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Más de 2.000 municipios se suman al recurso contra la reforma local

Los Ayuntamientos creen que la ley vulnera sus competencias constitucionales

Pleno de 2013 del Ayuntamiento de Vigo, uno de los que se ha sumado al recurso. EFE

El PP ha logrado algo difícil: aunar la voluntad de más de 2.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) contra una de las reformas estratégicas del Gobierno: la ley local que entró en vigor el 1 de enero. Ese es el número de plenos que a estas alturas ya se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, según el Ejecutivo, recortará 8.000 millones. El recurso ataca que la reforma no respete “la configuración constitucional de la autonomía local, recogida en los artículos 137 y 140 de la ley fundamental”. “Crea dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados en convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios [...] Desapodera a los pequeños y establece controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación”.

La cifra de Ayuntamientos opositores seguirá creciendo en las próximas semanas hasta apurar el plazo (termina el 31 de marzo) de la impugnación. Sus promotores, PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD, aseguran que han superado con creces los requisitos legales, que exigían el acuerdo de 1.160 consistorios que representasen una sexta parte de la población española (7,8 millones). “Calculamos que al final rebasaremos los 3.000, con más de diez millones de ciudadanos”, asegura el diputado socialista Gaspar Zarrías, quien cree que la norma es un instrumento “pensado para dar entrada al sector privado en la gestión de los servicios públicos y poner todo el poder en manos de las diputaciones”.

Una de las últimas mociones la firmará el próximo día 14 el Ayuntamiento de Barcelona (CiU). Por ser el de mayor población se encargará de canalizar hacia el Constitucional las impugnaciones. El diputado de CiU y edil en Roses (Girona) Carles Pàramo lo resume así: “Los concejales del PP nos dicen con la boca pequeña que también cruzan los dedos para que tumbemos la ley”. En su municipio, la moción de apoyo al recurso ha salido adelante gracias a la abstención de los concejales conservadores. La iniciativa también ha fructificado con los votos del PP en una docena de localidades como Chipiona (Cádiz) o en municipios donde el PP gobierna sin mayoría, como Alcalá o Getafe (Madrid), evidenciando la irritación de los alcaldes. En Galicia, donde los alcaldes populares amenazaron con un motín, el Gobierno autónomo de Alberto Núñez Feijóo (PP) ha conseguido aplacar sus críticas preparando a toda prisa una ley de medidas urgentes que evite “resultados indeseables o disfuncionalidades” en los servicios.

En Cataluña el recurso ha conseguido 724 apoyos, y los partidos esperan “otros 200”, según el pronóstico de Manuel Fuentes, responsable de política municipal de IU. En Madrid las adhesiones aglutinan poblaciones con más de un millón de habitantes.

Zaragoza abre un frente por las competencias

Primero fue la pelea por aclarar los topes en los sueldos de los alcaldes y ahora la reforma local ha abierto la espita de una guerra de competencias entre Administraciones.

El Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Juan Alberto Belloch (PSOE), ha enviado al Gobierno de Aragón (PP) un informe para aplicar de forma “pacífica y progresiva” la norma. El documento, que enumera servicios que dejarían de ser competencia del municipio, está desatando una agria polémica, que amenaza con extenderse a otros Ayuntamientos. Belloch reclama 113 millones por seguir haciéndose cargo de la casa de la mujer, los programas de juventud, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el servicio de animación sociocomunitaria, los 31 centros de convivencia de personas mayores, el conservatorio de música, la escuela de danza, las oficinas de atención al consumidor e incluso por la gestión de los taxis. La Universidad Popular, la escuela de jardinería, el programa de erradicación del chabolismo o el centro de prevención de adicciones también entrarían, según el Ayuntamiento de Zaragoza, en la lista de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma y que, con la ley en vigor, necesitan financiación específica del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. 726 personas trabajan para prestar estos servicios.

El consistorio, que no ha recibido ninguna respuesta a su reclamación, acaba de sumarse al recurso de inconstitucionalidad planteado ya en más de 2.000 Ayuntamientos.

La batalla política entre Administraciones gobernadas por partidos distintos subyace a esta reclamación de competencias y se extiende a pueblos pequeños. Malagón (8.556 habitantes, Ciudad Real), junto a Bolaños de Calatrava, Almodóvar del Campo y Villarrubia de los Ojos, gobernados por el PP en la misma provincia, han exigido por carta a la Diputación, en manos del PSOE, que deje de pasarles la cuota del servicio de bomberos. Otro ejemplo está en Alicante, donde el municipio de El Campello, gobernado por el PP, ha congelado las ayudas al transporte para jóvenes que estudian fuera.

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