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La Audiencia Nacional ordena detener al expresidente chino Jiang Zemin

La Sección Cuarta pone en busca y captura a la antigua cúpula militar y política del gigante asiático por el genocidio en Tíbet

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Yiang Zemin (derecha), en una imagen de 2002.

El principio de justicia universal vuelve a poner en un aprieto al Gobierno español frente a China. La Audiencia Nacional puso el martes en busca y captura al expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 87 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia revocó un auto del pasado abril en el que el juez Ismael Moreno desestimaba la petición de diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos en la región autónoma de que se ordenara la detención de los antiguos líderes chinos entre finales de los años ochenta y la década de los noventa del siglo pasado.

La decisión de la justicia española, de evidentes implicaciones diplomáticas, afecta también a Qiao Shi, jefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del PCCh en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años ochenta. La investigación deriva de una querella interpuesta en 2006 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un particular, el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española. En ese escrito se denuncian "una serie de acciones conjuntadas" del Gobierno chino para "eliminar la propia idiosincrasia y existencia del propio país tibetano". Entre estas medidas destacan la ley marcial, desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes y traslados a la región de contingentes de ciudadanos chinos para dominar y eliminar a la población autóctona.

Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez Moreno lo veían igual: para ellos las diligencias practicadas hasta ahora no permitían deducir la participación de Jiang Zemin, Li Peng y sus adláteres en los supuestos crímenes contra la humanidad.

No es la primera vez que la Sección Cuarta revoca la decisión del juez instructor de no investigar a los líderes chinos. El pasado 10 de abril, el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo reabrió la querella por genocidio interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet contra el expresidente chino Hu Jintao porque uno de los querellantes, Thubten Wangchen, es de nacionalidad española y porque las autoridades chinas no han emprendido ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella.

El presidente del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), Alán Cantos, se felicitó este martes por la decisión de la Audiencia. "Significa mucho para la salud del sistema judicial español y la separación de poderes. Es un signo de esperanza que los jueces se decanten por principios y por la ley y no se plieguen a cálculos políticos".