Andalucía recurre ante el Constitucional la ley de reforma de los Ayuntamientos

El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso de la Junta contra la reforma local, una ley que entró en vigor el pasado mes de enero y que refuerza el papel de las diputaciones sobre los municipios. Andalucía, primera autonomía que la recurre, calcula que la ley, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones)  puede costar a las arcas públicas solo en esa comunidad 600 millones de euros por el traspaso de competencias municipales. Aunque la objeción jurídica principal, explica Valderas, se centra en "la invasión de competencias autonómicas".

El Estatuto de Andalucía, igual que el catalán, determina que es la autonomía quien tiene "competencias exclusivas", en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, "quedarían prácticamente derogadas", según ha explicado esta mañana Valderas. "El Estatuto es una norma básica y esta ley ha nacido con la oposición de la práctica totalidad del arco parlamentario. Políticamente nace agónica. Es una norma más contable que política que no alcanzará sus objetivos". El vicepresidente andaluz asegura que "ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicación", e insiste en que la regulación "ha abierto un marco de incertidumbre", desde que entró en vigor. Por eso ha pedido al Constitucional que "resuelva cuanto antes", los recursos presentados.

El pasado sábado, los principales partidos de la oposición hicieron público su recurso contra la ley, que pasará a la historia por ser una de las más contestadas de la legislatura de Mariano Rajoy. Representantes de PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Compromís-Equo, de la Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y de la Federación de entidades Locales menores (FEEM), escenificaron su rechazo con un recurso ante el Tribunal Constitucional avalado por 2.000 ayuntamientos, que representan a 15 millones de ciudadanos.

Esta semana se prevé la presentación de otros tres recursos de las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña y Asturias.

El Gobierno defiende que la ley garantizará que los Ayuntamientos no presten competencias que no les corresponden. Ocurre con los servicios sociales, cuyas riendas deberán tomar las comunidades autónomas a través del Plan Concertado de Servicios Sociales. La norma incrementa el poder de las diputaciones: “En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la Diputación coordinará la prestación de servicios de residuos, limpieza, abastecimiento de agua y pavimentación”. Por otro, mantiene que esa “coordinación” debe realizarse “con la conformidad de los afectados”.