“El Consejo de Ministros aprobó que mi hermano muriera en el garrote vil”
Víctimas del franquismo relatan crímenes y persecuciones a la juez argentina María Servini
Una delegación de 13 denunciantes ha viajado a 10.000 kilómetros de España para buscar justicia. La juez argentina María Servini de Cubría ha tomado declaración esta semana a familiares de víctimas del franquismo, por el proceso abierto tras la querella presentada en Buenos Aires por los crímenes del franquismo. Muchos de ellos, que estuvieron acompañados por cinco parlamentarios españoles, declararon entre lágrimas y destacaron que era la primera vez en su vida que podían atestiguar ante unos tribunales por los crímenes cometidos contra ellos, sus familiares o sus compañeros de militancia. Estos son algunos de sus testimonios.
María Josefa Zorroza, bilbaína de 57 años, denunció el asesinato de su tío Teófilo. “Él se embarcó a la mar siendo muy joven, en septiembre de 1935, con 20 años, en el barco Udondo, que transportaba carbón, como muchos otros, con el fin de ayudar a la familia y ganar dinero”, relató María Josefa ante la juez. “Un año después, el buque fue apresado junto a otros cuatro navíos más por las fuerzas sublevadas del golpe militar franquista. Toda su tripulación, 40 hombres, y dos pasajeros fueron fusilados. Fueron condenados a muerte sin consejo de guerra. Se les acusó de traidores a la patria”, contó la denunciante. “Mi padre nunca nos contó de él (de su hermano Teófilo) porque no quería transmitir su pena. La pena que tenemos en la familia es la de mi padre, que murió hace algunos años, y la alegría que él hubiera sentido de ver que, después de tantos años, al final podemos hablar de este tema ante un juez”, agradeció Zorroza.
Mercedes Puig, barcelonesa de 53 años, contó la ejecución con garrote vil de su hermano Salvador en 1974. Él tenía 23 años y militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación, “de orientación anarquista y sobre todo anticapitalista y de lucha armada”, contó Mercedes. “Robaban a bancos para ayudar a las cajas de resistencia de los obreros en huelga y vivir ellos también, y hacer una revista para difundir sus creencias”, explicó la denunciante. “La Policía creó un grupo especial para pillarlos. Mi hermano recibió dos o tres culatazos en la cabeza. Le sacaron un arma que llevaba en la chaqueta y entonces empezaron a pelear”, relató Mercedes sobre la detención. En la refriega murió un policía y Salvador resultó herido de bala en el hombro y en la mandíbula. Lo acusaron de homicidio. “No aceptaron ni pruebas de balística ni, una prueba pericial psiquiátrica. El 1 de marzo (de 1974 José) Utrera Molina (secretario general del Movimiento) firmó la sentencia, Franco dio el enterado y todo el Consejo de Ministros lo aprobó. En ningún momento nos dijeron de qué forma sería asesinado. Cuando llegó y vio el garrote fue heavy (duro)”, contó Mercedes.
“El retorno fue acoso y desprecio”
Elsa Osaba, de 68 años, vive en Madrid, pero nació en Rives, Francia, durante el exilio de su familia. "Quiero denunciar cómo fue el exilio y deportación de mis familiares", comenzó su declaración. "Cuando Barcelona fue bombardeada por tropas nazis e italianas, huyeron y se replegaron en lo que se llamó el éxodo. Fueron más de 200 kilómetros ametrallados. En la retirada murieron más de 15.000 personas. Toda la ilusión de ser recibidos por el país de los derechos del hombre (Francia) se tornó en desilusión y dolor cuando fueron recluidos en campos de concentración en Argelès-sur-Mer. Este campo acogió a más de 100.000 españoles, entre ellos mi madre y mi abuela", relató Elsa. Su padre y dos de sus tíos también pasaron por campos de concentración, incluso el de Mauthausen, en Alemania. Elsa recordó que los exiliados españoles vivieron como apátridas durante el franquismo y se quejó de que tampoco recibieron el reconocimiento de los Gobiernos democráticos. "Denuncio que el retorno de mis padres y el mío propio a España fue, en 1957, una dura prueba por el acoso, desprecio y dificultades que, en mi caso, me ocasionaron tartamudez", describió Osada.
