El Gobierno reformará la ley para desactivar el proceso al régimen chino

El alcance de la jurisdicción universal será recortado por segunda vez

El Ejecutivo pretende reservarse el derecho a veto de los procesos de justicia internacional

Jiang Zemin, a la izquierda, habla con Li Peng en una imagen de archivo. Reuters

El Gobierno prepara una reforma de la jurisdicción universal para desactivar la crisis abierta con China después de que la Audiencia Nacional dictase el mes pasado una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura de Pekín, incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng, acusados de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano. Según fuentes gubernamentales, el Ministerio de Justicia presentará en enero una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificará sustancialmente su artículo 23, que atribuye a los tribunales españoles competencia para enjuiciar, entre otros, los delitos de genocidio y lesa humanidad, siempre que “sus presuntos responsables se encuentren en España o existan víctimas de nacionalidad española o [tuvieran] algún vínculo de conexión relevante con España” y que no se haya iniciado una causa por los mismos hechos en el país afectado.

Estas condiciones se introdujeron en 2009, a raíz de que Israel protestara por la decisíón de la Audiencia Nacional de encausar al exministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer por una matanza de civiles en Gaza en 2002. A juicio del Gobierno, aquella reforma se quedó corta y no ha impedido nuevos conflictos diplomáticos indeseados.

Ahora se trata de darle una nueva vuelta de tuerca y exigir, por ejemplo, que la víctima fuese española en el momento en el que sufrió el delito y no se nacionalizase después, como es el caso del tibetano Thubten Wangchen, firmante de la denuncia contra la cúpula china. Incluso, para evitar supuestos fraudes de ley, se podría exigir, como en Italia, que la víctima fuese española al menos dos años antes de que sufriera el presunto delito.

No será esta la única cortapisa para los casos de justicia universal. Amparándose en que el genocidio es un delito de derecho internacional y no una afrenta de carácter privado, Justicia estudia dejar exclusivamente en manos del fiscal la posibilidad de impulsar estos procedimientos, al menos en aquellos casos en que no haya víctimas españolas.

Además, el Gobierno estudia introducir un mecanismo de control político similar al previsto en la extradición. La ley de extradición pasiva deja en manos del Consejo de Ministros la facultad de entregar o no a un presunto delicuente cuya extradición haya sido autorizada por los tribunales “en base al principio de reciprocidad, soberanía, seguridad, orden público y demás intereses de España”. Es decir, el Gobierno podrá invocar razones de “interés general” para impedir que jueces españoles investiguen delitos de genocidio cometidos en el extranjero.

El argumento de fondo es que la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI) hace innecesario que la justicia española investigue estos crímenes. Con una salvedad: ni EE UU, ni Rusia, ni China aceptan la jurisdicción de la CPI.

Aunque la ley que prepara el Gobierno tardará unos meses en entrar en vigor, su efecto será la desactivación del proceso contra la cúpula china. Y ello porque, como recuerdan fuentes jurídicas, las reformas penales favorables al reo se aplican con carácter retroactivo.

El Gobierno está seriamente preocupado por la irritación que la investigación de la Audiencia Nacional ha provocado en las autoridades de Pekín. De momento, no hay fecha para el viaje que el presidente Mariano Rajoy tenía previsto realizar a China en septiembre pasado, con el objetivo de relanzar las relaciones económicas, y que se suspendió a última hora.

China es, tras Francia, el segundo tenedor de la deuda española en manos extranjeras, con un 20% del total, unos 80.000 millones de euros; un emisor creciente de turistas (177.000 en 2012, un 55% más que en 2011) y un importante socio comercial (21.400 millones en 2012, aunque con un notable déficit para España). Unas 600 empresas españolas están implantadas en China y la cifra va en aumento: la semana pasada se anunció la compra del 8% del Bank of Shanghai por el Santander.

El Gobierno teme que Pekín adopte represalias económicas contra España si sigue adelante el proceso contra sus dirigentes; como sucedió con Noruega tras la concesión del Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo.

El pasado jueves, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso. Durante la reunión, a puerta cerrada, los chinos mostraron su “preplejidad” e “incomprensión” por el procedimiento abierto en España por el genocidio de Tíbet, un territorio que Pekín considera suyo. Y dejaron claro lo que esperan: una “solución política” por parte del Gobierno español.

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