La familia de un príncipe saudí lleva al banquillo a un ejecutivo catalán por estafa

Saad bin Abdul Aziz bin Abderramán Al Saud, hermano del rey de Arabia Saudí, tenía una especial querencia por Cataluña. Visitó por primera vez Barcelona para someterse a un tratamiento ocular a finales de los años setenta. Desde entonces empezó a adquirir propiedades, hasta hacerse con un notable patrimonio: dos viviendas en la zona alta de Barcelona y seis fincas en el interior de Cataluña, donde se erigen los castillos de Rocafort y Rocabruna, y en las que construyó unas caballerizas para acoger caballos de pura raza. Pero su apoderado lo vendió todo a su muerte y, ahora, los herederos del príncipe piden que devuelva el dinero; la fiscalía, por su parte, le acusa de estafa y pide para él una pena de cinco años de prisión.

En 1989, el príncipe saudí dio todos los poderes para gestionar sus propiedades a un directivo hotelero con el que había trabado amistad durante su primera visita, mientras se alojaba en el hotel Princesa Sofía. El hombre era subdirector del establecimiento, pero dejó el cargo por la oferta del príncipe, con el que trabó una intensa amistad. Cuatro años después, Saad bin Abdul Aziz falleció. Y el directivo hotelero decidió deshacerse de las propiedades: las viviendas de Barcelona las vendió a dos personas y las fincas de la comarca del Bages a una familia rusa, según avanzó ayer La Vanguardia.

Los herederos del príncipe saudí interpusieron una querella contra el directivo por estafa. Diez años después, el caso está a un paso de llegar a juicio. La fiscalía considera que la venta de las propiedades fue ilícita y que los poderes del directivo ya no eran válidos entonces. En su escrito de calificación, la fiscal pide cinco años de cárcel para el hombre por estafa y reclama que devuelva a los herederos los cerca de siete millones de euros que logró con las ventas. Además, solicita otros tres años para su mujer por receptación y pide que devuelva 415.000 euros que retiró, presuntamente, de las cuentas de gastos del príncipe saudí. La fiscal exculpa, en cambio, a los compradores de las fincas, al considerar que actuaron de buena fe.