La sevillana Elisa Maquena, de 49 años, se presentó para relatar que su bisabuelo Juan Rodríguez Tirado fue fusilado en 1936. Dos de los hijos de este fueron hechos prisioneros y otro, asesinado. Francisca también denunció que en 1963 su madre "acudió a dar a luz a un hospital de Sevilla". "En la familia creemos que es uno de los casos de niños robados a familias pobres y de ideología de izquierda ocurridos a raíz del Gobierno de Franco, donde se estableció una política de separación de los hijos de las madres para que no les inocularan el gen rojo comunista", señaló Maqueda.
Andoni Txasco, de 58 años, relató la represión policial de una huelga en su ciudad, Vitoria, el 3 de marzo de 1976. Allí murieron cinco personas y más de 100 resultaron heridas. Al día siguiente, los policías cazaron a Txasco y a otros tres compañeros de militancia en la calle. “Me dirigí a protegerme contra una pared, cubriéndome con los brazos dado que ya padecía desde la niñez una lesión en el ojo izquierdo, ante el temor de ser alcanzado en el ojo sano. La Policía empezó a golpearme brutalmente alcanzándome en la espalda, en los brazos y demás parte del cuerpo. Les dije que me llevaran detenido, que no había hecho nada, pero que dejaran de golpearme para que no me alcanzaran el ojo sano. En ese momento, me agarraron los brazos separándomelos y todos los golpes vinieron a la cara y la cabeza. Uno entró de lleno en el ojo derecho, no veía nada. Entre insultos como 'cabrón, hijo de puta y comunista' me colocaron alambres entre las manos. Y me dejaron allí, en mitad de la calle”, relató Txasco. “Pretendemos marcar las responsabilidades de las personas que planificaron esta actuación”, dijo Andoni y apuntó contra Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Asuntos Sindicales, Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno, y el fallecido Manuel Fraga, ministro de la Gobernación.
María Antonia Oliver, de 56 años, preside la Asociación Memoria de Mallorca y como tal aportó los nombres de 1.578 asesinados en la isla a partir del golpe, entre ellos, su abuelo y su tío abuelo. La asociación presentó su denuncia en 2006 en la “conocida popularmente como la causa del juez Garzón”. “Agotamos todas las instancias en nuestros país. En todas ellas se nos desestimó la causa”, comentó Oliver ante la juez, sin citar la amnistía de 1977 que ha sido cuestionada por la ONU. “Mi madre, con 90 años, hubiera querido estar aquí, pero no puede andar. Es un ejemplo de todas las personas que nos piden justicia antes de morir”, dijo Oliver antes de acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de obstaculizar la causa abierta en Argentina.
Pablo Mayoral, madrileño de 62 años, declaró que fue uno de los procesados en los cuatro consejos de guerra organizados en 1975. Cinco de los acusados fueron ejecutados. Él fue condenado a 30 años de prisión, pero liberado en 1978. Fue sentenciado por las muertes de un policía y un guardia civil, después de recibir “palizas de todo tipo” y con deficiente asistencia jurídica. “Fuimos acusados sin ninguna prueba”, recuerda Mayoral. “Lo único que reconocimos fue nuestra militancia en el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)”, dijo en referencia a la resistencia a la dictadura de Francisco Franco.
José Luis Galán, madrileño de 38 años, denunció que su padre, Víctor, antes de morir, le relató que había sido sometido al trabajo forzado en la década del 40 por haber sido soldado de la República. Construyó el aeródromo de La Morgal, en Asturias, “haciendo mucho trabajo manual de gran desgaste físico”, con una “alimentación insuficiente”. “Las condiciones higiénicas de los pabellones donde dormían eran inexistentes. Eran muy frecuentes las enfermedades respiratorias como consecuencia del frío y la humedad. Les obligaban a bañarse en charcas naturales. El vestuario era muy precario. Fueron muchos los trabajadores forzados, estableciendo un modelo de mercado del que se beneficiaron grandes empresas”, advirtió José Luis.
