Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a España ante Estrasburgo
España entregó a Marruecos a 73 sin papeles que tomaron el islote en septiembre de 2012 La expulsión fue en virtud de un acuerdo que no contempla los derechos de la Ley de Extranjería Seis ONG, entre ellas CEAR y SOS Racismo, respaldan el texto
La madrugada del 4 de septiembre de 2012, el Gobierno expulsó y puso en manos de las autoridades de Marruecos a 73 personas de origen subsahariano que habían tomado la deshabitada isla de Tierra, de soberanía española pero a 50 metros de la costa marroquí. Un año y un mes después, Emmanuelle Mahop y Denis Hiondi, dos cameruneses que formaron parte de ese grupo, han demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La razón, haber ejecutado una expulsión colectiva "expresamente prohibida por el convenio europeo de derechos humanos" hacia un país "donde se violan sistemáticamente los derechos humanos", según recoge el escrito de 23 páginas respaldado por las asociaciones españolas englobadas en la red Migreurop, la red europea que aglutina a medio centenar de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes.
España violó los derechos de estos sin papeles al no respetarse el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante reúne los requisitos necesarios para entrar en territorio español. La demanda incide en que no se les ofreció la posibilidad de tener un abogado, ni un intérprete, ni una tutela judicial. Ni siquiera se identificaron los perfiles vulnerables de no ser expulsados, como las víctimas de tratas o refugiados políticos. "Emmanuelle Mahop se vio obligado a huir de Camerún y quería solicitar asilo en España", explica José Antonio Rubio, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Otra de las consecuencias ha sido la imposibilidad de recurrir la decisión de ser expulsados ante los tribunales, que es obligatorio. Se violó el principio de no devolución a países donde puedan sufrir torturas o tratos denigrantes", explica la demanda.
El conflicto surgió en septiembre de 2012, cuando un grupo de 89 personas de varios países africanos acamparon en la isla de Tierra, un peñasco español diminuto situado en el archipiélago de Alhucemas, 120 kilómetros al este de Melilla. Llegaron en dos tandas, la primera el 29 de agosto y la segunda el 2 de septiembre. Alegaron que, al estar en territorio español, debían ser trasladadas a la Península, pero no fue así. Tras dos días de conversaciones, España acordó con Marruecos aplicar el acuerdo bilateral que ambos países firmaron en 1992 y que contempla la readmisión de inmigrantes ilegales cuando se demuestra que estos provienen del reino alauita.
Hasta la fecha, este convenio solo se había aplicado en contadas ocasiones y casi siempre con nacionales marroquíes, ya que no es fácil demostrar el lugar de origen de inmigrantes rescatados en pateras porque pueden proceder también de Argelia. En el caso de la isla de Tierra, el acuerdo volvió a aplicarse porque los hombres y mujeres que ocuparon la isla solo habían podido llegar a ella desde la vecina costa. España accedió a hacerse cargo de las personas más vulnerables: 16 menores, madres y mujeres embarazadas que fueron trasladados a Melilla, donde recibieron atención sanitaria. Los otros 73 fueron recogidos en una zodiac la madrugada del 5 de septiembre por la Guardia Civil y entregados a las autoridades marroquíes.
Un portavoz del Ministerio del Interior ha asegurado que todo se realizó bajo la más estricta legalidad y ha declinado ahondar en el conflicto. En su momento, el Gobierno consideró que se había resuelto de una forma “muy satisfactoria”. La ocupación del islote se había convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo porque podía suponer una nueva vía de entrada a España de inmigrantes indocumentados, mucho más sencilla que atravesar el Estrecho.
Marruecos debía haber devuelto a estas personas a su país de origen, pero eso no ocurrió, hecho que viola el artículo 5 del convenio bilateral entre ambos países, que contempla que el Estado (marroquí) se asegurará de que los retornados regresen a su país de origen. Estas 73 personas no tuvieron acceso a ningún procedimiento legal para pedir asilo ni pudieron ejercer sus derechos, sino que fueron conducidas en autobuses a la frontera con Argelia y obligadas a que regresaran a sus países. La mayoría regresó a pie a la ciudad de Oujda, ciudad marroquí a pocos kilómetros de la frontera, y buscó cobijo en bosques de los alrededores y en la Universidad.
Los dos denunciantes, representados por los abogados Nuria Díaz y Paloma Favieres de CEAR y de Diego Boza de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, piden en su denuncia que se condene al reino de España para que se siente un precedente que evite que sigan repitiéndose esta prácticas de expulsiones colectivas. También solicitan una indemnización de 15.000 euros, cifra que coincide con la compensación que tocó pagar a Italia en una condena de Estrasburgo muy similar por una expulsión colectiva que llevó a cabo en 2009. Segundo indemnización a personas que fueron victimas de esta vilacion de derechos, 15.000 euros que coincide con indemnización que toco pagar al estado italiano en una expulsión colectiva similar en 2009, el caso Hirsi Jamaa. "Con este antecedente, estamos esperanzados con que en este caso haya éxito y también se condene a España", asegura el portavoz de CEAR.
Mahop y Denis se trasladaron desde Oujda a Rabat, donde viven y trabajan en condiciones muy precarias. Mahop, cuyo grupo fue tiroteado por autoridades argelinas al ser abandonado en la frontera, reconoce que ha dormido en la calle muchas noches por no poder permitirse un alojamiento, y asegura que, si gana el pleito, lo primero que hará con los 15.000 euros será pagarse un buen hotel. Hiondi fue víctima de una brutal paliza por parte de la gendarmería marroquí al negarse a subir a un autobús con destino al desierto argelino. Ninguno de los dos puede ni quiere volver a Camerún, ya que ambos buscan alcanzar Europa y conseguir un trabajo con el que puedan ayudar a sus familias.
Cuando la expulsión se hizo efectiva, numerosas ONG y juristas recriminaron al Gobierno su actuación, plagada de posibles irregularidades, e incluso la Defensora del Pueblo denunció que España se había saltado la ley. "Casos como estos hacen saltar las débiles costuras que unen a la legislación española de extranjería con el acuerdo hispano-marroquí", explica Iván Jiménez Aybar, abogado experto en derecho internacional y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Mientras que la Ley exige asistencia letrada en todas las modalidades de procedimientos de expulsión, el acuerdo ni lo prevé, permitiéndose actuaciones por la vía de los hechos consumados, sin vuelta atrás y sin posibilidad de recurso".
Fuentes gubernamentales replicaron entonces que la situación era muy complicada y que no se podía trasladar a España a todos los que habían entrado en la isla de Tierra porque, de haberlo hecho así, podría producirse un efecto llamada y el problema se hubiera convertido en algo imposible de gestionar.
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