se quiebra porque obliga a dar un trato desigual a las víctimas”.

Pablo Ruz: “La reforma colisiona con los tratados”

El juez Pablo Ruz decidió mantener abierta la causa por torturas en Guantánamo en un auto judicial del pasado 15 de abril en el que señalaba que existe “colisión” entre la reforma legal de la justicia universal “y las obligaciones contraídas por España en virtud de tratados internacionales y que integran nuestro ordenamiento jurídico”. El magistrado censuraba que la reforma legal del PP va incluso en contra del espíritu que recoge su exposición de motivos.

J. G. Bermúdez: “El resultado de aplicar la ley es frustrante”

Javier Gómez Bermúdez excarceló a ocho narcotraficantes en aplicación de la nueva Ley de Justicia Universal que impide a los tribunales españoles actuar contra barcos interceptados en aguas internacionales cuando no hay españoles entre la tripulación, ni el alijo se dirige a territorio nacional. En el auto de excarcelación, el magistrado señaló: “El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante”.

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