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El Supremo manda al banquillo a un senador de Coalición Canaria

Miguel Zerolo encargó unas obras sin concurso y pese a las advertencias de los funcionarios

María Fabra

El Tribunal Supremo ha decidido mandar al banquillo al senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (Coalición Canaria), imputado por un posible delito de prevaricación por unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.

La fiscalía presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo. Tras la investigación, el instructor, el magistrado Luciano Varela, ha ordenado abrir juicio oral contra Zerolo, su teniente alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y contra el funcionario Joaquín Castro.

El auto señala que Zerolo pudo dictar resoluciones conociendo que eran contrarias a la ley que regula el régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento. Los hechos se remontan a 2003 cuando el ahora exalcalde y senador contrató las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exige la ley y sin atender a los reparos de los inspectores.

El magistrado sostiene además que sorteó las advertencias de los funcionarios mediante un contrato de "mantenimiento" irregular pese a que las obras sobrepasaban con mucho este concepto de "mantenimiento",  y que el coste de sus trabajos exigía un concurso para su adjudicación.

La Intervención del Ayuntamiento presentó reparos a que en estas se computaran todos los trabajos obviando las cantidades abonadas por cada uno de ellos, y señaló discrepancias entre el valor de factura y las unidades de obra realizadas.

Según las acusaciones, el entonces alcalde sorteó esos y otros reparos siendo plenamente consciente de la ilegalidad, patente no solo porque lo decían los funcionarios de la Intervención, sino también porque cualquiera que estuviera habituado a la actuación municipal debía saberlo.

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