El problema de la vivienda persiste pese al freno a los nuevos desahucios
Los activistas buscan soluciones para los ciudadanos que ya perdieron sus casas
- Los bancos negocian. Tras una sentencia del Supremo, que anulaba las cláusulas sin transparencia de tres entidades bancarias (BBVA, Novagalicia y Cajamar), el Banco de España recomendó al resto revisar las suyas y aplicar claridad informativa. La respuesta fue que las revisarían “una a una” y eso están haciendo. Hace medio año que activistas y afectados de la PAH comenzaron a agruparse por bancos. “Nos reunimos periódicamente con las entidades y se van arreglando casos enquistados”, señala Pepe Cuesta, abogado jubilado y asesor de la plataforma en Madrid. “No es un avance significativo, cuesta muchísimos sacar los temas adelante, pero ahora negocian porque no nos quieren protestando en la puerta”, añade.
- La cifra desciende. Los últimos datos del CGPJ señalan que los lanzamientos (desahucios) por impago de hipotecas y de alquiler han caído un 23% en el segundo trimestre de 2013, con 10.683 casos. El dato marca una tendencia, pero tiene lagunas. Incluye distintos tipos de inmuebles (viviendas familiares, garajes, segundas residencias...). y se elabora con datos de los servicio comunes de notificaciones y embargos que no existen en todos los partidos judiciales. El órgano de los jueces añade que las ejecuciones hipotecarias se han reducido un 12,9% y señala que “puede tener como una de sus causas” la publicación de la nueva ley. El PP destaca que, desde que se aprobó, se han producido 1.400 reestructuraciones bancarias de deuda -—familias que renegocian a la baja su hipoteca— y se han producido más de 400 daciones en pago. “Hicimos la ley para proteger al 3% de ciudadanos con dificultades para pagar la hipoteca, pero también para que no se altere el mercado hipotecario del 97% que sí la paga”, señala Teodoro García, diputado del PP. La parálisis es casi total en las empresas públicas de viviendas, según fuentes judiciales. Prácticamente han frenado todos los procesos nuevos de desahucios, igual que ha ocurrido con los bancos. En ambos casos muestran “especial sensibilidad” con las familias con hijos menores. “Nos inquieta la gente absolutamente olvidada y sacrificada por los poderes públicos, los que han sufrido ya todo el procedimiento y se han quedado fuera”, añade Colau. Solo en 2012, la banca se quedó con 30.034 primeras viviendas por impago de créditos, según un estudio del Colegio de Registradores de España.
- La cifra desciende. Los últimos datos del CGPJ señalan que los lanzamientos (desahucios) por impago de hipotecas y de alquiler han caído un 23% en el segundo trimestre de 2013, con 10.683 casos. El dato marca una tendencia, pero tiene lagunas. Incluye distintos tipos de inmuebles (viviendas familiares, garajes, segundas residencias...). y se elabora con datos de los servicio comunes de notificaciones y embargos que no existen en todos los partidos judiciales. El órgano de los jueces añade que las ejecuciones hipotecarias se han reducido un 12,9% y señala que “puede tener como una de sus causas” la publicación de la nueva ley. El PP destaca que, desde que se aprobó, se han producido 1.400 reestructuraciones bancarias de deuda -—familias que renegocian a la baja su hipoteca— y se han producido más de 400 daciones en pago. “Hicimos la ley para proteger al 3% de ciudadanos con dificultades para pagar la hipoteca, pero también para que no se altere el mercado hipotecario del 97% que sí la paga”, señala Teodoro García, diputado del PP. La parálisis es casi total en las empresas públicas de viviendas, según fuentes judiciales. Prácticamente han frenado todos los procesos nuevos de desahucios, igual que ha ocurrido con los bancos. En ambos casos muestran “especial sensibilidad” con las familias con hijos menores. “Nos inquieta la gente absolutamente olvidada y sacrificada por los poderes públicos, los que han sufrido ya todo el procedimiento y se han quedado fuera”, añade Colau. Solo en 2012, la banca se quedó con 30.034 primeras viviendas por impago de créditos, según un estudio del Colegio de Registradores de España.
