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El Gobierno acaba con los jueces estrella para los casos estrella

Justicia impone tres jueces para las grandes causas por “seguridad jurídica”

Gallardón, tras el Consejo de Ministros. FOTO: ULY MARTÍN / VÍDEO: ATLAS

Las decisiones sobre la investigación de los grandes casos judicializados —registros, escuchas, imputaciones y tomas de declaración, entre otras— ya no serán adoptadas por un solo juez sino que por tres. Será una investigación colegiada, no unipersonal, como lo es actualmente.

El Gobierno ha decidido variar la fórmula en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial para “incrementar la seguridad jurídica”, según admitió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Y lo hace después de que algunas de las grandes causas judiciales abiertas en España por corrupción hayan desencadenado ruidosas polémicas, como la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos contra el criterio de la fiscalía, o las distintas resoluciones de la juez Alaya en el caso de los ERE que ha provocado protestas del parlamento andaluza ante el Consejo General del Poder Judicial.

Mordaza a valoraciones de magistrados

M. F. , Madrid

“Los jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales”. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por Gallardón incluye la prohibición expresa de hacer declaraciones sobre resoluciones judiciales propias y ajenas. La prohibición se extiende a las asociaciones judiciales que, por ejemplo, este mismo mes avalaron (en el caso de Jueces para la Democracia y del colectivo Francisco de Vitoria) la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no archivar la investigación de la muerte de José Couso.

El portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ya mostró este viernes sus dudas sobre la legalidad de la norma que, a su juicio, “es una restricción del derecho de asociación y del derecho a la libertad de expresión”

Fuentes de Justicia rechazaron que se trate de una medida que coarte la libertad de expresión y la justificaron alegando que servirá para garantizar la independencia de los jueces. “El juez no debe contaminarse al poder ejercer su función jurisdiccional introduciéndose en un debate ajeno que es competencia de otros poderes del Estado”, argumentó el ministro.

No obstante, la prohibición no se extiende a los “comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados”, según la nueva ley. La exclusión se debe a que, de otra forma, se actuaría contra la libertad científica recogida en la Carta de Derechos de la Unión Europea.

En la Audiencia Nacional, donde se investigan los casos de mayor trascendencia, la instrucción colegiada será obligatoria, según la reforma legal del Gobierno. Eso supone reorganizar todo el tribunal. Desaparecerán los seis juzgados de instrucción y sus titulares pasarán a formar parte de una sala formada por secciones de tres magistrados. En esta misma sala habrá otra de enjuiciamiento y, por encima, la Sala Superior, que resolverá los recursos contra las resoluciones de las anteriores y que hasta ahora no existía. No obstante, esta reforma legal no se pondrá en marcha hasta que se apruebe la futura Ley de Planta y Demarcación Judicial, que no se tramitará hasta dentro de dos años. Será en esta ley en la que se marquen los criterios para decidir qué magistrados forman parte de cada sección.

“Con esto queremos promover la agilización del proceso. Los ciudadanos nos reprochan el excesivo retraso de la justicia”, argumentó este viernes Gallardón.

No obstante, los afectados por este importante cambio, los jueces de la la Audiencia Nacional, no comparten el criterio del ministro. Todos los jueces consultados por EL PAÍS han puesto en entredicho la eficacia de la norma e, incluso, algunos plantean dudas sobre su legalidad. “Creo que la reforma tiene difícil encaje en la Constitución e incluso podría ralentizar las causas al obligar a tres magistrados a ponerse de acuerdo en aspectos que hasta ahora veía uno solo”, ha afirmado uno de los magistrados. Otro juez ha idomás allá al considerar la reforma “una ocurrencia más” del Ministerio de Justicia. “Es un ataque en toda regla al Poder Judicial al que cada vez recortan más las alas. Para controlar a los jueces instructores y adoptar decisiones colegiadas ya está la Sala de lo Penal”, órgano superior de la Audiencia, recuerda. “Vamos a pasar de jueces estrella a ser toda una galaxia”, ha ironizado un tercer magistrado al ser preguntado sobre la eficacia de la norma.

La instrucción colegiada se extenderá a los nuevos tribunales provinciales (que acaban con los partidos judiciales) y a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, pero solo en casos de “especial trascendencia”, cuando lo solicite un juez instructor o así lo decida una Sala de Garantías.

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