La oposición recurre a los tribunales para soslayar el rodillo del PP

El Tribunal Constitucional se ha convertido en la última instancia para ejercer la labor de oposición. Ante el rodillo que, con su mayoría absoluta en el Congreso, impone el PP, la oposición ha optado por recurrir ante los tribunales las leyes que el Gobierno ha fijado como el eje de su acción política.

 La resolución de recursos ante el tribunal de garantías constitucionales no tiene plazos, por lo que las impugnaciones pueden llegar a acumularse e incluso quedarse sin resolver, dados los cambios en las normas. En los dos años de legislatura del PP con Mariano Rajoy a la cabeza, la oposición (el PSOE en la mayoría de los casos, dados los requisitos que se exigen) ha presentado ya más de una docena de recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas leyes.

Entre los presentados este año figuran:

• Recurso contra la ley de tasas judiciales, en el que el grupo parlamentario socialista calificó las tarifas de “abusivas, desequilibradas e injustas”, y consideró que suponen “un atentado” y “una quiebra del Estado de derecho”.
• Nuevo sistema de composición y elección del Poder Judicial. Los socialistas presentaron también recurso contra la Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, al considerar que los cambios suponían un “golpe sin parangón a la independencia judicial” y “una ocupación política” del Consejo General del Poder Judicial.
• Ley antidesahucios. La ley antidesahucios que suprimió el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma Antidesahucios fue otra de las normas recurridas. Los socialistas consideraron que la ley vulnera derechos de colectivos especialmente sensibles, como los derechos del niño.
• Regulación del procedimiento de arbitraje para participaciones preferentes. En su recurso, los diputados del Grupo Socialista alegaron que el Gobierno había ejecutado una “decisión política injusta” al tratar “como inversores a los pequeños ahorradores”, que tienen, según los socialistas, “todo el derecho a recibir el cien por cien de lo que colocaron como un producto de ahorro”.
• Decreto sobre jubilación parcial y anticipada. El Gobierno presentó la medida como una solución para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Los socialistas recurrieron al Constitucional considerar que el decreto afecta a “elementos esenciales” del derecho de acceso a la pensión, al modificarse la edad de acceso y el número de años cotizados.
• Ley de Costas. En su escrito ante el tribunal, los socialistas alegaron que la norma vulnera el artículo 132.2 de la Constitución, según el cual los bienes de dominio público estatal están definidos por la ley pero, “en todo caso”, deben incluirse “la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
• Ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas. Los socialistas entendieron que la modificación de las condiciones durante la vigencia de los préstamos, “en términos tan relevantes” como la desaparición de las prórrogas o renovaciones de la subsidiación, deja a los afectados ante una inseguridad jurídica que “lesiona de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales”.
• Decreto de las renovables. En este caso, el grupo parlamentario socialista recurrió al entender que la norma implicaba un “ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica de estas fuentes renovables de forma directa, que sienta un peligroso precedente para todas las actividades reguladas”.

Además de estos, el Constitucional tiene pendientes de resolver los recursos sobre la reforma laboral, la amnistía fiscal y la designación del presidente y del Consejo de RTVE.