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Visita a Quebec para tomar ejemplo

Joana Ortega quiere conocer los sistemas de votación telemática para la consulta catalana

Àngels Piñol

Las relaciones entre Mariano Rajoy y Artur Mas han iniciado una fase de deshielo pero la realidad es que tanto el Ejecutivo de CiU como el Parlament continúan inmutables con su plan soberanista. La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, inicia mañana un viaje de cinco días a Quebec (Canadá) para conocer de primera mano los sistemas de votación telemática susceptibles, según una comunicado de la Generalitat, de ser “aplicados en la consulta soberanista que se celebrará en Cataluña en 2014”. La democristiana, que defiende que los Presupuestos incluyan una partida para financiar el referéndum, será recibida por la primera ministra, Pauline Marois, cinco ministros y el presidente de la Asamblea Nacional, Jacques Chagnon.

Paralelamente, la comisión parlamentaria del Derecho a Decidir, que estudia las vías jurídicas para sustentar la consulta, celebró ayer su tercera sesión con la ausencia habitual del PP y Ciutadans. Tras la última comparecencia de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, expuso su análisis Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. De Carreras está considerado el padre político de Albert Rivera, pero ayer se distanció de los postulados del líder de Ciutadans. El jurista negó la validez jurídica del derecho a decidir porque ninguna Constitución permite que se trocee su territorio y, en todo caso, dijo, son los Gobiernos los que hacen una cesión de ese derecho (como pasó en Quebec y ahora en Escocia). Pese a todo, De Carreras planteó una vía para resolver el conflicto en Cataluña: una consulta no vinculante amparada en el artículo 92 de la celebración de referéndums —previa reforma, si hiciera falta, para excluir de esa cita al resto de españoles— que no tendría valor jurídico pero sí político. Ese escenario abriría dos vías: si ganara el no a la secesión, se cerraría el debate y si venciera el sí, se iniciaría una negociación entre los dos Gobiernos para reformar con lealtad la Carta Magna. La nueva situación debería ser refrendada en las urnas por todos los españoles.

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