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La declaración de soberanía, en la agenda

El tribunal debatirá sobre la ponencia redactada por la vicepresidenta, Adela Asúa

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El pleno del mes de febrero será el que, previsiblemente, comience a debatir sobre la constitucionalidad de la declaración de soberanía que el parlamento catalán aprobó en enero de 2013 y que el Gobierno de Rajoy impugnó en marzo de ese año. La consideración de Cataluña como un “sujeto político y jurídico soberano” fue el principal argumento de una declaración que ya fue suspendida, por unanimidad del pleno.

La vicepresidenta del Constitucional y presidenta de la sala segunda, Adela Asúa, es la encargada de redactar la ponencia en la que se tratará el fondo de la declaración soberanista. El debate se prevé arduo ya que, según fuentes del tribunal, el acuerdo es solo unánime en una cuestión: Cataluña no es soberana. Sin embargo, de ahí a que la declaración de soberanía sea declarada inconstitucional, hay todo una discusión, según las mismas fuentes.

Para empezar, entre los magistrados del Constitucional hay quienes piensan que este sí es el órgano competente para analizar la declaración, mientras que otros cuestionan que sea el tribunal el que haya de resolver sobre una cuestión que, a su juicio, debería quedar bajo el control de otros órganos políticos.

Tampoco hay acuerdo, de momento, sobre si la declaración de soberanía se ha de analizar en solitario o si se ha de tener en cuenta que forma parte de un proceso que ha continuado con el acuerdo sobre las preguntas, las cartas cruzadas entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el del Gobierno, Mariano Rajoy, y la petición de competencias para celebrar la consulta.

El debate también dilucidará si, finalmente, los magistrados del Constitucional optan por, a modo didáctico, ofrecer nociones sobre el camino para reformar la Constitución, en lo que se refiere al referéndum.

La inclusión como precedente de la sentencia de Quebec —que negó la independencia unilateral, sin negociaciones con el resto de Canadá— o el primer fallo sobre el plan Ibarretxe —que rechazó la tramitación de la impugnación gubernamental del plan— son otras de las cuestiones pendientes de debatir.

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