Orden de alejamiento del Congreso para cinco detenidos en el 14-D

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López Jiménez, ha dictado un auto por el que prohíbe a cinco detenidos por los disturbios en la convocatoria Rodea el Congreso del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede de la Cámara Baja. Esto representa una medida novedosa en el ámbito judicial, ya que se reservaba para actos deportivos o, en las últimas de este tipo, a utilizar el metro por parte de carteristas. El día de la manifestación, que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid, fueron arrestados siete personas, de las que dos eran menores de edad y quedaron a cargo de la Fiscalía. La pasada semana la Brigada Provincial de Información de Madrid arrestó a otras siete personas (cinco hombres y dos mujeres) acusados de haber participado en los disturbios.

La manifestación fue convocada por redes sociales contra la aprobación el día de antes del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. La concentración degeneró en altercados en la calle de Atocha y en la plaza de Jacinto Benavente. De hecho, un coche patrulla todoterreno de la Policía Municipal de Madrid, reservado al jefe de guardia, quedó destrozado por los asaltantes. Un total de 23 personas (14 policías y nueve manifestantes) fueron atendidos por el SAMUR-Protección Civil por lesiones de carácter leve. Los daños causados al mobiliario urbano costaron unos 15.000 euros, según fuentes municipales.

El juez, que ha abierto diligencias previas a los detenidos, justifica su decisión en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez prohibir al imputado de ciertos delitos a acudir a determinados lugares o que se aproxime a determinadas personas. "Para la adopción de la medida cautelar que solicita el ministerio fiscal [la prohibición de acercarse al Congreso], no se requiere una prueba, sino un indicio razonable, la existencia del hecho punible, y de la intervención en el mismo del sujeto activo, y para quien resuelve, el examen e identificación fotográfica antes mencionada puede considerarse como un dato de la naturaleza expresada", mantiene el magistrado en su escrito.

El fiscal había pedido que la limitación fuera de 1.000 metros, pero el juez entiende que, pese a que la mayoría de los detenidos vive fuera de la capital, el llegar a un kilómetro podría limitar "en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados". Recuerda el magistrado que uno de ellos necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, en Centro, "bastante alejado del lugar donde acontecen los hechos".

Pedro López Jiménez ha tenido en cuenta en su decisión "la gravedad de los hechos analizados", como atentar en el ejercicio de sus funciones contra unos agentes de la autoridad "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado"; contra la integridad física de las personas, y el patrimonio de un organismo estatal. "Gravedad que obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características", concluye el juez. Este recrimina a la policía que no adjuntara al atestado los partes facultativos de los policías heridos, ya que habría aumentado la carga probatoria y el supuesto del daño causado.

A los siete detenidos se les acusa de los delitos de lesiones, daños, desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. También se les imputa el lanzar botellas y otros objetos contra un autobús con viajeros en Atocha y también de herir a once agentes antidisturbios La policía considera a los arrestados como radicales anarquistas muy violentos, que aprovechan estas concentraciones para generar disturbios y altercados.