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El Constitucional recuerda que ya evitó otras propuestas independentistas

El presidente Pérez de los Cobos declara que el tribunal siempre evitó tanto “intentos de minimización como de desbordamiento” de la descentralización del Estado

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De izquierda a derecha, los expresidentes del Tribunal Constitucional Pascual Sala, María Emilia Casas, Manuel Jiménez de Parga, Pedro Cruz Villalón, Álvaro Rodríguez-Bereijo y Miquel Rodríguez-Piñero, durante el acto en el que el ministro de Justicia les impuso la orden de San Raimundo de Peñafort.

Aunque el pleno del Tribunal Constitucional aún no ha resuelto sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, recordó ayer la que ha sido su postura durante años y, por lo tanto, la que seguirá manteniendo, previsiblemente, el tribunal. Aprovechando un acto de entrega de distinciones a sus antecesores, Pérez de los Cobos destacó que el Constitucional ya ha aplacado tanto “intentos de minimización, como de desbordamiento del proyecto de descentralización política” respecto al Estado autonómico. Es decir, que el tribunal que preside es el que fija la balanza para, en ocasiones, decantarse a favor de comunidades autónomas contra el Gobierno y, en otras, a favor del Ejecutivo central contra decisiones de comunidades autónomas que iban más allá de lo que la Constitución permite.

Pérez de los Cobos añadió que el Constitucional “ha visto recaer sobre sus espaldas la tarea ingente de definir un modelo que el constituyente hizo jurídica y políticamente abierto”, ya que es la última instancia judicial a la que recurrir en España.

Así, ensalzando la importancia y atribuciones del tribunal sobre el Estado autonómico, se quejó de la falta de reconocimiento de su aportación a la construcción del mismo y sostuvo que, aunque sus posibilidades no son infinitas, sí ha “racionalizado la estructura y funcionamiento de un Estado atípico, carente de verdaderos ejemplos en los que mirarse”, en referencia a la peculiaridad del Estado autonómico español. Y siguió exaltando los efectos de la labor de un tribunal que, según dijo, “ha contribuido a reducir ambigüedades, a aclarar preceptos y delimitar esferas de poder”. “Estas han sido algunas de las aportaciones del Tribunal Constitucional a la democracia española”, subrayó Francisco Pérez de los Cobos.

El presidente se pronunció así en la sede del propio tribunal, pero, además, lo hizo ante sus antecesores Miguel Rodríguez-Piñero, Álvaro Rodríguez-Bereijo, Manuel Jiménez de Parga, Pedro Cruz Villalón, María Emilia Casas y Pascual Sala, los seis expresidentes vivos, y en un acto de distinción a estos, la entrega de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort por parte del Gobierno y en presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. A ellos, a sus antecesores, se refirió también apelando a que también “trabajaron, contribuyeron decisivamente a la formación de una sólida jurisprudencia y doctrina constitucional sin la que no se entendería nuestro Estado de derecho y quizás tampoco nuestra sociedad”.

Ante todos ellos, defendió la vigencia de la Constitución, de que la también subrayó que, en sus 35 años de vida, ha permitido que “se haya conformado un Estado con un grado de descentralización política perfectamente comparable al de los Estados federales, garantizando a las nacionalidades y regiones que lo integran un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado”.

El presidente del tribunal no fue el único que se refirió a la soberanía. También Alberto Ruiz-Gallardón quiso pronunciarse en la sede del Constitucional y lo hizo parafraseando al Rey: “España es una gran nación que vale la pena vivir y querer, y por la que merece la pena luchar”. También parafraseó al fallecido Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Constitucional asesinado por ETA: “Todos somos Estado, todos los ciudadanos estamos dentro de él y no a su ribera”, una interpretación, según el ministro, que “nos vincula al principio de lealtad constitucional que todos debemos respetar, muy especialmente los poderes públicos que emanan de la propia Constitución”.

Alberto Ruiz-Gallardón expuso además cómo España dispone de “los instrumentos necesarios para defender esa soberanía nacional que reside en el conjunto de sus ciudadanos” y atribuyó al Tribunal Constitucional la capacidad de “expulsar del ordenamiento jurídico todo precepto que contravenga o menoscabe” dicha norma, que rige la convivencia y es fruto del “consenso entre españoles de muy diferentes procedencias ideológicas”.