Luis, Magdalena & Christine
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que Magdalena Álvarez, vicepresidenta de Transporte, una de las ocho vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tendrá que marcharse de la entidad si es "imputada en firme" en el caso de los ERE de Andalucía. En tal caso, recordó el ministro, el codigo de conducta de la institución es incompatible con su continuidad en el cargo. Pero el BEI, ha precisado, no adoptará ninguna medida hasta que se aclare si es imputada o no. La ex ministra de Fomento del gobierno Zapatero fue contratada a mediados de junio de 2010 por el BEI, que tiene reservada esa plaza para un ejecutivo de España y Portugal, alternativamente, por un periodo de seis años. Es decir, hasta 2016.
El Código de Conducta del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones no establece a lo largo de sus doce páginas ninguna referencia a la situación procesal de sus ejecutivos. En su punto número 1.4 establece lo que llama las "Normas básicas de conducta". Entre ellas se apunta en primer término el "cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes".
Pero dicho texto debe ser leído conjuntamente con el documento Regulaciones del Staff, que explícitamente se aplica también al Comité de Dirección.
El artículo 39 señala: "En caso de una falta grave que puede implicar el despido inmediato, el Presidente podrá suspender al directivo de sus funciones por un período máximo de tres meses".
Y añade: "Lo mismo se aplicará cuando dicho directivo ses imputado por un delito cuya pena máxima es la de muerte, el encarcelamiento o la pérdida de los derechos civiles, en cuyo caso la suspensión podrá ser prorrogada hasta que se alcance la sentencia final".
Asimismo, precisa: "La suspensión de las actividades puede implicar la suspensión de la remuneración...."
En resumen: la imputación es el dato esencial.
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, integrada por los magistrados Javier González Fernández (ponente), Juan Romeo Laguna, Esperanza Jiménez Mantecón y Enrique García López-Corchado, estimó, el 25 de octubre de 2013, que el auto de imputación de la juez Mercedes Alaya, (28 de junio de 2013) debía ser anulado por la falta de una motivación suficiente sobre la participación de Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en los hechos presuntamente delictivos del caso de los ERE.
El tema central desde el punto de vista penal es éste: el sistema legal diseñado (las llamadas transferencias de financiación), ¿fue, como dicen los magistrados de la sección séptima que afirma la juez, ideado ex profeso por Magdalena Álvarez para delinquir o perpetrar una actividad delictiva?
Si se trata de esto, apuntan, falta señalar los indicios que fundamentarían tal hipótesis "sugerente".
La juez Alaya elaboró pocos días después, el 31 de octubre, un nuevo auto de imputación en respuesta a la resolución de la sección séptima. La juez insiste en el carácter presuntamente delictivo de la actuación de la ex consejera.
El nuevo auto, asimismo, fue recurrido por la defensa de Magdalena Álvarez.
La sección ha fijado el 23 de abril próximo para deliberar sobre el recurso. Por tanto, la imputación no es todavía firme.
En su auto de 31 de octubre, la juez Alaya indica que "el final de la instrucción no está lejos, más bien al contrario, pero todavía queda un trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse, sino por los contenidos que han de incorporarse a la causa para completar la investigación a fin de determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos de los aforados señalados, con la aportación en su caso de los indicios o principios de prueba que lo fundamente".
Y en esta fase de "final de la instrucción", la juez, sin esperar a que se confirme (o se anule) su segundo intento de imputación de la ex consejera, ha dictado un nuevo auto el pasado 12 de marzo por el cual ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 29,5 millones de euros. También ha decretado fianzas para dos de sus excolaboradores. Es una señal, implícita, dirigida a la sección séptima de que el procedimiento sigue adelante a toda máquina.
Les hace más difícil a los magistrados, por así decir, tumbar otra vez la imputación.
Aunque la fecha para deliberar ha sido fijada para el 23 de abril próximo, está por ver si la sección séptima aplica una norma no escrita del Tribunal Supremo según la cual las resoluciones judiciales no deben interferir en los procesos electorales. Porque en tal caso aplazaría para después de las elecciones europeas del 25 de mayo la decisión.
Existe información en el sentido de que si se confirma el auto de imputación de Magdalena Álvarez, la juez Alaya elevará con toda celeridad al Tribunal Supremo una exposición motivada para pedir la imputación de personas aforadas que, según la magistrada, habrían participado en los hechos delictivos: Manuel Chaves, José Antonio Griñan, José Antonio Viera entre otros.
