El juez adelanta el interrogatorio a la Infanta ante la ausencia de recursos
Declarará el 8 de febrero como imputada y de forma “no voluntaria”, según Castro José Castro había señalado esta mañana que era "obligado adelantar el interrogatorio Miquel Roca ha afirmado que la decisión de declarar cuanto antes fue de doña Cristina
La infanta Cristina, hija menor del Rey, séptima en la línea de sucesión, acudirá a declarar como imputada el 8 de febrero ante el juez de Palma José Castro, para responder por su supuesta implicación en un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La duquesa de Palma acudirá a un juzgado ordinario, emplazada, como cualquier otra ciudadana, sin fuero ni amparo especial por ser integrante de la familia real.
En su auto de imputación, el instructor citó con dos meses de margen a Cristina de Borbón para que acudiera a declarar el 8 de marzo. En esta segunda ocasión —tras el auto del mes de abril de 2013 que desarboló la Audiencia de Palma en mayo— lo hizo con el tiempo suficiente para que el tribunal de tres magistrados resolviera las posibles impugnaciones.
La defensa de la Infanta, ejercida por Miquel Roca y Jesús M. Silva, enmendó su postura inicial de escudarse en el recurso. Roca era partidario de agotar la vía de oposición ante la Audiencia de Palma, pero ayer dijo que la hija del Rey había “considerado que tenía que declarar cuanto antes” y que el cambio de estrategia era “idea” de la propia Infanta.
Esta renuncia a un trámite defensivo obedece a un balance de riesgos, tras múltiples contactos y análisis privados celebrados en las últimas semanas, aunque no consten en el sumario. La Zarzuela y Miquel Roca se decidieron finalmente por intentar que no se dilatara la espera para la comparecencia de Cristina de Borbón ante el juez, pidiendo un adelanto de la citación. De esta manera se pretende acortar un debate social que hace mella en la imagen de la Monarquía. Y, en especial, se intenta evitar el eventual impacto de un auto adverso de la Audiencia de Palma que fijara un supuesto marco delictivo más preciso.
Un abogado del bufete Roca, Jaume Riutord, visitó al magistrado José Castro, mientras este estaba de guardia, el pasado día 10, horas antes de anunciarse que no presentarían recurso contra la imputación. Tanto Castro como el fiscal anticorrupción Pedro Horrach conocieron así la decisión, horas antes de registrarse el escrito en el juzgado. Además, Horrach, que junto a Castro es una figura clave del caso, ha viajado repetidamente a Madrid y Barcelona en las últimas semanas a verse y compartir criterios con sus superiores.
Pese a la idea de voluntariedad que trató de transmitir la defensa de la Infanta, el magistrado subrayó ayer, en una providencia, que no es “ninguna comparecencia voluntaria” ni tampoco “se trata de ningún adelanto” de la citación que había fijado inicialmente para el 8 de marzo. El juez Castro matizó así el escrito de la defensa de la también duquesa de Palma, que señalaba que comparecería voluntariamente al renunciar a su derecho al recurso para intentar revocar su imputación y evitar así tener que acudir a declarar. Cristina de Borbón y de Grecia, tal como apuntó ayer el juez, “no tomó la iniciativa de prestar declaración”, algo que podría haber hecho en cualquier momento de la instrucción.
Sí reconoce José Castro que al no recurrir se resalta “la pretensión de la parte afectada de acortar” los plazos y, por tanto, el procedimiento o “martirio”, tal como lo definió el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. Con el interrogatorio de la esposa de Iñaki Urdangarin, el sumario quedará cerrado, en la vía hacia el juicio oral.
“No siento ninguna satisfacción personal ni gratitud a nivel personal”, comentó ayer Castro, al atender a las televisiones apostadas en las puertas de edificio de su juzgado. El abogado de la hija del Rey explicó, a su vez, que ella “está absolutamente convencida de su inocencia” y que tras declarar “habrá quedado todo muy definitivamente aclarado”.
Castro investiga desde 2009 el caso Palma Arena, de supuesta corrupción del Gobierno del PP de Jaume Matas, del que deriva el caso Urdangarin, para desentrañar la malversación de 5,8 millones de fondos públicos de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, a través del Instituto Nóos, supuestamente sin ánimo de lucro.
