UGT de Andalucía cierra en falso su comisión de investigación interna

El sindicato UGT prevé cerrar en falso la comisión de investigación interna que abrió en Andalucía el pasado agosto para aclarar los pagos inconvenientes por facturas falsas imputadas a la Junta. Después de seis meses de diligencias internas, la nueva cúpula de la organización ha optado por clausurarlas, a pesar de que su alcance ha sido muy limitado y no concluyen con la depuración de responsabilidades de sus anteriores dirigentes, según fuentes de la central. En 2013 UGT ha vivido su año más convulso, con el relevo de dos secretarios generales y una crisis que ha dañado gravemente su prestigio y lo ha puesto al borde del abismo financiero.

La cascada de informaciones sonrojantes ha sido constante durante meses. Pero la comisión solo refleja una mínima parte de ellas.

Estos trabajos de investigación interrumpidos ofrecen una cifra de gastos imputados a los cursos de formación del Ejecutivo autónomo andaluz muy alejada de los 3,6 millones que este ya le reclama a través de cuatro expedientes de reintegro: 80.000 euros, que se pagaron para otros conceptos de los que finalmente se ejecutaron, es el total contabilizado por la comisión interna. De momento, la transparencia anunciada por la nueva cúpula que dirige la exconcejal socialista Carmen Castilla, es solo palabras. La comisión no prevé denunciar a los responsables de estas imputaciones de gastos irregulares, ya que Castilla aún no se ha reunido con el exlíder del sindicato durante 15 años, Manuel Pastrana; su número dos y sucesor hasta que dimitió en diciembre, Francisco Fernández Sevilla, y el exsecretario de Administración que controló los pagos de las facturas, Federico Fresneda. Ninguno de los tres ha dado explicaciones y la nueva dirección se ampara en la investigación que mantiene sobre la gestión anterior la juez Mercedes Alaya, que ordenó a la Guardia Civil requisar gran parte de la documentación y precintó el archivo de su sede principal. Y Castilla arguye que ahora existen otras prioridades al margen de alumbrar explicaciones convincentes sobre los errores o la depuración de responsabilidades de los exdirigentes.

“Hemos llegado a un punto de no avanzar más y es contraproducente cuando el juzgado tiene su investigación en marcha”, alegan fuentes del sindicato para justificar el cierre en falso. Entre los gastos que UGT admite haber imputado de manera indebida figuran las comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”.

En octubre, dos meses antes de su salida, Fernández Sevilla anunció las conclusiones preliminares de la comisión de investigación, pero sacó pecho y rechazó irregularidades: “Es falso que se inflaran facturas”, respondió a los medios. El exlíder del sindicato solo admitió “discrepancias” en la fórmula para imputar gastos, y rechazó la existencia de fraude, contabilidad b o facturas falsas. Eso sí, se negó a facilitar a la prensa el informe preliminar tras el estudio de unos 1.500 documentos contables. “No hay ni sombra de corrupción en nuestras actuaciones”, insistió. Está por ver que la cúpula actual abrace la transparencia y cambie de rumbo de una vez.

El origen de la facturación irregular, centrada en los años 2009 y 2010, proviene de la deriva empresarial que cuajó en el sindicato bajo la dirección de Pastrana, que lideró la central durante 15 años. “Hemos sido una empresa privada. En CC OO son más cutres y no han crecido en paralelo a la Junta. Hemos llegado a tener 16 ejecutivos... crecimos en paralelo a las consejerías de la Junta”, censura una veterana dirigente que solicita el anonimato. Con las vacas gordas, UGT se embarcó en una apuesta por adquirir inmuebles (diversos pisos para ahorrar noches de hotel, pero que se convirtieron en residencias estables de parte de la cúpula), fincas rústicas para residencias de tiempo libre, un entramado de sociedades para gestionar su diversificación de actividades... Sobre el exceso en ciertos gastos, una exdirectiva comenta: “Todo el mundo sabía todo, pero fue más fácil no preguntar”.

CC OO tardó más de un año en hacer público su informe sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía. Su líder, Ignacio Fernández Toxo, admitió “desorden en algunos casos”, pero rechazó “enriquecimiento ilícito” del sindicato a partir de las comisiones que exigieron a la Junta para solucionar los conflictos laborales. La juez Alaya y la fiscalía discrepan y han acusado a varios sindicalistas de UGT y CC OO por haber exigido estos abonos al Ejecutivo y conocer la existencia en los ERE de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas).

Ahora la magistrada mantiene una pieza secreta respecto a UGT mientras los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil repasan toda la documentación requisada a la organización. Nadie duda de que los responsables de estos gastos inconvenientes, cuya reclamación desde la Junta puede ascender a 7,5 millones, responderán a lo largo de este año por cada gasto ante la juez.