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Rajoy saca el ‘programa duro’ del PP

Reformas como la 'ley Fernández' o ladel aborto son gestos hacia el electorado más derechista El presidente prepara una segunda parte de la legislatura más política

Carlos E. Cué
Los ministros de Interior, Jorge Fernández, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso.
Los ministros de Interior, Jorge Fernández, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso. Claudio Álvarez

Todo empezó con la entrevista a José María Aznar en Antena 3, el 21 de mayo, pero la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 27 de octubre fue el verdadero punto de inflexión. El PP es cada vez más consciente de que su electorado más conservador está muy molesto. Se ve en los medios conservadores, lo perciben los ministros y dirigentes en su entorno más cercano y sobre todo lo detectan las encuestas que como siempre interpreta para Mariano Rajoy el gurú Pedro Arriola. Dos asuntos clave tienen alterada a la derecha española. El fin de la doctrina Parot, que implica la salida a la calle de conocidos etarras y otros delincuentes como Miguel Ricart, y por otro lado la tensión independentista en Cataluña.

Consciente de este problema creciente, el Gobierno, que cree tener ahora algo más de margen político porque la prima de riesgo ya no aprieta como antes, ha empezado a concentrarse en algunas leyes que son gestos claros al electorado conservador aunque implican abrir un frente importante en el sector moderado, indignan a la izquierda y pueden perjudicar la imagen de Rajoy en Europa. La más evidente es la ley de seguridad. Si algo gusta y reclaman los sectores conservadores es dureza con las manifestaciones y los escraches. Ante la polémica suscitada, el Gobierno ha suavizado algunos aspectos, pero sigue siendo una norma pensada para satisfacer al electorado conservador, en especial con esa nueva infracción por “ofensas a España”.

El responsable de esta ley, Jorge Fernández, un ministro catalán, muy conservador y cercano a Rajoy, se ha convertido en el ariete de esta nueva estrategia del Gobierno. Mientras, para cerrar el flanco sobre Cataluña, además de estas “ofensas a España”, Rajoy lleva semanas lanzando la idea de que “la soberanía nacional y los artículos 1 y 2 de la Constitución no se van a tocar”. Y ha dejado claro que no se va a mover.

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Fernández no está solo en esta estrategia para recuperar al electorado conservador.

El fin de la doctrina Parot y las excarcelaciones tienen muy alterado al mundo conservador, tanto que hasta Ana Botella, hasta ahora muy cauta, aseguró que este tipo de cuestiones pueden “fragmentar el electorado del PP” y llegó a decir que hay “dudas sobre el proyecto político” de este partido. El Gobierno, aseguran los ministros, no tiene margen. Sin embargo, sí intenta hacer cosas. La semana pasada, por ejemplo, en un intento de atraerse al mundo de las víctimas, introdujo una enmienda en el Senado para que los condenados por terrorismo no reciban el subsidio por desempleo si no han mostrado arrepentimiento y pedido perdón a las víctimas. Además, Hacienda podrá embargar sus bienes por el procedimiento administrativo de apremio si no pagaron las cantidades a las que fueron condenados como responsabilidad civil y que fueron adelantadas por el Estado a las víctimas.

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Rajoy parece así iniciar una segunda parte de la legislatura más política, en un claro intento por conectar con su votante natural. Aunque en el Ejecutivo admiten que la verdadera respuesta para ganar las elecciones en 2015 está en la economía, en la esperada recuperación y en la reforma fiscal que se presentará en marzo de 2014 y que es clave en la estrategia electoral del PP.

De momento la preocupación urgente, desde el punto de vista electoral, son las europeas de junio de 2014. El PP ya está en campaña. Ya ha presentado incluso su comité, aunque Rajoy no haya decidido aún su candidato, que anunciará probablemente después de Navidad. El PP teme un voto de castigo enorme al Gobierno, aunque cree que le salvará que el PSOE tampoco tendrá un buen resultado.

Son unas elecciones en las que, como dice uno de los expertos del partido, “solo votan los muy cafeteros”, esto es, la gente más politizada (en las últimas, en 2009, votó el 45%). Y esos “muy cafeteros”, en el PP, los votantes tradicionales, son muy conservadores. No es casual que en las últimas, en 2009, en una decisión que no gustó nada a los marianistas más moderados, Rajoy colocó de nuevo de cabeza de lista a Jaime Mayor, genuino representante del ala dura del PP. Y no le fue nada mal: las ganó por 500.000 votos. Ahora Mayor querría repetir como cabeza de lista. Esta vez parece más difícil, está muy distanciado de Rajoy. Aunque lo que es seguro es que el presidente, que pretende volcarse más en el partido a partir de enero, se concentrará en recuperar al electorado conservador, el que más problemas internos le está generando.

Gallardón, del Código Penal al aborto

Otro ministro dedicado a la estrategia de satisfacer al electorado conservador es Alberto Ruiz Gallardón. Suya es la reforma del Código Penal, que introduce la prisión permanente revisable y está en plena tramitación. Hasta el Consejo de Estado ha dicho que el Ejecutivo no ha justificado esta medida y se ha dejado llevar por la "alarma social" que generan algunos crímenes, aunque también ha dicho que cree que sí es constitucional.
Gallardón tiene en sus manos una reforma clave para el electorado conservador: el aborto. El propio Rajoy aseguró el viernes a los periodistas que se aprobará este mes de diciembre, en uno de los tres consejos de ministros que quedan. La tensión interna en el Gobierno con este asunto parece en vías de solución. Rajoy eliminará la ley de plazos, el sistema que rige en casi toda Europa, y volverá a supuestos. Pero el tratamiento de esos supuestos y de los abortos en casos de malformaciones dividen al Ejecutivo hasta el último minuto, en el que Rajoy decidirá. El aborto es una ley muy complicada porque todos los ministros asumen que no gustará del todo a nadie, aunque sacarla adelante ahora es un claro gesto hacia el electorado tradicional.

Otro mensaje hacia este sector es el anuncio de una ley de servicios mínimos, algo que según la oposición es una forma encubierta de tocar por primera vez en democracia la ley de huelga.

En otro plano, la tan criticada ley de educación, con el tratamiento que da a la educación concertada y a la asignatura de la religión o la eliminación de educación para la ciudadanía, también tiene la intención de lanzar el mensaje de que el PP va a empezar en esta segunda parte de la legislatura a cumplir su programa electoral para conectar de nuevo con su electorado natural.

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