Selecciona Edición
Iniciar sesión
el Estado aconfesional

El PSOE lleva al Congreso la revisión de los acuerdos con la Iglesia

Los socialistas afirman que el Concordato es un “límite a la acción democrática”

 ÁLVARO GARCÍA / EL PAÍS-LIVE

Casi dos años después de anunciarlo por primera vez, el PSOE registró este lunes en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a revisar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, el protocolo de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica que da a esta un estatus privilegiado respecto al resto de confesiones. La dirección federal del PSOE, reunida en su sede de la calle Ferraz de Madrid, aprobó la iniciativa y acto seguido el diputado Ramón Jáuregui telefoneó a la Nunciatura (la embajada vaticana en España) y a la Conferencia Episcopal Española para explicársela personalmente a los máximos responsables de la jerarquía católica. Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido, lo comunicó después en rueda de prensa: “Ha llegado el momento de dar este paso”, dijo.

La “denuncia” de los acuerdos con la Santa Sede es un compromiso que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, adoptó en febrero de 2012, en el congreso federal que lo aupó al cargo, y que había reiterado después varias veces a lo largo de estos dos años. Valenciano subrayó que van a hablar con todos los grupos parlamentarios para intentar sumar apoyos, pero que, si finalmente la iniciativa no es aprobada (lo cual es más que probable porque el PP tiene mayoría absoluta), esa revisión de las relaciones con la Iglesia será “un compromiso del programa de Gobierno del PSOE” para el futuro.

La proposición no de ley insta al Gobierno a hacer tres cosas: “proceder de inmediato a la denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede”; presentar, en el plazo de seis meses, una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que recoja “normas comunes para todas las confesiones” y prevea “acuerdos de colaboración” con todas las que lo pidan, no solo la católica; y elaborar un “protocolo civil” para garantizar la “aconfesionalidad” de todos los actos solemnes organizados por el Estado. La vicesecretaria general admitió que “probablemente” el PSOE debió aprobar esa misma Ley de Libertad Religiosa cuando gobernaba (llegó a haber un borrador, pero finalmente se aparcó), aunque argumentó que el Ejecutivo socialista “tuvo abierto un conflicto con la Iglesia” a cuenta de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay.

¿Qué significa “denunciar” los acuerdos con la Santa Sede? Fuentes del PSOE aseguraron tras la rueda de prensa de Valenciano que significa directamente “romper” el Concordato. El propio Rubalcaba afirmó hace un mes, en su discurso ante la Conferencia Política del partido: “Desde la oposición lo denunciaremos [el Concordato]; cuando lleguemos el Gobierno, sencillamente lo derogaremos”. El diputado Ramón Jáuregui, que es quien ha coordinado durante los últimos meses el nuevo programa socialista en materia de laicidad, matizó sin embargo el alcance de esa medida: “No descartamos ninguna posibilidad. La denuncia de los acuerdos puede implicar una ruptura o un Concordato nuevo, una revisión de las relaciones que garantice la igualdad de trato hacia el resto de confesiones, aunque haya singularidades”, explicó.

El texto de la proposición no de ley subraya que la sociedad española, en estas tres décadas, “se ha secularizado progresiva e inequívocamente”, convirtiéndose en “una sociedad plural que merece y requiere un Estado laico”. Acusa a la Santa Sede de haber intentado “obstaculizar” la acción legislativa del Estado en determinados momentos, y concluye: “Ha llegado el momento de poner fin a un sistema de relaciones con la Iglesia que [...] se ha convertido en un límite a la libre acción del sistema democrático”.

La propuesta que en su día haga el PSOE tendrá cuatro principios: “igualdad para todas las confesiones”; “libertad del Estado y del poder civil” para ejercer sus responsabilidades “con autonomía”; “acuerdos de colaboración” con todas las confesiones, “señaladamente” con la católica pero “sin incorporar privilegios exorbitantes”; y “actuación estrictamente laica y neutral del Estado en sus manifestaciones públicas”.

Más información