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El PP impone un trámite ultrarrápido para archivar la justicia universal

Presenta un escrito en el Congreso para que la ley esté en vigor a finales de marzo

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Protesta de fotógrafos en el Congreso, el 9 de abril de 2003, en presencia de Aznar, por la muerte en Irak de Julio Anguita Parrado y José Couso.

El PP ha decidido imponer una tramitación ultrarrápida a su proposición de ley que elimina casi por completo la llamada justicia universal. Con su mayoría absoluta hará que a finales de marzo estén archivados una docena de sumarios que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el Tíbet y el de la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso.

Los populares han presentado este lunes un escrito en el Congreso para acelerar hasta el límite legal los plazos de tramitación de su proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que suprime la capacidad de la justicia para actuar fuera de España.

Una docena de sumarios con fecha de caducidad

La entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supondrá el inmediato archivo de una docena de sumarios y, según fiscales de la Audiencia Nacional, dificultará su actuación en casos de interceptación de buques con drogas en aguas internacionales, terrorismo internacional y lucha contra la pederastia, entre otros.

En el Juzgado Central de Instrucción 1, de Santiago Pedraz, se archivará el caso Couso y el del genocidio en Guatemala. En el 2, de Ismael Moreno, los del genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. En el 3, de Javier Gómez Bermúdez, el del caso Vielman. En el 4, de Fernando Andreu, los de los crímenes de guerra en Irak y el genocidio de Ruanda. En el 5, de Pablo Ruz, los de las torturas en Guantánamo, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria. Y en el 6 Eloy Velasco dará carpetazo al asesinato de Ignacio Ellacuria y otras siete personas en El Salvador.

El Ministerio de Justicia decidió utilizar la vía de la proposición de ley del Grupo Popular, para evitar así el trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, entre otros. Si hubiera usado la vía de proyecto de ley del Gobierno, la reforma no habría entrado en vigor antes de verano y, además, hubiera tenido que estar sometida a la polémica pública. La intención del Gobierno, según admite el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, es evitar conflictos diplomáticos, especialmente el abierto con China por la persecución de varios exdirigentes acusados de genocidio en el Tíbet.

Una vez finalizado el plazo de enmiendas, la reforma se incluirá directamente en un pleno para su aprobación en lectura única y remisión al Senado. Es decir, se evita el trámite en comisión, con debate y votación de las enmiendas, para ir directamente al pleno.

El artículo del Reglamento del Congreso invocado por el PP asegura que “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomado en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única”.

Añade que, “adoptado tal acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, sometiéndose seguidamente el conjunto del texto a una sola votación”. Y “si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y se remitirá al Senado. En caso contrario, quedará rechazado”. La Cámara alta, en lugar de dos meses, dispondrá de 20 días para enmendarlo o aprobarlo definitivamente.

Si el PP hace lo mismo en el Senado (lectura única), el texto no se podrá enmendar, sino solo vetar con mayoría absoluta, y los plazos de enmiendas se reducirán a la mitad: ocho días para el primero y cuatro para las ampliaciones que se acuerden, aunque es probable que no se amplíe el plazo demasiado.

El cálculo del PSOE, que con el resto de los grupos rechaza la proposición de ley, es que el PP lo querrá aprobar en el pleno del 13 de marzo, para que el Senado lo pueda aprobar antes de acabar el mes.

Según dicha reforma, los jueces españoles solo serán competentes para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.

Solo el PP votó el martes en el pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley. El PSOE anunció su intención de recurrirla al Constitucional, por considerarla contraria a los tratados internacionales, que tienen la misma fuerza que la Constitución. También ha provocado malestar en fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, que pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad al verse obligados a archivar las causas afectadas.

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