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La Comisión Europea estrecha el cerco sobre el paraíso fiscal de Gibraltar

La Comisión Europea alberga "dudas graves" sobre sus posibles ventajas a algunas empresas

La pesquisa, anunciada por Almunia, responde a una denuncia de España de junio de 2012

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

La Comisión Europea quiere escudriñar a fondo el sistema fiscal de Gibraltar. Ya no se trata solo del procedimiento abierto este miércoles por las autoridades de Competencia —que se limita a estudiar la legalidad de las exenciones a ciertas rentas que generan las empresas—. En paralelo a la investigación formal que acaba de nacer, el departamento que encabeza el comisario Joaquín Almunia ha iniciado una inspección más amplia, por ahora de carácter informal, sobre la aplicación de las normas fiscales que ejercen las autoridades del Peñón. Como ya ocurrió con Holanda, Luxemburgo e Irlanda, los servicios de Competencia europeos han enviado a las autoridades británicas un cuestionario para que expliquen si Gibraltar ha llegado a acuerdos bilaterales con empresas para favorecer su tributación, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del proceso.

La notificación recibida por Londres recuerda a la que envió la Comisión los pasados meses de junio y julio a Holanda, Irlanda y Luxemburgo. En estas misivas, las autoridades de Bruselas pedían explicaciones sobre las ventajas que estos tres países conceden a grandes multinacionales y que permiten que gigantes como Apple paguen en impuestos menos del 2% de sus ingresos.

Ahora el foco se amplía al territorio gibraltareño. Los dos procesos se hallan en una fase primigenia para analizar la ley del impuesto sobre la renta que Gibraltar aprobó en 2010. El primero, el que este miércoles recibió el visto bueno del Colegio de Comisarios, se inicia ahora concediendo el derecho a réplica de las autoridades afectadas. Terceras partes —como el Gobierno español o empresas afectadas— podrán exponer también sus argumentos. Este procedimiento, que nace a raíz de la queja planteada por España en junio del año pasado, podría derivar en la devolución de las ayudas que se consideren contrarias a la normativa comunitaria. En este momento de la investigación, el equipo de Almunia estima que la exención fiscal por intereses pasivos y rentas por cánones puede equivaler a una forma de ayuda estatal contraria a la ley, porque se separa del sistema general de impuesto de sociedades. Según interpretan en Bruselas, este aspecto podría suponer una ventaja especial para las empresas que generan este tipo de rentas.

El segundo procedimiento, por ahora con un carácter informal, observará de una forma más general la fiscalidad gibraltareña. Por una parte, Bruselas quiere analizar la forma en la que se está aplicando el principio de territorialidad, según el cual pagan impuestos todas las actividades derivadas de Gibraltar o acrecentadas ahí. La idea es examinar si se conceden ayudas de Estado contrarias a la legislación comunitaria. Por otra parte, en Competencia están interesados en la posibilidad de que las autoridades del Peñón hayan llegado a acuerdos bilaterales con determinadas compañías para atraerlas a cambio de pagar menos impuestos, tal y como se investiga en Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

La Comisión niega que la apertura de la investigación formal esté relacionada con el aumento de la tensión entre España y Gibraltar. Al lanzamiento por parte del Peñón de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras siguió la respuesta española de endurecer los controles fronterizos. “No hay ningún vínculo entre las dos cosas”, respondió el portavoz de Almunia, que dijo que la Comisión se ha limitado a seguir el procedimiento habitual.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tildó de “magnífica noticia” la decisión de Bruselas de investigar a Gibraltar por su impuesto de sociedades. “Viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española lleva haciendo en este terreno durante mucho tiempo. Espero que termine con un procedimiento de infracción. Es decir, que se conmine a Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente perjudicial para las sociedades españolas”, dijo el ministro, según informa Efe. El Gobierno de Gibraltar, por su parte, dijo estar “satisfecho” con la investigación, ya que solo se refiere “a dos aspectos limitados” de su régimen fiscal de ayuda estatal a las empresas. “Se pueden adoptar medidas legislativas con rapidez con el fin de resolver los problemas que preocupan a la Comisión”, añadió.

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