Selecciona Edición
Iniciar sesión

La ‘ley Fernández’ crea un fichero para controlar a todos los infractores

Las multas previstas para los antidesahucios también generarán polémica

Ampliar foto
Un policía discute con un vecino que se opone al desalojo de una vivienda de la calle de Ofelia Nieto de Madrid, el pasado agosto.

El primer borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue conocido la semana pasada, tenía “una orientación muy propia de Interior, con una clara influencia de la policía y la Guardia Civil”, según admiten ahora fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández. Tras pasar el miércoles por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el proyecto fue limado y pulido por el resto de los ministerios, especialmente por el de Justicia, según las mismas fuentes. Gracias a eso, el texto aprobado el viernes por el Gobierno es menos duro, aún siendo duro. Contiene puntos muy rigurosos, que probablemente serán retocados por el Consejo de Estado, el Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos. Interior afirma que no tiene “ninguna prisa” en aprobar la ley.

Al margen de las infracciones y multas ya conocidas, quizás uno de los puntos que puede resultar más polémico próximamente es la voluntad del Gobierno de crear un fichero de infractores “con la finalidad de apreciar la reincidencia y valorarla a efecto de la concesión de autorizaciones administrativas que repercutan directamente sobre la seguridad ciudadana”. ¿Quién va a controlar ese fichero? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Tendrán acceso a él la policía y la Guardia Civil? Estos y otros interrogantes inquietantes habrán de ser despejados.

Ese fichero, que se denominará Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, contendrá los datos personales del infractor; la infracción cometida, especificando, en su caso, las circunstancias concurrentes; la sanción o sanciones impuestas, con indicación de su alcance temporal; y el lugar y la fecha de la comisión de la infracción.

Otro apartado controvertido será el artículo que prevé sanciones de hasta 30.000 euros para quienes intenten impedir el cumplimiento de un acuerdo judicial o administrativo. Ahí entrarían de lleno, por ejemplo, los miembros de los colectivos antideshaucios que, aun actuando sin violencia, podrían ser multados.

Discutible serán las multas que Interior pretende poner a prostitutas que capten clientes cerca de colegios o en arcenes de carreteras. Por consejo del Ministerio de Empleo, la meretriz no será sancionada “si puede demostrar que es víctima de una red de trata de mujeres”. ¿Pero cómo podrá probar tal cosa? Difícil.

Otro más: la norma establece que padres o tutores no serán responsables de las sanciones que puedan recaer sobre sus hijos menores, pero en cambio habrán de pagar los daños que causen.

Quedan en el aire, por haber sido esbozados a trazo grueso, otros muchos aspectos discutibles de esta ley Fernández. Por ejemplo, ¿serían ahora consideradas coactivas, y sancionables por tanto, concentraciones ciudadanas como las que hubo ante las sedes del PP tras los atentados islamistas del 11-M?

La ley prevé multas para quienes ensalcen el odio, la xenofobia y el racismo. Sin embargo, fuentes de Interior no han podido asegurar que este artículo afecte a quienes exhiban banderas preconstitucionales o símbolos franquistas durante manifestaciones ultraderechistas.

El proyecto legislativo ha merecido un alud de críticas de la oposición, los jueces y grupos sociales. Interior replica que también ha obtenido el apoyo de otros colectivos de comerciantes y asociaciones vecinales. Pero estos colectivos —al menos los conocidos— son poco representativos.