Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto

Los informes preceptivos del Poder Judicial y el Consejo Fiscal siguen bloqueados

El Gobierno quiere que la reforma esté en vigor a finales de 2014

El PSOE acusa al ministro de “esconder” el proyecto

Ampliar foto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. Los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, necesarios antes de aprobar el definitivo proyecto de ley en el Consejo de Ministros, están bloqueados en esos organismos.

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro han insistido públicamente en las últimas horas en la intención de seguir adelante con la tramitación de la norma que deroga la actual ley de plazos para sustituirla por una ley de supuestos más restrictiva que la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. Mariano Rajoy se remite al último programa electoral del PP y Gallardón se enrocó este miércoles en el Congreso en la defensa de su proyecto.

El argumento de ambos para justificar la reforma es que se trata de la misma normativa que el PSOE mantuvo 25 años. Gallardón lo explicó así en su respuesta a la socialista Elena Valenciano: “Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto: ¿Cómo es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la protestasen? ¿Cómo es posible que el último Gobierno socialista durante ocho años no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible que ni siquiera introdujeran la propuesta de cambio en el último programa con el que concurrieron a las elecciones?”

El calendario previsto empieza por recibir en junio los informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para llevar el texto de nuevo al Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al Congreso en julio. Para eso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, según confirmó un alto cargo de este departamento, ya tiene previsto que se habilite julio para celebrar varios plenos en los que se incluiría el debate y aprobación de otras leyes en trámite, incluida la del aborto y la Ley Orgánica del Poder judicial, “si para entonces han pasado por el Consejo de Ministros”.

ampliar foto
Gallardón, este martes en el Congreso. EFE

A partir de septiembre se iniciaría el plazo de enmiendas parciales y el resto de trámite de la ley del aborto, con la idea de que pueda salir de las Cortes a final de año. De esa forma, se alejaría en lo posible la polémica norma de las municipales y autonómicas de mayo, en las que el PP se juega su hegemonía territorial, después de que, además, destacados barones regionales hayan cuestionado la reforma legal. Las palabras de Rajoy y Gallardón en los dos últimos días rebaten, en todo caso, la idea de que un mal resultado del PP en las europeas podría hacerles desistir de la reforma legal. Fuentes del Gobierno aseguran que no hay más opción que negociar el contenido con el resto de grupos, pero sin renunciar al principio de la ley de supuestos. Solo una parte de CiU, los diputados de Unió, comparten la derogación de la actual ley de plazos.

El Gobierno tiene previsto matizar la supresión del supuesto de malformación del feto que el anteproyecto supedita al daño a la salud de la madre. Y el Ejecutivo se inclina por introducir esta modificación en el Consejo de Ministros, para intentar negociar luego otros matices en el Parlamento. Pero, en todo caso, manteniendo la ley de supuestos.

El anteproyecto de ley del aborto se aprobó en Consejo de Ministros a finales de diciembre y lleva desde entonces pendiente de los informes preceptivos no vinculantes. Cinco meses después, la ponente conservadora del Consejo General del Poder Judicial aún no ha entregado su proyecto de informe al pleno de la institución. Otros organismos con mayoría y control conservador, como el Consejo Fiscal, no han iniciado aún su discusión. Lo harán justo después de las europeas. Otras leyes mucho más complicadas técnicamente se informan en la mitad de tiempo, como ocurre en este momento, por ejemplo, con la Ley del Poder Judicial, que tiene más de 600 artículos, frente a los 10 de la del aborto.

Gracias a esa demora en los informes, el Gobierno ha sacado de la campaña la polémica reforma. La socialista Valenciano reprochó a Gallardón esta maniobra: “Las elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto, pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si el aborto es legal o no, y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, de sus tácticas electorales, y a eso no hay derecho. Piénselo bien y apelo a su responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando, y por esto la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento?”.

Gallardón le respondió acusándola de desconocer los trámites y se esforzó en explicar que no ha habido tal demora en los informes: “Que un anteproyecto de ley esté siendo informado por los órganos consultivos en un plazo, por cierto, no superior al que tardaron en informar el proyecto de 2010, y calificarlo de esconderlo... Perdóneme, pero está usted ofendiendo al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal”, dijo.

La norma más contestada

El Ministerio de Justicia abrió hace cuatro meses un plazo para que asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios, además de las comunidades autónomas y distintos organismos, remitieran sus alegaciones a la futura ley del aborto, que deroga el actual sistema de plazos y arbitra otro de supuestos, más restrictivo que el de 1985.

Los Gobiernos de Andalucía (la comunidad más poblada de España), Canarias y Asturias han pedido directamente la retirada del anteproyecto de ley, y el de Cataluña se ha mostrado también contrario al texto.

La mayoría de asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios son muy críticas con la reforma y reclaman que, al menos, se incluya el supuesto de malformación fetal en la futura ley. El anteproyecto que aprobó el Gobierno en diciembre establece que no podrá alegarse específicamente esa razón —la presencia de anomalías en el feto— para abortar, supeditándolo a que la mujer pueda probar que la enfermedad del feto le genera a ella un daño psicológico.

Solo las organizaciones antiabortistas han remitido informes favorables al anteproyecto de ley. En cuanto a los organismos oficiales, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo Fiscal han enviado aún sus informes. El CGPJ está partido por la mitad: el sector más cercano al PSOE pide la retirada del texto y el más cercano al PP avala la ley, con matices. Aún no han logrado pactar un texto de consenso.

Más información