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La infanta Cristina exhibe su “confianza” en Urdangarin para desligarse de Nóos

El juez Castro hizo 400 preguntas a doña Cristina en cinco horas de interrogatorio

“No sé” y “no me consta”, fueron las respuestas más frecuentes de la hija del Rey

La imputación de la Infanta no se resolverá de inmediato, según fuentes judiciales

Fueron más de cinco horas de interrogatorio y 400 preguntas ante el juez José Castro, además de hora y media con el resto de letrados. Así acabó la primera declaración como imputado en una causa de un miembro de la Familia Real española. La infanta Cristina se desvinculó ayer sin matices de la gestión de la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, así como de la actividad del Instituto Nóos.

“No sé”. “No me consta”. “Yo confiaba en mi marido”, recalcó la hija del Rey, quien respondió con evasivas a la mayoría de las preguntas del juez Castro. Sus abogados defensores, guiados por un Miquel Roca con decenios de oficio ante cámaras y micrófonos, proclamaron el “éxito” de la declaración de la Infanta y calificaron de “taxativas” sus respuestas. Aprovecharon la ocasión también para restablecer el argumento de que doña Cristina fue tratada en condiciones de igualdad y que había sido una gran jornada para la justicia. El juez Castro, quien abandonó el juzgado en silencio en su moto, no quedó tan satisfecho como los abogados de la imputada, según fuentes próximas al magistrado.

Los momentos posteriores a la declaración de la Infanta, que abandonó el juzgado mediada la tarde (a las 18.12 para ser exactos), se convirtieron en una búsqueda de respuestas sobre, precisamente, las respuestas de la infanta. ¿Contestó a todo cuanto se le preguntó? ¿Fue precisa en sus manifestaciones? Naturalmente, la atención estaba concentrada en las cinco horas ante el juez José Castro, porque se dio por supuesto que las preguntas del fiscal Pedro Horrach y de la Abogacía del Estado resultarían menos incisivas. El interrogatorio del juez fue intenso y no se limitó a cuestiones relacionadas con facturas, gastos o ingresos. El instructor también le preguntó sobre el papel del Rey en relación a las finanzas familiares y sobre el veto que el Monarca impuso a la actividad privada de su marido, Iñaki Urdangarin, uno de los principales encausados. Hasta 400 preguntas le hizo el instructor a la Infanta. Castro le exhibió decenas de facturas, firmas, contratos y notas de gastos de la trama comercial y privada de la familia, del Instituto Nóos (una entidad supuestamente sin ánimo de lucro) y de la sociedad patrimonial Aizoon, donde las acciones se las repartían los cónyuges a partes iguales.

El juez Castro se mantuvo firme en en su posición de que la hija del Rey puede estar relacionada con indicios que conforman delitos de blanqueo de dinero y de fraude fiscal a partir de fondos generados por las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, y de su socio Diego Torres. La Infanta rechazó de plano toda relación y conocimiento de los hechos y esgrimió la confianza depositada entonces en su marido. Esa fue la tesis central de la defensa, Urdangarin hacía y deshacía y ella, su esposa, firmaba. Su abogado defensor relató que era ama de casa, con cuatro hijos, trabajadora de La Caixa y con obligaciones oficiales que le forzaban a realizar 100 viajes al año, dos por semana, sin tiempo para estar atenta a las finanzas de su marido.

Castro se extendió en indagar el papel que jugó la hija del Rey en los supuestos negocios sucios de su marido. Ella dijo que entró en la directiva de Nóos para promocionar el deporte y señaló que su esposo y Diego Torres eran las personas responsables del instituto. No conocía, manifestó, el papel que jugaba en el organigrama Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, ni sabía del contenido de los correos que éste mantuvo con su marido.

Uno de los momentos más intensos del interrogatorio del juez fueron las preguntas sobre el préstamo 1,2 millones que don Juan Carlos hizo a su hija para comprar el palacete de Pedralbes. Aunque el juez centra las sospechas sobre la infanta en la comisión de sendos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el uso de los fondos generados en la empresa familiar Aizoon, llevó su interrogatorio más lejos. Castro profundizó en la raíz del caso, en la presencia de Cristina de Borbón en la junta directiva del Instituto Nóos y como accionista de la patrimonial Aizoon. La Infanta manifestó un total desconocimiento en asuntos contables, financieros y fiscales. Incluso expresó que ignoraba que sus gastos con las tarjetas de crédito se facturaban a través de Aizoon para desgravar. Tampoco concretó por qué firmó contratos de alquiler de una parte del palacete de Pedralbles. Es una maniobra para desgravar que rechazó la Agencia Tributaria. El inmueble fue comprado por los duques de Palma por seis millones de euros y se gastaron tres en obras de remodelación. La finca está ahora en venta por 10 millones y pesa sobre él una fianza civil de seis, en la mitad indivisa cuya propiedad corresponde a su esposo. La defensa festejó como un éxito el haber pasado el trance del interrogatorio porque la infanta contestó de manera minuciosa, concisa y explicativa, según sus letrados. Miquel Roca y Jesús Silva, abogados de la hija del Rey señalaron a la Infanta distintas firmas de su marido para que ella verificase que las rúbricas no eran de él.

