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La caja b del PP que todos parecen ignorar

El partido se ha centrado en intentar culpar al extesorero de su sistema de financiación ilegal

La caja b del PP que todos parecen ignorar

Las evidencias de que el principal partido del país basó durante al menos 15 años (1990-2008) una parte de su financiación en una contabilidad b, ilegal, nutrida de aportaciones que se escapaban al control del Tribunal de Cuentas, son la base del caso Bárcenas. Sin embargo ahora las miradas se dirigen casi en exclusiva a si el extesorero del Partido Popular pudo amasar su fortuna en Suiza aprovechándose del partido, algo que ningún informe ha sido capaz de acreditar. Esas lecturas obvian la gravedad del hecho de fondo: de cómo una formación pudo actuar al margen de la legalidad y de las responsabilidades que debería de asumir por ello.

El juez, Pablo Ruz, ha ido acumulando evidencias, sumando testimonios que salpican las decenas de miles de folios que componen el sumario, para demostrar esa contabilidad paralela que en el PP niegan. La investigación ha constatado que en la base de la pirámide estaban las donaciones ilegales que Bárcenas apuntaba meticulosamente en su cuaderno con las que pagaba sobresueldos o abonaba gastos de funcionamiento. El resto lo ingresaba, fraccionado, en una sucursal del Banco de Victoria para que nunca superasen el límite legal de 60.000 euros. Eran donativos ilegales porque rebasaban los límites que la ley establecía y porque supuestamente, tal y como reflejan los papeles, tras ellas estaban empresas que contrataban con la administración cuando el PP gobernaba.

Ese blanqueo de aportaciones se realizó en, al menos, 56 entregas entre 2002 y 2007 por una suma de 1,3 millones de euros de los 7,3 que llegó a anotar, según la documentación oficial entregada a la Fiscalía Anticorrupción. En cuanto a los pagos, las evidencias constatan la veracidad de al menos 55 apuntes de la contabilidad b gracias al testimonio de exdirigentes del propio partido. Fue el caso del exdiputado en Navarra Calixto Ayesa, que reconoció que periódicamente recibía sobres con dinero de manos del también exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. También lo corroboró, entre otros, el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibió un préstamo de 24.000 euros en el año 2000 para arreglar su domicilio tras un atentado de ETA.

El segundo de los autos está fechado el pasado 2 de abril. En él el juez Ruz cita a declarar a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, para este jueves para indagar sobre lo apuntado por la fiscalía: esto es, la existencia de "una eventual distracción de los fondos de la contabilidad paralela o “B” del Partido Popular controlada por el imputado Sr. Bárcenas Gutiérrez en su condición de gerente y después tesorero de la referida formación política, con el consiguiente presunto acrecentamiento en el patrimonio del imputado y de su esposa y también imputada Rosalía Iglesias, a través de determinados movimientos en cuentas bancarias".

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