Justicia renuncia a delegar el Registro Civil en el Colegio de Registradores

El colectivo exigía cobrar aranceles, y el ministerio quiere mantener la gratuidad

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa el pasado diciembre.

Un año de negociaciones —y de polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó este lunes con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis: exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites; y el ministerio ya se había comprometido a mantener la gratuidad del servicio.

El Registro Civil, que tramita cada año 1,4 millones de asuntos gratuitos para los ciudadanos —inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidad, adopciones, tutelas, cambio de apellidos— está adscrito desde el siglo XIX a la administración de justicia. Hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales) al frente de cada oficina de registro; y, en total, 4.800 funcionarios judiciales se ocupan de esas labores (en exclusiva o compatibilizándolas con las judiciales), según Justicia, que no precisa cuántos son jueces.

En diciembre de 2012, el ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón anunció que iba a cambiar la ley para dejar el Registro Civil en manos de los 1.000 registradores de la propiedad y mercantiles que hay en España, con el fin de “desatascar los juzgados” liberándolos de ese trabajo “administrativo”. Fuentes de Justicia aseguraron entonces que los trámites “obligatorios” para los ciudadanos —sobre todo, inscripción de nacimientos y defunciones, el 80% del total— seguirían siendo gratis. Distintos colectivos, sin embargo, vieron en ese anuncio el primer paso hacia la privatización. Los registradores, como los notarios, son un híbrido entre funcionarios públicos (dependen del Gobierno) y trabajadores privados (se financian con aranceles).

El ministerio renunció definitivamente, hace cuatro meses, a cobrar arancel alguno en el futuro Registro: aseguró que todos los trámites, obligatorios o no, seguirían siendo gratis. Así se lo dijo a los registradores, según confirman ambas partes. El acuerdo parecía hecho en febrero —el decano del Colegio de Registradores llegó a comunicar a sus afiliados por carta que iban a hacerse cargo del Registro Civil—. Pero el pasado lunes, según fuentes de Justicia, el Colegio volvió a exigir que se le permita cobrar aranceles; Justicia se negó y dio por acabada la negociación.

Ayer, fuentes del Colegio de Registradores se limitaron a señalar que “para prestar a los ciudadanos un servicio público de calidad y lograr un Registro Civil más eficiente”, es necesario asegurar, entre otras cosas, “una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil”.

Justicia ha roto con el Colegio de Registradores, pero eso no quiere decir que el Registro Civil vaya a seguir en manos de funcionarios judiciales. Responsables del ministerio afirman que están “explorando otras fórmulas”.