El fiscal Pedro Horrach actuó como ha hecho siempre en el caso y, de manera rotunda, desde hace casi un año. Esgrimió sus argumentos para desmontar los indicios acusatorios. Mostró las contradicciones del juez, exhibiendo en la pantalla del juzgado un auto de Castro negándose a la imputación que solicitaba el letrado del sindicato ultra Manos Limpias. Horrach leyó los argumentos del juez que desvinculaba totalmente a Cristina de Borbón de la trama delictiva y le preguntó si estaba de acuerdo. Ella dijo que sí, que le parecía bien.

El juez replicó de inmediato relatando parte del auto de imputación de enero de 2013 y le requirió si estaba conforme. Ella comentó, entonces, que no podía concretar. Más tarde, Horrach preguntó a la infanta con ironía si sabía por qué le acusaban de delito fiscal. Ella respondió con un no, que permitió al acusador público remachar con un “yo tampoco”. Cristina de Borbón asumió que el Rey indicó a su marido que, por estética e imagen, debería salir del Instituto Nóos, que se apartara de los negocios con instituciones públicas. Rechazó la versión el notario Carlos Masiá. quien comentó en su declaración judicial que la infanta fue situada como administradora del Instituto Nóos y de la sociedad Aizoon para servir de “escudo frente a Hacienda”.

En este ámbito de la contabilidad y las declaraciones fiscales, la infanta reconoció que Aizoon llegó a costear gastos personales como un viaje familiar a Rio de Janeiro pero que no sabe nada lo que facturaba, porque de ello se encargaba su marido. Afirmó además que era mentira que pagase a personal del servicio doméstico en negro, ni le consta que dicho personal estuviese contratado por Aizoon como personal administrativo. ¿Cómo queda ahora el procedimiento judicial? El juez Castro no resolverá de inmediato la situación procesal de la infanta, si sobresee su causa o la sitúa en el escrito final como procesada, camino del juicio.

Castro no quedó muy convencido de las explicaciones, según se dio a entender en el entorno de su juzgado. La defensa tampoco pieza de inmediato y el fiscal dejará pasar varias semanas para pedir el cierre de la instrucción, por entender que está agotada ya. Horrach pedirá el sobreseimiento para la hija del Rey, pero en el escrito de acusación contra su marido, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, le reclamará que pague 600.000 euros por haberse lucrado, indirectamente, sin responsabilidad penal, a través de la empresa familiar Aizoon de la mitad del dinero ilegal logrado por su esposo.

La nueva acusación popular personada en el caso Urdangarin, de izquierdas y republicana, el Foro Cívico alentado por Julio Anguita, exlíder de Izquierda Unida, se quedó sin formular preguntas. no obstante, su abogado, Manuel Delgado, criticó ante los medios el que el 95% de las contestaciones hubieran sido, “no sé, no me acuerdo, inconcretas y evasivas”.

El juez Castro, de acuerdo con las distintas versiones recogidas entre los presentes, actuó de manera idéntica que con otros imputados. Correcto, seco y recurrente. En todo momento trató a la hija del rey de “señora”. Le recordó que ella era propietaria del 50% de Aizoon, que firmaba actas, que cargaba facturas, gastos privados, viajes y que, por tanto, algo debía saber. “Mi marido me aconsejó tomar ese 50% y yo confiaba en su buen hacer”, contestó. A su vez, el fiscal Horrach, se mostró a la salida del interrogatorio convencido de que sus tesis, las de Hacienda y de la Abogacía del Estado se impondrán

Sonrisas de Infanta

Retrato de la Infanta hecho durante su declaración por un letrado que pide anonimato.
Retrato de la Infanta hecho durante su declaración por un letrado que pide anonimato.
  • El abogado Miquel Roca fue preguntado sobre si había comentado con su defendida la declaración: “Las sonrisas (de la Infanta) son suficientes", dijo.
  • Doña Cristina afirmó que su marido es “escrupuloso” en sus negocios.
  • El letrado Jesús María Silva, aseguró que “su alteza fue firme, taxativa, serena. Ha contestado afirmativamente, negativamente y alguna veces diciendo que no se acordaba”.
  • Creo —indicó Silva— que en siete horas de interrogatorios se ha podido esclarecer todo y despertar en su señoría, en las administraciones públicas, y esperemos que también en la opinión pública, cuán inocente es la Infanta”.
  • “Ha habido de todo. Ha habido emoción, ha habido sentimiento, ha habido sinceridad, ha habido dureza, ha habido contundencia, ha sido lo que se puede decir una declaración muy sincera, muy leal", añadió el abogado

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