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El Consejo de Europa destaca el aumento preocupante de la corrupción en España

Urge a las autoridades a restaurar la confianza en las instituciones políticas y judiciales

El Consejo plantea 11 recomendaciones a España para mejorar la independencia institucional

Nueva advertencia a España sobre la credibilidad de sus instituciones. El grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por el daño que la Administración de justicia y los principales órganos de poder político de España están sufriendo a raíz de lo que consideran una “proliferación de casos de corrupción”. En el informe, publicado este miércoles, el órgano identifica algunos fallos estructurales en el sistema de justicia, pide “garantías adicionales” para evitar la politización de los “sobrecargados” tribunales españoles e incluye 11 recomendaciones expresamente dirigidas a España.

Los consejos, cuyo cumplimiento será evaluado en el segundo semestre de 2015, se dividen en tres grupos: los dirigidos a los órganos judiciales, los que tienen por objeto la actividad de los fiscales y, por último, aquellos que se centran en la labor de los diputados y senadores.

En lo referente a los jueces, el Consejo de Europa recomienda que la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura (presidentes de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales) establezca “criterios objetivos” de independencia, imparcialidad y transparencia. El grupo anticorrupción también sugiere una “nueva evaluación” del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real percibida “con el fin de corregir las deficiencias existentes” y exhorta a España a adoptar un código de conducta, “de fácil acceso público”, para los jueces.

En lo relativo al nombramiento de fiscales, el Greco pide a España que “reconsidere” el método de selección y el tiempo de permanencia en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado y que “aumente” la transparencia de los canales de comunicación entre el fiscal general y el Gobierno. Asimismo, el informe requiere a España a estudiar nuevas formas de proporcionar “mayor autonomía” en la gestión de los medios al servicio de la fiscalía y pide que las autoridades desarrollen un marco legislativo específico sobre las “cuestiones disciplinarias” del Ministerio Público. El órgano también reconoce el papel vital que desempeñan los fiscales y los jueces en la lucha contra la corrupción y les anima a “mantenerse alerta” con respecto a los riesgos para su integridad e imparcialidad.

En el caso de los diputados y senadores, al igual que para los jueces y fiscales, el informe solicita la elaboración de un código de conducta fácilmente accesible para el público y la introducción de normas que regulen la relación entre los miembros de las Cámaras y los grupos de presión que tratan de influir en el proceso legislativo. El Greco también recomienda la creación de un órgano de asesoramiento confidencial al que los diputados puedan expresar sus dudas y pedir asesoramiento sobre cuestiones éticas y de conflicto de intereses.

En el organismo que ha elaborado el informe, Greco, están representados todos los países que pertenecen al Consejo de Europa —España incluida— y EE UU. Su objetivo es mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción.

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