Euskadi, a la espera
El profesor Rubio Llorente, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado, lamentaba ayer en un acto celebrado en el Centro de Estudios Constitucionales (CESCO) que su propuesta, de hace año y medio, de ofrecer un cauce legal a la demanda de consulta procedente de Cataluña no se hubiera tenido en cuenta. Lo comentaba con motivo de la presentación por parte del jurista vasco, José María Ruiz Soroa, de otra propuesta en la misma dirección en la que apostaba por esa fórmula con la pretensión explícita de desarbolar el victimismo nacionalista arropado en el “derecho a decidir”.
La coincidencia era completa si se tiene en cuenta, además, que el acto en el CESCO se produjo al día siguiente de que el Tribunal Constitucional considerase inconstitucional la declaración soberanista catalana de enero de 2013 por proclamar a esta comunidad “sujeto político y jurídico soberano”. Pero la sentencia del Constitucional abría, a la par, la puerta, por vez primera, a que la aspiración a la consulta tuviera un cauce por la vía de la legalidad constitucional.
En este sentido, lo que ya parece irremediable para Cataluña por su deriva radical -no hay más que ver la reacción de Artur Mas-, como apuntaba ayer el profesor Rubio Llorente, puede servir para el País Vasco que hoy mismo ha abierto su ponencia de reforma del Estatuto de Gernika, de 1979.
No cabe duda de que los principales líderes de los partidos vascos, como Iñigo Urkullu, del PNV, Patxi López, del PSE y Arantza Quiroga, del PP, van a tener en cuenta el referente de la sentencia del Tribunal Constitucional que cierra el paso a la pretensión de una reforma de la Constitución, a través de la reforma del Estatuto, como hace unos años pretendió el lehendakari Ibarretxe en el País Vasco, hace unos años, y ahora Artur Mas, en Cataluña.
El lehendakari Urkullu estaba comprometido por su programa electoral y a plazo fijo a constituir la ponencia para la reforma del Estatuto de Gernika. Una reforma que en el País Vasco no se materializó tras el fracaso del `plan soberanista de Ibarretxe y que, sin embargo, si se llevó adelante en la mayoría de las comunidades autónomas hace ya ocho años.
Ni Urkullu ni López ni Quiroga tienen prisa para materializarla y menos aún cuando a partir de mayo se abre una cadena de citas electorales que culminan a fines del próximo año. Durante ese tiempo se conocerá en qué ha quedado el proceso soberanista catalán, con un Artur Mas desbordado, lo que se contempla con preocupación por los principales partidos vascos. También se podrá comprobar en qué queda el consejo del Tribunal Constitucional a los poderes políticos españoles para que den cauce legal y democrático a demandas como la consulta catalana.
Dentro del espectro político vasco, solo Sortu apuesta de manera nítida por la vía soberanista del derecho a decidir. El líder del PNV y lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende una reforma basada en un acuerdo transversal porque tiene en la mente el fracaso del Plan Ibarretxe y las graves consecuencias que tuvo para el PNV. Como primera muestra de ello es que el arranque de la ponencia de reforma está pactado entre el PNV y el PSE. Solo el líder guipuzcoano del PNV, Joseba Egibar, pretende abrir el debate sobre el derecho a decidir.
Pero tanto el sector dominante en el PNV como el PSE y el PP van a estar muy pendientes del nuevo juego que ha abierto el Tribunal Constitucional de una reforma de la Carta Magna que ofrezca nuevos cauces legales y democráticos al autogobierno en aquellas comunidades, como la catalana y la vasca, en que existe una amplia demanda.
