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El relator de la ONU insiste: España debe juzgar los crímenes del franquismo

Pablo de Greiff insta al Estado a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977

Tras ver el Valle de los Caídos propone convertirlo en un museo: "Las víctimas lo merecen"

El experto de Naciones Unidas ha visitado también Paracuellos

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El relator de la ONU, Pablo de Greiff, presenta su balance preliminar. EFE

Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pidió visitar en primer lugar España para comprobar qué grado de todas las cosas que componen el largo nombre de su cargo tienen aquí las víctimas del franquismo. Y a juicio de sus conclusiones preliminares, que ha presentado esta mañana antes de regresar a Nueva York, no es, ni de lejos, suficiente. El Estado, afirma, debe dejar sin efecto la ley de amnistía, que en la práctica, en España "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces".

De Greiff ha recordado que en países donde no se han derogado leyes de amnistía, los tribunales han encontrado interpretaciones de esas normas "que no han impedido el procesamiento de los presuntos responsables". Aquí, sin embargo, se invoca constantemente para impedir el acceso de las víctimas de la justicia. El relator ha confesado su "preocupación" por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de los dos presuntos torturadores franquistas José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.

El relator, como hace unos meses hicieron sus compañeros del Grupo de trabajo y el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo, y que lo haga, además, "con urgencia", debido a la avanzada edad de muchas de ellas. En este sentido, recordó que el mapa de fosas - "que no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores y asociaciones memorialistas"- recoge hasta 2.382 enterramientos clandestinos que "contendrían los restos de 45.000 personas". El relator ha criticado en estos términos que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil:  "El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado".

El experto ha comentado que durante los diez días que había pasado en España entrevistándose con miembros del Gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, jueces, defensores del pueblo y víctimas, le había llamado especialmente la atención la "inmesa distancia" entre las instituciones del Estado y las víctimas, en este caso, de los crímenes del franquismo. Nunca en sus 20 años de experiencia, ha destacado, se había encontrado algo parecido.

De Greiff también ha comentado que durante su visita había querido ver el Valle de los Caídos, un asunto al que se referirá ampliamente, ha avanzado, en su informe definitivo, que presentará en septiembre. "Las víctimas exigen, y considero que merecen, la reconsideración de este tema", ha dicho, refiriéndose al cambio de significado del monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria. "A día de hoy", lamentó el relator, "no hay nada en el sitio que proporcione algún tipo de información o señalización acerca de la forma en que fue construido (por presos) ni sobre las condiciones bajo las cuales muchos de los cuerpos que ahí descansan fueron trasladados". 

El relator también ha instado al Gobierno a anular todas las sentencias de los consejos sumarísimos, una vieja reivindicación de las víctimas que se descartó durante el debate sobre de la ley de memoria histórica entre otras cosas por el temor a que los afectados reclamaran indemnizaciones.

Finalmente, de Greiff también ha manifestado su "preocupación" ante la proposición de ley del PP sobre la justicia universal que "limitaría significativamente" la aplicación de este principio en los tribunales españoles.

En septiembre, presentará su informe de recomendaciones definitivas para España. Preguntado por hasta qué punto creía que el Gobierno haría caso a Naciones Unidas, ha contestado que él no es ni un "cínico" ni un "romántico". Que se ha cuidado mucho de no cometer "la crueldad" de prometer a las víctimas cosas que no puede prometer o generar expectativas que no vaya a poder satisfacer."Pero si ellos no se rinden, yo tampoco. La única promesa que he hecho es mi compromiso a seguir velando por el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación".

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