Las elecciones europeas y el BEI
La recta final de la instrucción del caso de los ERE coincide, pues, con las elecciones europeas del 25 de mayo. Una eventual confirmación de la imputación de Magdalena Álvarez, ¿llevaría a su suspensión o salida inmediata del Banco Europeo de Inversiones? Desde luego, el hecho tendría cierto impacto en la precampaña y campaña de las elecciones del 25-M. El BEI podría dejar, también, el asunto para después de las elecciones.
La situación de Magdalena Ávarez evoca, a su vez, otras situaciones procesales.
La de Christine Lagarde, ex ministra de Economía del gobierno Sarkozy y actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lagarde está implicada en una investigación judicial en Francia por la indemnización de 407 millones de euros que el Estado francés pagó al empresario Bernard Tapie por su reclamación al banco nacionalizado Credit Lyonnais por una operación de reventa de la empresa Adidas.
Pero la situación procesal de Lagarde es diferente a la de Magdalena Álvarez. La directora gerente del FMI ha sido declarada en situación de testigo asistido (témoin assisté) en mayo de 2013. Si bien está implicada en las diligencias judiciales no tiene calidad de imputada o inculpada (inculpation, más tarde mise en examen).
Precisamemente, el Gobierno francés modificó en 1987 el Código Penal y, más tarde, en 2000, volvió a dar otra vuelta de tuerca con la ley que refuerza la presunción de inocencia. Se introduce así una figura intermedia entre el simple testigo y el inculpado o imputado. La idea es evitar el oprobio o la estigmatización de la persona investigada de manera preliminar. Una persona puede ser declarada en situación de testigo asistido cuando "contra ella existen indicios que hacen verosímil que pueda haber participadp, como autor o cómplice, en la comisión de infracciones". Para pasar de testigo asistido a imputado/inculpado en la instrucción de una causa "los indicios tienen que devenir graves o consistentes".
Esa situación de Lagarde ha impedido su relevo al frente del FMI.
El banquillo se mueve
También existe otra dimensión en el caso de Magdalena Álvarez. El puesto que tiene, una de las ocho vicepresidencias del Comité de Dirección, es muy buscado. El sueldo es de 22.963 euros mensuales, a lo que se añade un 15% de esta cantidad como gastos de compensación por alojamiento, y otros mil euros mensuales de gastos de representación. Además, por cada año de servicio Álvarez adquiere el derecho a una pensión equivalente al 4,275% de su salario base a partir de los 65 años.
El contrato suscrito dura hasta mediados de junio de 2016, fecha en que previsiblemente el puesto será ocupado por un directivo de nacionalidad lusa.
Por tanto, si Magdalena Álvarez tiene que abandonar será una persona de nacionalidad española, propuesta por el Gobierno de Rajoy, quien ejercería el cargo durante los casi dos años que restan para completar el plazo de seis.
Y aquí entra la situación del ministro de Economía Luis de Guindos y de su equipo.
Fuentes gubernamentales señalan que en la reciente cumbre del Partido Popular Europeo, en Dublín, Rajoy ha conseguido negociar dos puestos en la futura estructura de la Comisión Europea, a cambio de dar el voto de los delegados europeos del PP al cabeza de lista de la formación conservadora en las próximas elecciones europeas Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo y ex presidente del Eurogrupo, la entidad que reúne a los países de la Eurozona dentro de la Unión Europea.
Uno de esos puestos corresponde a una comisaría en la Comisión Europea. El comisario Joaquín Almunia dej su cargo, en septiembre próximo, pero España contará con un comisario en la nueva Comisión.
El segundo se refiere a un nuevo puesto de nueva creación: presidente del Eurogrupo. Hasta el momento, el cargo era ejercido por el ministro de Finanzas de uno de los países miembros, como es el caso en estos momentos del ministro holandés, Jeroen Dijsselbloem Pero existe consenso para que dicha misión de coordinación sea cumplida por un profesional a tiempo completo.
Y el candidato sobre el que existe consenso, según se ha prometido en Dublín, es Luis de Guindos. El cargo no está creado pero existe el compromiso para iniciar su andadura en septiembre próximo, cuando la nueva Comisión Europea comience su actividad.
En este contexto, los colaboradores del ministro de Economía han comenzado a mover ficha. El secretario de Estado de Ecoinomía, Fernando Jiménez Latorre, por ejemplo, marcha al FMI en noviembre próximo para ocupar el puesto de director ejecutivo alterno.
Y el BEI está ahora en la mira.
Uno de los posibles aspirantes es el secretario general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa.
Los tiempos tienen su importancia. Los colaboradores de De Guindos saben que mientras él siga al frente del Ministerio de Economía su influencia puede ser decisiva para la obtención de ciertos cargos relevantes.