- El goteo de sentencias. El CGPJ dio en mayo criterios orientativos para una actuación unitaria de los magistrados frente a los desahucios. Recomendaba que actúen de oficio si consideran que hay cláusulas abusivas en los contratos. “Cada juez lo valora como cree oportuno, hay mucha dispersión”, valora Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, contrario a la regulación aprobada por el PP. Además del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pide al Gobierno que informe de las medidas que prevé para alojar y asistir socialmente a las familias de Salt, hay otros pronunciamientos nuevos de distintos tribunales. Un juzgado de primera instancia de Marchena (Sevilla) planteó en agosto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la ley de desahucios puede transgredir la directiva europea de protección de los consumidores. El juez pidió a la UE que se pronuncie sobre si la normativa limita esa protección al imponer a los jueces la obligación de moderar las cláusulas de interés de demora —lo que el hipotecado abona de más si se retrasa en las mensualidades— que sean abusivas “en lugar de declarar su nulidad”. Otra sentencia de septiembre, del juzgado de primera instancia de Collado Villalba (Madrid) consideró pro primera vez que tenía carácter abusivo el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), una referencia alternativa al Euribor en miles de hipotecas en España.
- La web de los notarios. En junio anunciaron el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA), que sigue en proceso de construcción. La intención es ordenar sentencias firmes y pronunciamientos en una página web abierta a los ciudadanos, Reclamarán datos al CGPJ y harán “un examen pormenorizado y recomendaciones para que haya homogeneidad en la aplicación de la normativa”, señala el notario Alfonso Caballé, decano del colegio notarial de Canarias y presidente del OCCA.
A por los pisos del "banco malo"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha ocupado 15 edificios en España con unas 700 personas, según sus propias estimaciones. Es su última estrategia tras las actuaciones para frenar desahucios o la polémica campaña de los escraches —protestas a las puertas de las casas de los diputados del PP—. La iniciativa, que surgió en Barcelona en 2011, ha tomado fuerza después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplazara esta semana el desalojo previsto en uno de estos bloques ocupado por 16 familias en Salt (Girona). Los llaman "recuperaciones colectivas" o "bloques liberados" y se lo han encargado a una sección de la plataforma con un nombre un tanto irónico, "la obra social de la PAH", en referencia a la actividad que antes hacían las cajas de ahorro.
Los dos últimos han sido ocupados en Valencia y en Madrid. La estadística oficiosa de la PAH no incluye iniciativas similares como las de las corralas andaluzas ocupadas. El bloque de la capital, situado en un edificio del castizo barrio de Carabanchel, ha organizado hoy una jornada de “puertas abiertas” para mostrar el bloque a los vecinos.
La Sareb, la sociedad conocida como banco malo, se quedó con 76.357 viviendas vacías procedentes de la banca nacionalizada. Ahora la PAH va a por ellas y ha elaborado incluso un manual con consejos sobre cómo ocupar un edificio vacío: desconecten teléfonos móviles, no den detalles del lugar elegido, es preferible un bloque de obra nueva y vacío que sea propiedad de un banco rescatado... "Este movimiento se va adaptando y crece para solucionar necesidades reales de las familias", señala Guillermo Domingo, coordinador de la Obra Social.
A la espera de lo que ocurra en Salt, los dos grandes partidos políticos marcan sus diferencias. “No entro a valorar la ocupación, porque limita el derecho a la propiedad privada frente al derecho a la vivienda, pero lo que queda claro es que la gente reacciona como puede cuando las Administraciones no hacen su trabajo ni dan una alternativa real de vivienda social”, considera la diputada socialista Leire Iglesias. “Atacar la propiedad privada no soluciona el problema”, resume Teodoro García, diputado del PP. Esgrime que con la nueva ley de desahucios se liberó un fondo social de 6.000 viviendas que gestionan los bancos, de las que “solo” se han ocupado un 10%, según sus estimaciones. “Pedimos a los vecinos que soliciten casa en ese fondo”, afirma.
Más de 200 activistas y simpatizantes de la PAH se reúnen este fin de semana en una asamblea general en Málaga. Otro de los asuntos que quieren tratar es la creación de plataformas por la vivienda pública y social, como la que han puesto en marcha en Madrid en respuesta a la venta de pisos protegidos a fondos de inversión por parte del Ivima, el instituto de la vivienda dependiente de la Comunidad de Madrid, y de la EMVS, la entidad similar del Ayuntamiento de Madrid.
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