La fiscalía pide que se suspenda la libertad condicional de Bolinaga

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado esta mañana al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que suspenda la libertad condicional concedida por motivos humanitarios al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga en agosto de 2012 después de su nueva imputación por el asesinato en 1986 del guardia civil Antonio Ramos. El pasado jueves, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó el ingreso en prisión del etarra, después de que se encontrara en los juzgados un expediente extraviado durante 17 años en el que dos compañeros de comando apuntaban a Bolinaga como supuesto autor del crimen, ocurrido en Mondragón (Gipuzkoa). El magistrado Moreno decretó que la medida de prisión se llevara a cabo en el propio domicilio del terrorista, que solo podrá abandonar la vivienda para someterse a tratamiento para el cáncer terminal que padece.

En su escrito, el fiscal recuerda que la medida de prisión provisional tiene que ver con "hechos graves anteriores a la libertad condicional" acordada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el 30 de agosto de 2010. Como consecuencia de ello, "existe una dicotomía entre la medida de prisión provisional y la libertad condicional que venía disfrutando el liberado enfermo".

El fiscal sostiene que la ley no contempla esta situación contradictoria, pero cita jurisprudencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga del año 2000 en la que este órgano acordó la suspensión de la libertad provisional de un penado. La fiscalía distingue la suspensión de la revocación de la libertad provisional, que solo podría acordarse si el recluso no cumpliera las condiciones que le fueron impuestas para salir de prisión. En el caso de Bolinaga, estos requisitos eran, entre otros, no acercarse a sus víctimas, no participar en manifestaciones de legitimación de la violencia, no ausentarse de la residencia que fijara el juzgado y presentarse en los servicios sociales de la prisión de San Sebastián una vez al  mes.

La suspensión que reclama el fiscal duraría, de concederse, hasta que en el caso del asesinato del guardia civil Ramos se decrete una libertad provisional, una sentencia condenatoria o absolutoria o el sobreseimiento de la causa.