El juez recibe otro informe de Hacienda sobre la Infanta

El juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, con la ayuda de los peritos y expertos fiscales y policiales, trabaja en trazar un perfil de la vida económica de la infanta Cristina entre 2002 y 2012, antes de decidir si la imputa por supuesto blanqueo de capitales. Desde hace seis meses el juzgado de Castro acumula informes de la Agencia Tributaria, del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial y entidades bancarias. El juez Castro, en la senda indicada por la Audiencia de Palma, investiga la existencia de supuestos indicios penales en la actividad privada de la hija del Rey por el presunto uso de posibles fondos ilícitos generados por los negocios sucios de su esposo, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos.

El juez, que con la ayuda del fiscal Pedro Horrach —quien ahora se opone, de nuevo, a la imputación de la Infanta— ha impulsado el caso Urdangarin, espera concluir en días la recogida de informes y análisis sobre una década de la actividad fiscal, financiera y económica de la sociedad de los duques de Palma, Aizóon y, en especial, de Cristina de Borbón. El lunes Castro recibió un nuevo y grueso dossier de la Agencia Tributaria.

Fuentes del juzgado advirtieron de que aún faltan diferentes aportaciones de la policía sobre gastos y facturas de la Infanta, un nuevo examen tributario y los extractos de los movimientos de una cuenta de Iñaki Urdangarin en Caixabanc, en la que su esposa tenía firma y disponibilidad como cotitular y en la que se movieron 150.000 euros el 27 de diciembre de 2006.

Por otra parte, el juez fijará en breve una nueva fecha para la declaración como testigo del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps. El político reclamó su privilegio de contestar por escrito a un cuestionario. El fiscal pidió al juez que Camps cumplimentara el temario de preguntas aislado, ante una secretaria judicial, sin asesores ni la posibilidad de acceder a fuentes de consulta y contraste de versiones.

Camps eludió su cita para declarar donde él determinara —en Valencia— pese a las visitas que la policía judicial efectuó a su domicilio para comunicarle el emplazamiento judicial. Además, la secretaria judicial llamó repetidamente al teléfono móvil que Camps consignó en su comunicación al juzgado.