PSOE y PSC vuelven a dividirse en el voto en el Congreso contra el derecho a decidir

UPyD no aceptó incluir la reforma de la Constitución en la moción aprobada

 ATLAS

“Yo no quería fastidiaros”, le dijo Rosa Díez a un diputado del PSOE en el pasillo. “El problema es que nosotros ya estamos fastidiados”, le respondió resignado el parlamentario socialista. Rosa Díez asegura que UPyD no pretendía hacer daño al resto de grupos, sino hacer que el Congreso fijara una posición firme y solemne contra el derecho a decidir y el plan soberanista de Artur Mas en Cataluña. Y finalmente logró que 265 diputados de UPyD, PP, PSOE, UPN y Foro Asturias aprobaran su moción pero también que el Grupo Socialista viviera otra jornada de sinvivir, dudas, tensiones y división de voto en sus filas, porque los diputados del PSC rompieron la disciplina interna y se abstuvieron.

Por segunda vez en este año, los diputados del PSOE y los del PSC votaron en sentido distinto: los primeros en contra del derecho a decidir y a favor de la citada moción y los 13 presentes del PSC (uno estaba ausente) se abstuvieron. En teoría serán multados y en la otra ocasión, el pasado 26 de febrero, le costó el puesto al coordinador del PSC en el Grupo Socialista, José Zaragoza.

El texto aprobado anoche asegura que no es posible una consulta solo entre los catalanes, porque la soberanía nacional es indivisible y debe someterse a votación en toda España. Votaron en contra del texto nueve formaciones (CiU, PNV, IU, ICV, CHA, ERC, Amaiur, BNG y Compromís) que suman 48 diputados.

Las claves de la moción

La polémica moción de UPyD “proclama que, bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión”.

Añade que “ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución Española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles”. En otro punto el texto defiende que “en un Estado social y democrático y de derecho nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, el ‘derecho a decidir’ sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos.

Y acaba alabando que “la Constitución de 1978 es desde hace más de 30 años el marco de convivencia entre los españoles”.

La moción no tiene valor ejecutivo, pero sí simbólico porque es la primera vez que el Congreso se pronuncia contra el derecho a decidir desde que Artur Mas anunció su intención de avanzar hacia una consulta sobre la independencia de Cataluña.

El problema para el PSOE es que su claro rechazo al derecho a decidir choca con la posición del PSC que no solo defiende su existencia, sino que la lleva en su programa electoral. Por eso, para el Grupo Socialista resultaba imposible en principio apoyarla tal cual. El lunes, la dirección del Grupo Socialista, con representante del PSC, redactó una enmienda al texto de UPyD. Los socialistas querían añadir un párrafo en el que se aseguraba que “el Estado de las autonomías necesita hoy una revisión y una actualización mediante una reforma dialogada y acordada de la Constitución, que tome como referencia el funcionamiento de los países federales de la Unión Europea”.

A media tarde, Díez comunicó al PSOE que no aceptaba ese añadido porque no se trataba de debatir y votar una moción sobre la política territorial, sino solo sobre el concepto de soberanía nacional de la Constitución.

La dirección del Grupo Socialista anunció en los pasillos su abstención de acuerdo con el PSC, pero empezó la presión de veteranos diputados y desde el partido en Andalucía. Manuel Chaves intervino ante la dirección del Grupo y Alfonso Guerra se sentó en el hemiciclo con la portavoz Soraya Rodríguez para presionarla. Hasta que Alfredo Pérez Rubalcaba (que negó tensiones) le autorizó al voto a favor de la moción y contra el derecho a decidir. Los diputados del PSC abandonaron el pleno a la espera de instrucciones de Barcelona una hora antes de la votación. “No podemos votar en contra del derecho a decidir que defendemos”, aseguraba uno de esos diputados del PSC a su salida del hemiciclo. Finalmente, volvieron al pleno y anunciaron la abstención.

El PP también presentó una enmienda en la que se hablaba de la estabilidad institucional que ha aportado la Constitución y añadía a los artículos citados por UPyD el 2 que habla de la unidad de España. También en este caso, UPyD rechazó la enmienda por entender que no se trataba de poner en cuestión la organización territorial de España. “No es una moción para enturbiar más el debate y que pueda dar lugar a distintas interpretaciones. Tiene que quedar claro que ese ‘derecho a decidir’ que se arrogan unos pocos sobre el resto de los españoles es una falacia”, aseguró. A ambos les ofreció Díez una transacción en la que se eliminaba la referencia a la reforma constitucional y al artículo 2 de la Constitución. La diferencia con el PSOE es que el PP, aunque no le venga bien esta discusión ahora en el Congreso y sienta que UPyD le adelanta en su oposición al plan de Mas, no tuvo más remedio que votar que sí. Porque el contenido de la moción coincide con su tesis de que la soberanía nacional no puede trocearse.

Foto de la votación publicada a través de Twitter por la diputada del PP Ana Vázquez Blanco.

El PSOE, en cambio, dejó ver su molestia por tener que someterse a lo que considera un “acto de acatamiento constitucional”. Según la dirección socialista, todos al tomar posesión del escaño juran o prometen la totalidad de la Constitución, sin necesidad de reafirmarlo en un pleno. El diputado del PSOE José Ignacio Sánchez Amor aseguró en la tribuna: “La Constitución no se defiende desde posiciones dogmáticas, ni dando a la cabeza con ella a nadie”. Defendió su reforma constitucional hasta el punto de condicionar cualquier acuerdo a esa modificación. Acabó su intervención sin explicar su voto.

En el caso del PSC, más allá de esas razones de oportunidad, sus dirigentes en Madrid aseguraban que no podían votar contra su propio programa y en contra del derecho a decidir, aunque sea con una consulta legal y pactada con el Gobierno central. Los socialistas, además, expresaban también su temor a que Rosa Díez les llevase a esa situación más veces en próximos meses.

Los partidos nacionalistas e Izquierda Plural no tuvieron ninguna duda en el rechazo a la propuesta, porque sí defienden la celebración de esa consulta, incluso sin autorización del Estado.

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