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Mas lanza un registro de catalanes en el extranjero para la consulta

El Gobierno catalán abrirá las inscripciones en abril para llegar a tiempo al 9 de noviembre

También podrán registrarse los descendientes de expatriados

El decreto evita citar el referéndum para que no sea recurrido

La Generalitat de Cataluña es plenamente consciente de que el Congreso tumbará el 8 de abril la petición para que el Parlamento catalán asuma las competencias para organizar la consulta soberanista. Por esta razón está planificando ya el escenario de intentar convocar la votación mediante la Ley de Consultas que prepara el Parlamento catalán. Esta vía, que el Gobierno central también prevé recurrir cuando proceda, tiene el problema añadido de cómo configurar el censo electoral. La Generalitat no cuenta con que la Administración central le facilite el suyo, por lo que se ha puesto manos a la obra para elaborar uno propio. Y el objetivo es que pueda votar cuanta más gente mejor. El departamento de Presidencia anunció ayer que en pocas semanas lanzará un registro voluntario para que los catalanes que residan en el extranjero puedan votar en la consulta ciudadana.

El nuevo registro será aprobado por decreto las próximas semanas con el objetivo de que pueda estar operativo ya en abril, según explicaron ayer fuentes del Gobierno. De esta forma, los catalanes residentes en el extranjero tendrán tiempo suficiente para inscribirse y poder votar en caso de que la consulta se acabe celebrando el 9 de noviembre. En caso de que no haya referéndum independentista, el registro se utilizará también para otras consultas ciudadanas que puedan celebrarse en el futuro.

El Ejecutivo de Artur Mas cree tenerlo todo atado para evitar que el registro sea recurrido ante el Tribunal Constitucional. En el proyecto de decreto que desde ayer está en exposición pública no aparece ni una sola referencia a la consulta soberanista. De hecho, entre las finalidades de este archivo ni siquiera se habla directamente de proceso electoral alguno. Solo dice que el registro se utilizará para “conocer las demandas y necesidades de los catalanes residentes en el exterior, para desarrollar las líneas de actuación y los programas adecuados”. También se le dará la utilidad de facilitar a estos catalanes “el ejercicio de sus derechos”.

Oficialmente la Generalitat ni siquiera admite que la finalidad del registro sea facilitar la consulta soberanista. En la exposición de motivos del decreto se señala que está pendiente el desarrollo de la ley autonómica de 1996 sobre las relaciones de la Generalitat con los catalanes residentes en el extranjero. En ese texto ya se hablaba de la necesidad de hacer este registro, pero ningún gobierno lo había considerado prioritario los últimos 18 años. Es justo ahora, en plena preparación de la consulta, cuando la Generalitat saca el proyecto del congelador.

Quienes deseen inscribirse en este registro podrán hacerlo telemáticamente. Los requisitos son ser ciudadano español residente en el extranjero y que su última residencia en España haya estado fijada en algún municipio catalán. También podrán inscribirse los descendientes de estos ciudadanos que conserven la nacionalidad española.

Se desconoce cómo votarán los catalanes que viven en el resto de España

Para garantizar el voto a los catalanes residentes en Cataluña, la vía parece más sencilla. Los planes de la Generalitat para convocar una consulta sin utilizar el censo electoral pasan por recurrir a los datos que tiene en su poder el Instituto de Estadística de Cataluña. En principio, se ha desestimado pedir la colaboración de los Ayuntamientos, pues algunos de los que gobierna el PSC y el PP ya han dicho que no piensan colaborar con una consulta que consideran ilegal. Además, utilizar datos de los Ayuntamientos podría aumentar los problemas de protección de datos. Lo que no ha aclarado aún la Generalitat es cómo prevé que voten los catalanes que viven en el resto de España.

De momento, el Gobierno catalán y los partidos soberanistas están volcados en preparar el debate del Congreso previsto para el 8 de noviembre. Artur Mas, que no acudirá a las Cortes para defender la petición de referéndum del Parlamento catalán, abogó este jueves por un debate “sin broncas ni aspavientos”.

El presidente catalán quiere que el debate sirva para hacer cierta pedagogía acerca de los elementos que han llevado al catalanismo moderado a pasarse en los últimos años al independentismo. “Lo único que pedimos es que se nos escuche, que dejen por un día los gritos, la descalificación y la campaña que alimenta el miedo, y que simplemente escuchen la forma de explicarse de Cataluña y su realidad”, pidió a los diputados del Congreso.

Pasos hacia el referéndum

En el último año y medio, el Gobierno y el Parlamento catalanes han ido tomando medidas para caminar hacia una consulta de independencia. Estas son las principales:

27/9/12. El Parlamento catalán aprueba una resolución a favor de que “Cataluña decida su futuro a través de una consulta, prioritariamente en la próxima legislatura”.

23/1/13. La Cámara catalana declara que “el pueblo de Cataluña” es un “sujeto político y jurídico soberano” por “razones de legitimidad democrática”, y acuerda “iniciar el proceso”.

8/5/2013. El Parlamento catalán crea la comisión del derecho a decidir, encargada de “analizar todas las alternativas” para hacerlo efectivo.

5/11/2013. La Generalitat incluye en los Presupuestos de 2014 una partida de cinco millones para la “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”. La vicepresidenta, Joana Ortega, admite que es una partida para organizar la consulta y afirma que será ampliable “hasta donde sea necesario”.

El Parlamento catalán aprueba el proyecto en enero de 2014.

12/12/2013. El presidente catalán, Artur Mas, anuncia la fecha de la consulta (9 de noviembre) y las dos preguntas que incluirá.

16/1/2014. El Parlamento catalán aprueba reclamar al Congreso la competencia para “autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña”.

20/3/2014. La Generalitat anuncia que va a crear un censo voluntario de catalanes en el extranjero para votar en la consulta.

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