La promesa incumplida del ministro

Gallardón indultó a siete cargos públicos o funcionarios por delitos de corrupción

El ministro dijo ayer que nunca lo ha hecho, pero hay varios casos que lo desmienten

El titular de justicia alega ahora que se refería solo al enriquecimiento de políticos

Corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Corromper: “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Apoyado en estas dos definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó el miércoles —y reiteró hoy jueves— que no ha concedido ningún indulto en casos de corrupción, y que no lo hará nunca. En realidad, su ministerio ha concedido en estos dos años media docena de indultos a cargos públicos o funcionarios municipales condenados por delitos de malversación de fondos o prevaricación urbanística. Pero Gallardón sostiene que eso no es estrictamente “corrupción”, porque los condenados no se llevaron el dinero a su bolsillo.

“Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”, dijo el ministro a última hora del miércoles, durante una conferencia ante estudiantes de Derecho de la escuela superior Esade, en Barcelona. Hoy, a media mañana, varios partidos de la oposición (PSOE, IU, ERC, UPyD, Compromís) y la asociación Jueces para la Democracia lo habían tachado ya de mentiroso, señalando que Justicia sí ha concedido indultos en casos de corrupción.

El propio ministerio, a través de un portavoz oficial, admitió más tarde que, entre los 691 indultos concedidos en 2012 y 2013, hubo diez en casos catalogados como “delitos contra la administración pública”; de ellos, siete están relacionados con malversación o prevaricación (el resto son delitos de otro tipo pero vinculados con el trabajo público). Aun así, Gallardón sostuvo que él no había mentido, porque la malversación y la prevaricación no siempre implican, dijo, corrupción.

“La corrupción no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal”, afirmó el ministro. “Lo que me preguntaron ayer [en la conferencia en Barcelona] es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser”, añadió. Esa respuesta de Gallardón el miércoles se entendió como un anuncio de que no indultará al exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a prisión por tráfico de influencias.

De los siete indultos concedidos por malversación o prevaricación en estos dos años, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y ex número dos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que evitó la cárcel tras ser condenado —en el llamado caso Treball— a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación en la adjudicación de informes a varias empresas. Hay también tres ediles y un exalcalde del PP de un municipio malagueño indultados tras ser condenados por conceder licencias de obra sin proyecto arquitectónico. Y otros dos casos de malversación menor (ver cuadro). Además, el Gobierno indultó a un cargo de la subdelegación del Gobierno en Cáceres que había estafado a inmigrantes cobrándoles dinero por falsos permisos de residencia (este último caso no está incluido en los diez catalogados como "delitos contra la administración pública" por el ministerio).

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, acusó a Gallardón de faltar a la verdad porque ha concedido, dijo, “bastantes” indultos en casos de corrupción, y abogó por una reforma legal que los prohíba en esos casos. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Tardà, de ERC, afirmaron directamente que “el ministro miente”. Y Rosa Díez, de UPyD, registró esta pregunta parlamentaria al Gobierno: “¿No considera el Gobierno el delito de malversación como un delito asociado a la corrupción?”. También la asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que arremete contra el ministro por no decir “la verdad” y reclama una reforma de la ley de indulto.

Informes inútiles, licencias ilegales

V. G. C.

El Gobierno del PP concedió 501 indultos en 2012 (rechazó 6.995) y 190 en 2013 (rechazó 6.776). De ese total de 691 indultos concedidos, diez son de “delitos contra la administración pública”. Tres de estos, sin embargo, no tienen que ver con corrupción: son por desobediencia, denuncia falsa y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los otros siete:

‘Caso Treball’.Josep Maria Servitje, de Uniò Democràtica y ex número dos de Trabajo en la Generalitat de Cataluña, fue indultado en marzo de 2012 y evitó así entrar en la cárcel. Había sido condenado a cuatro años y medio por prevaricación y malversación. Según el tribunal, él y el resto de condenados habían pagado años atrás 7,6 millones de pesetas (46.158 euros) a varias empresas a cambio de la elaboración de varios informes sin ninguna utilidad, con el objetivo de que el empresario beneficiado “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros". Ese empresario también era militante de Uniò, de modo que en el caso sobrevoló desde el principio la sospecha de que detrás pudiera haber una vía de financiación irregular del partido (no determinada por el tribunal).

Exalcalde del PP. Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP de Abdalajís (municipio malagueño de 2.700 habitantes), y otros tres ediles de ese partido fueron indultados en julio de 2012. Habían sido condenados a prisión por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004, cuando concedieron licencias de obra ilegales (sin proyecto arquitectónico) a locales comerciales. Los grupos municipales de PP, PSOE e IU pidieron el indulto por entender que no había habido intencionalidad ni lucro.

Apropiación de bienes embargados. El Gobierno indultó el pasado septiembre a una funcionaria y miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. Había sido condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos, al sustraer un coche procedente de un embargo y del que era depositaria. 

Malversación impropia. Otra funcionaria, esta del Ayuntamiento de Alicante, fue indultada de la pena impuesta por expedir un informe de servicios sociales a una persona con la que tenía una relación.

Venta de permisos falsos a inmigrantes. En mayo de 2012 el Gobierno rebajó la pena mediante un indulto a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes (las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros). El ministerio rebajó la pena de prisión de dos años y seis meses a dos años, lo cual impide el ingreso en la cárcel cuando no hay antecedentes. Este indulto no está incluido en los diez catalogados por el ministerio como "delitos contra la administración pública", porque pertenece al ámbito de los delitos de falsedad.

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